La Fiscalía General del Estado se opone a que el Tribunal Supremo investigue al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por su encuentro con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez.
Según un documento del Ministerio Público al que tuvo acceso el medio digital Vozpópuli, se rechaza la investigación porque las demandas introducidas por tres partidos políticos están basadas en informaciones periodísticas y que no hay pruebas que demuestren que el encuentro de Ábalos con Delcy Rodríguez fue «más allá de lo estrictamente diplomático».
«Para decretar la inadmisión de las querellas acumuladas, bastaría constatar la forma o planteamiento de las mismas, basadas exclusivamente en artículos de prensa y en la declaración notarial de un trabajador que ni siquiera especifica su puesto de trabajo», argumenta en el escrito la fiscal Ángeles Guillón.
La fiscal también sostiene que la vicepresidenta venezolana no llegó a pisar suelo español, sino que permaneció en zona de tránsito en el aeropuerto de Barajas.
«No olvidemos que además y al parecer, la citada vicepresidenta no llegó a entrar en territorio español, sino que se mantuvo en la zona de tránsito hasta que partió en avión con destino fuera del espacio europeo y que conforme con el Reglamento Europeo y Consejo del 14 de noviembre de 2018, los ciudadanos de Venezuela están exentos de visado», sostiene la fiscalía.
A finales de enero, partidos políticos contrarios al Gobierno español denunciaron que el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, se había reunido con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto de Barajas, teniendo ella prohibido pisar territorio europeo por una orden del Consejo de la Unión Europea dictado en el año 2017.
Por esta reunión, Vox, un partido llamado Laócrata y Ciudadanos denunciaron ante el Tribunal Superior al ministro de Transporte por un delito de prevaricación, por omisión del deber de perseguir delitos y usurpación de atribuciones, unos delitos que son castigados con inhabilitaciones de hasta dos años y penas de cárcel hasta de tres. Sin embargo, la fiscalía asegura que estas denuncias no tienen «fundamento alguno».
«Los querellantes, al margen de sus opiniones y sospechas, no concretan cuál es la resolución injusta y arbitraria» que habría cometido Ábalos.
Con este escrito, que no es vinculante, la fiscalía fija su postura sobre el asunto. Además, traslada la responsabilidad al Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, donde también se investiga este hecho tras una denuncia interpuesta por el Partido Popular.
(Sputnik)
