Septiembre del 2019 no empezó bien. El largo inventario de desprecios ya sumaba tres apagones nacionales; una mayor asfixia en la vida cotidiana, provocada por una dinámica que tiene a la economía como campo de batalla; y nuevos intentos de la oposición extremista para derrocar al Presidente Maduro, con una Asamblea Nacional sediciosa y un “presidente” absurdamente autoproclamado.
Pero el lunes 16 de ese mes, pasó lo imprevisible. En Miraflores, representantes del Gobierno nacional y de cuatro partidos de oposición –Avanzada Progresista, Soluciones, Cambiemos y MAS- anunciaron la instalación de una Mesa de Diálogo Nacional (MDN) y la firma de varios acuerdos. Entre ellos, una serie de compromisos para que las elecciones legislativas, previstas constitucionalmente para el 2020, contaran con la confianza política de todas las partes.
Esos compromisos terminaron por convertirse en política de Estado. Acciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Consejo Nacional Electoral (CNE), de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y de organismos del gobierno han ido, durante este año, dándole forma a un marco de aseguramiento especial para que estas elecciones legislativas abran camino a la estabilización del país y la reinstitucionalización del Poder Legislativo venezolano
Se trata de 17 garantías que se están instrumentando desde mediados de este año. Algunas implicaron cambios de fondo al sistema electoral, mientras otras ya existen en el Sistema de Garantías del CNE y tienen por objetivo reforzar su importancia.
Veamos cómo se incorporan estas medidas en el proceso electoral, cuáles son y qué importancia tienen para las elecciones legislativas.
El sistema de garantías venezolano
Una garantía es, desde el punto jurídico, todo mecanismo, instrumento o disposición dirigido a hacer efectivo el ejercicio de un derecho y evitar su vulneración. Las leyes que desarrollan derechos constitucionales son ejemplos clásicos de ello, pero también lo son las resoluciones, los reglamentos y las acciones concretas que se ejecuten con el mismo objetivo.
En el caso electoral, las garantías tienen como objetivo asegurar el ejercicio efectivo del derecho al sufragio.
Además de las leyes electorales, Venezuela cuenta con un sistema de garantías desarrollado por el CNE, durante años, y en cuya construcción han participado los partidos políticos. Este sistema está constituido por una serie de disposiciones y medidas, algunas de las cuales fueron incluidas, después, en el cuerpo normativo de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre). Es el caso de las auditorías al sistema automatizado de votación que, inicialmente, fueron medidas adoptadas por el CNE y posteriormente fueron incorporadas en el articulado de la Lopre.
El sistema de garantías está dirigido a generar una cadena de confianza en los partidos políticos, los candidatos y los electores de manera que puedan ejercer plenamente sus derechos.
Por ejemplo, la desconexión de la máquina de votación de los medios de transmisión, mientras se encuentre en desarrollo el proceso de votación, fue una solicitud hecha por los partidos de oposición en el año 2004. Desde entonces, esta garantía fue incorporada en los protocolos operacionales del CNE para asegurarle al país la imposibilidad de que ocurran potenciales intromisiones cibernéticas que puedan alterar la realidad de la votación y que los resultados no sean expresión fiel de la voluntad de los electores.
Otras medidas que forman parte de este sistema son la prohibición expresa de fotografiar el voto para proteger su secreto; la entrega del Registro Electoral definitivo a los partidos políticos para verificar la integridad de sus datos; y la habilitación de un canal telefónico exclusivo de los partidos políticos para la solución de conflictos el día de la elección, entre otras.
Las nuevas garantías
A continuación, se listan las garantías que han sido incorporadas en este sistema para las elecciones del próximo seis de diciembre. Ellas han sido recopiladas de las declaraciones ofrecidas por miembros de la MDN y de la comunicación que el Canciller de la República, Jorge Arreaza, le enviara, el pasado primero de septiembre, al secretario general de la ONU y al Alto Representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.
Nombrar nueva directiva del CNE: El 12 de junio pasado, el TSJ nombró nuevas autoridades provisionales, al contestar un recurso interpuesto por los partidos de oposición que forman parte de la Mesa de Diálogo Nacional. La nueva composición del CNE se hizo en acuerdo con los miembros de esta instancia política.
Ampliar representación proporcional y número de integrantes de la Asamblea Nacional: El TSJ también desaplicó varios artículos de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y ordenó al CNE desarrollar una normativa que cumpliera con el principio constitucional del pluralismo político. El 30 de junio, las nuevas autoridades electorales aprobaron un Reglamento Especial para las elecciones de la Asamblea Nacional en el que cambiaron el sistema electoral, al ampliar a 277 el número de diputados, 52% de los cuales se escogerán ahora por representación proporcional o listas, e instrumentar una Lista de Adjudicación Nacional que constituye una novedad en el sistema electoral venezolano.
Cambiar la forma de elegir la representación indígena en la Asamblea Nacional: el 14 de agosto, el CNE aprobó el Reglamento definitivo para la Elección de la Representación Indígena, con lo que formalizó una experiencia desarrollada en 2017 con formas de elección que respetan sus usos y costumbres.
Realizar auditorías al Registro Electoral y profundizar las referidas al nuevo Sistema Automatizado de Votación: Aunque las auditorías se realizan desde hace 16 años y están establecidas en la Lopre, con esta garantía se intentó reforzar estas revisiones. De hecho, en la verificación del Registro Electoral, realizada el 14 de agosto, se hicieron observaciones y se solicitaron pruebas que fueron resueltas con éxito. En el caso del nuevo sistema de votación, el CNE dispuso la ampliación de los plazos de las auditorías que revisan las nuevas máquinas y su software, así como el software de totalización con el fin de revisar exhaustivamente estos dispositivos. Estas tres pruebas han durado, en promedio, dos semanas cada una.
Promover la participación: A fin de promover la mayor participación de los partidos políticos, el 17 de junio, la ANC aprobó desactivar un decreto constituyente, sancionado en el 2017, en el que se estableció que solo pueden participar en una elección las organizaciones políticas que lo hayan hecho en el proceso electoral inmediatamente anterior, a menos que se sometan a un procedimiento de renovación que implica la recolección y presentación de firmas de sus militantes. Con esta decisión, la ANC habilitó a una buena cantidad de partidos de oposición que no concurrieron a las elecciones de concejales municipales del 2018 que fueron las últimas realizadas.
Paralelamente, el TSJ resolvió varios recursos relacionados con disputas intrapartidos, luego de lo cual se activaron electoralmente las organizaciones AD, Primero Justicia y Voluntad Popular.
Otra medida adoptada fue la ampliación del lapso de postulaciones, que inicialmente duraría 10 días y terminó por extenderse durante 25 días.
Difusión de la oferta electoral: El CNE anunció, hace poco más de una semana, la activación de un sitio en internet para la difusión de la lista de candidatos y su plan de trabajo. Por su parte el Ministerio de Información y Comunicación anunció la realización de debates televisados entre los principales aspirantes en los que participarán medios públicos y privados.
Equilibrio en la cobertura de medios: Esta es una de las garantías de más difícil ejecución. No obstante, el CNE ha sostenido reuniones con los representantes de medios públicos y privados. Otro tanto ha hecho el Ministerio del Poder Popular para la Información y la Comunicación en la búsqueda de lograr cumplir con esta disposición.
Servicio independiente de monitoreo de campaña: Hasta el viernes pasado, no se conocía oficialmente en qué estado se encuentra esta medida.
Acceso de los partidos a los cuadernos de votación: Los actores en competencia tienen esta garantía desde el año 2004, cuando se inició la auditoría de los cuadernos de votación, por la que se verifica que los datos contenidos en éstos coinciden con los datos del Registro Electoral. Para estas elecciones legislativas, esta prueba debió realizarse entre el dos y el cuatro de este mes.
Acceso a las incidencias registradas en el sistema: Esta garantía se refiere a los reportes que se registran el día de las elecciones. Desde hace años, los partidos en competencia tienen derecho a tener testigos en la sala situacional encargada de esta tarea.
Acceso al catastro de centros de votación: El listado de centros de votación siempre es difundido para su acceso público en el portal oficial del CNE, aunque hasta el viernes pasado aún no se encontraba disponible. Sin embargo, ya puede conocerse cuáles son los centros de votación que debieron ser reubicados (http://www.cne.gob.ve/web/documentos/pdf/2020/CV_REUBICADOS_AN2020.pdf ) porque sus instalaciones no contaban con las condiciones mínimas para la aplicación de las medidas biosanitarias.
Acceso a las actas: Aunque en su difusión no se precisó a cuáles actas se refiere esta garantía, puede inferirse que son las que se originan del acto de escrutinio. En este sentido, hay que recordar que los testigos de los partidos tienen derecho a una copia del acta de escrutinio generada por la máquina, una vez cerrado el acto de votación. Los partidos políticos también reciben del CNE una copia de los resultados generados por el Centro Nacional de Totalización. Ambos documentos son importantes para la verificación de los resultados, por parte de los partidos.
Difusión de resultados por centro y mesa de votación: Por lo menos desde el año 2006, los resultados electorales son publicados por centro y mesa de votación. La única excepción fue en el año 2017, cuando la violencia de sectores extremistas para impedir la escogencia de la Asamblea Nacional Constituyente, obligó al CNE a tomar medidas extraordinarias, como la reubicación temporal de Centros de Votación y la posibilidad de que los electores de zonas sometidas a actos vandálicos pudieran sufragar en cualquier centro de votación de su municipio.
Garantizar y facilitar la movilidad territorial de los involucrados en la elección: Esta garantía fue establecida como consecuencia de las limitaciones surgidas por las medidas para combatir la pandemia y debido a la escasez de gasolina, generada por el bloqueo económico. El CNE no ha difundido información sobre este tema.
Realización de la auditoría ciudadana: La reafirmación de esta garantía, que ya está establecida en la ley, muestra la importancia de esta auditoría, cuyo nombre es Verificación Ciudadana, que se realiza el día de la elección sobre 54% de las máquinas, una vez concluido el acto de votación, hecho el escrutinio y transmitidos los resultados. De acuerdo con el protocolo de esta auditoría, la tarde del domingo, los representantes de los partidos hacen una selección aleatoria de las mesas que serán auditadas.
No se usarán recursos del Estado para actividades proselitistas: Esta previsión, entendida como un compromiso entre las partes, ya se encuentra establecida en la Lopre. Sin embargo, no son pocas las denuncias de uso de los recursos públicos por parte de distintos partidos.
Puntos partidistas en la calle se mantendrán hasta cierre de campaña: Esta garantía, que se refiere a los criticados puntos rojos del Psuv, quedó establecida en el Reglamento Especial de Campaña y Propaganda Electoral, aprobado por el CNE el pasado 20 de octubre, en el que se indica que estos puntos no podrán funcionar el día de la elección.
Establecimiento de una comisión para monitoreo del proceso: Aunque no se conoce oficialmente de su funcionamiento, esta comisión se encuentra en operaciones. De hecho, la extensión de los lapsos de la Jornada especial del Registro Electoral y de Postulaciones fueron previamente discutidas y acordadas en esta instancia política, así como también muchas de las disposiciones establecidas en el Reglamento Especial de Campaña.
Esta no es la primera vez que el Estado asume como propios, acuerdos entre fuerzas políticas. Ya sucedió en el año 2018, cuando el CNE incorporó en la organización de la elección presidencial, los puntos del acuerdo de Santo Domingo, que finalmente no fue firmado por la oposición, y los contenidos en el Acuerdo de Caracas, auspiciado por el propio organismo electoral.
La importancia de estas nuevas garantías está, sin embargo, en su alcance, pues representan un cambio en el sistema electoral, y muestran una real voluntad política de las partes por darle un cauce pacífico a la crisis política que vive la nación desde hace años.
La posibilidad de una recomposición plural de la Asamblea Nacional, que ayude a enfrentar las dificultades, depende de que los actores mantengan como prioridad fundamental defender los intereses del país, por encima de las aspiraciones partidistas. Allí están centradas las expectativas.
En 1963, Augusto Mijares, en su libro Lo Afirmativo Venezolano aseguró:
“…Aun en los peores momentos de nuestras crisis políticas, no se perdieron totalmente aquellos propósitos de honradez, abnegación, decoro ciudadano y sincero anhelo de trabajar para la patria. Aun en las épocas más funestas puede observarse cómo en el fondo del negro cuadro aparecen, bien en forma de rebeldía, bien convertidas en silencioso y empecinado trabajo, aquellas virtudes.”
(LaIguana.TV / Taynem Hernández)
