Una corte federal de Miami imputó este viernes a Claudia Díaz, quien ejerciera como tesorera de la República Bolivariana de entre 2011 y 2013, por presuntamente recibir sobornos de Raúl Gorrín, dueño del canal Globovisión, reporta Associated Press (AP). 

En una nota firmada por el periodista Joshua Goldman se asegura que Díaz habría aceptado los sobornos de Gorrín para autorizar «lucrativas transacciones cambiarias» mientras ejercía el cargo.  

«Claudia Díaz y su esposo, Adrián Velásquez, fueron acusados de aceptar al menos 4,2 millones de dólares dentro de un plan de sobornos, según los cargos presentados el viernes», detalla AP. Los pagos, indican, habrían provenido «de compañías y cuentas bancarias ubicadas en Suiza a cuentas de la pareja en Miami».

Los fiscales del caso aseveran que la figura tras los pagos es Gorrín, a quien la justicia estadounidense incluyó en «en la lista de las personas más buscadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) después de ser acusado de estar implicado en una confabulación para lavar 2,4 millones de dólares en 2017», precisa Goldman en su trabajo periodístico. 

López y Velásquez –a la sazón, exjefe de seguridad del presidente Chávez– huyeron a España, donde fueron privados de libertad a solicitud del gobierno venezolano, el 10 de abril de 2018.

El fiscal general de la República, Tarek William Saab informó entonces que los exfuncionarios habían sido privados de libertad luego que el Ministerio Público emitiera una orden de captura en su contra y solicitara su extradición al gobierno español.

En Venezuela se les sindica de estar vinculados con el caso de los Papeles de Panamá (Panama Papers), una investigación periodística que reveló tramas de corrupción y evasión fiscal en las que estuvieron involucrados mandatarios, exmandatarios, miembros de la realeza, políticos, funcionarios y exfuncionarios de distintos puntos del orbe.  

Empero, el Tribunal Supremo de España falló en contra de la demanda del gobierno venezolano, aduciendo «que la pareja podría ser torturada si regresaba a su país», recuerda la agencia de noticias.

Paralelamente, Estados Unidos incluyó a Claudia Díaz y a Adrián Velásquez en la lista de funcionarios, exfuncionarios y empresas que han sido objeto de investigación penal en ese país, con el pretexto de luchar contra la corrupción en Venezuela.

Por encima de la veracidad o no de las acusaciones formuladas por esa nación, estas acciones extraterritoriales socavan la posibilidad de que Venezuela investigue y sancione a exfuncionarios sindicados de actos dolosos, como es el caso de Díaz y Velásquez, a quienes las autoridades venezolanas imputaron graves delitos un par de años atrás. 

Adicionalmente, al referir que «fiscales estadounidenses han acusado a docenas de funcionarios y empresarios relacionados con Maduro», como parte de una presunta «campaña para erradicar la corrupción que asuela al país petrolero sudamericano», AP admite, aún sin quererlo, que el propósito ulterior es demostrar que el gobierno venezolano es corrupto.

Así, AP puntualiza que Globovisión, el canal propiedad de Raúl Gorrín, el presunto líder de la trama de lavado de activos en la que habrían participado, según la corte, Claudia Díaz y Adrian Velásquez, «está bajo sanciones estadounidenses por su presunto apoyo al gobierno socialista del sucesor de Chávez, Nicolás Maduro».

Goldman asegura que no pudo contactar a Díaz, aunque dejó entrever que la pareja negaría las acusaciones, apelando a unas declaraciones de Ismael Olivier, su abogado en Madrid.  

«Díaz y su esposo han tenido dificultades desde hace tiempo para explicar su abundante riqueza. En 2014, una compañía establecida en la nación caribeña de San Vicente y las Granadinas que ella presuntamente controlaba compró 250 lingotes de oro valuados en más de 9,5 millones de dólares, según expedientes judiciales de Liechtenstein obtenidos por The Associated Press», se precisa en la investigación de AP. 

Según esta misma fuente, los lingotes que presuntamente habría adquirido Díaz a través de la compañía asentada en San Vicente y Las Granadinas, fueron almacenados en la bóveda de un banco en el principado europeo –uno de los paraísos fiscales denunciados en los Panama Papers– a los que Díaz y su hijo habrían tenido acceso. 

«Pocos años después, una cantidad casi idéntica de lingotes de oro fue vendida por un representante de Díaz, y gran parte del dinero que se obtuvo fue depositado en un banco suizo», remata Goldman.

(LaIguana.TV)

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