¿Perú vive un golpe de estado? Pérez Pirela explica crisis silenciada que medios esconden

La inestabilidad política en Perú, nación suramericana que en una semana ha tenido tres mandatarios y ha estado atravesada por intensas protestas en las que la ciudadanía exige el fin de la crisis y la salida de la clase política entera, fue el tema elegido por el doctor en Filosofía y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela, para la edición 209 de su programa Desde Donde Sea, que se transmite de lunes a viernes a las 7 de la noche a través de las plataformas de YouTube, Instagram y Facebook. 

 

 

El experto precisó que el colapso político más reciente, que comenzó el pasado 10 de noviembre con la aprobación de la moción de censura en contra de Martín Vizcarra por su implicación en actos de corrupción y derivó en la designación de otro mandatario este lunes, no obedece a asuntos contingentes sino estructurales, pues la Carta Magna vigente en ese país data de inicios de la década de 1990 y fue sancionada en un contexto de gran inestabilidad, causada en parte por los ataques terroristas de Sendero Luminoso, un grupo maoísta que por entonces pretendía tomar el poder político en el país. 

 

Entonces, continuó relatando, Perú era controlado por fuerzas políticas derechistas lideradas por Alberto Fujimori en estrecha alianza con los militares y fue definido un régimen semipresidencialista y semiparlamentario, que no responde a las necesidades políticas y sociales actuales y en la práctica se ha convertido en un mecanismo que relentiza y anula cualquier decisión política. 

 

Hoy, el Congreso eligió al diputado Francisco Sagasti, representante del Partido Morado, con 97 votos a favor, 26 en contra y sin abstenciones, como nuevo presidente interino en reemplazo de Manuel Merino, quien asumiera la primera magistratura el pasado martes, al hacerse efectiva la destitución de Vizcarra, hecho que generó una ola de protestas multitudinarias en las principales localidades del país.

 

Pérez Pirela indicó que aunque hay una narrativa que pretende hacer ver que los manifestantes respaldan a Vizcarra, eso no es cierto. La razón real, de acuerdo con los datos recabados para el programa, es que la clase política entera está desacreditada y el pueblo exige que se vayan todos. 

 

Para ilustrar el punto, refirió un dato que da cuenta de ese malestar: el partido que ostenta la mayoría parlamentaria, apenas supera el 30% de los votos.

 

El 14 de octubre, el panorama cambió dramáticamente, cuando dos personas fueron asesinadas durante una marcha nacional en Lima por uso indiscriminado de la fuerza pública y el Congreso, que antes avaló la designación de Merino, exigió sin miramientos su dimisión y la Fiscalía abrió una investigación en contra del mandatario, su Primer Ministro y el ministro del Interior, por abuso de autoridad y homicidio doloso, en un contexto altamente represivo. 

 

El sábado, miles de personas salieron a las calles de distintas ciudades a protestar por la grave situación política. La Policía, además de lanzar perdigones y bombas lacrimógenas, empleó mecanismos contrarios a los previstos en las normas internacionales. Al momento, dos personas perdieron la vida y cuatro periodistas resultaron heridos de seriedad.

 

Además, en un video difundido a través de las redes sociales, se muestra cómo un hombre joven (34 años) es baleado en la cabeza en una céntrica avenida de Lima. Está recibiendo tratamiento para una conmoción cerebral. 

 

En apenas una semana, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reporta, además de los dos fallecidos, más de un centenar de heridos y 41 personas desaparecidas. 

 

Por su parte, la delegación de la ONU denunció la utilización arbitraria y no discriminada de armas no legales, pidió activar soluciones pacíficas a través de los canales institucionales existentes y recordó la obligación que tiene el país de cumplir con las disposiciones internacionales fijadas para el control de manifestaciones públicas, al tiempo que exigió que se realizaran investigaciones independientes e imparciales de los hechos ocurridos y, de ser el caso, adelantar los procesos necesarios para reparar a las víctimas y sancionar los responsables.

 

Adicionalmente, trascendió que el ministro de Comercio y Transporte de Merino, durante su breve ejercicio, firmó una concesión en favor de la empresa de telecomunicaciones española Telefónica, autorizándole su operación por 20 años más en el territorio peruano y ya antes, durante su ejercicio de la presidencia del Legislativo, Merino había conseguido que se aprobara una Ley en la que se contemplaba la extracción de oro de la Amazonía. 

 

Así, confluyeron inoportunamente los escándalos por actos de corrupción y represión cometidos en un brevísimo tiempo, Merino renunció y Sagasti, congresista por el Partido Morado, consiguió los suficientes votos para encabezar el parlamento, con lo cual se convierte automáticamente en el presidente del país y el primer vicepresidente asumiría el liderazgo del parlamento.

 

Según las leyes peruanas, en una situación como esta, la cadena de mando se designa en función de una votación sobre listas presentadas por la bancada para elegir a la directiva parlamentaria, pero la crisis y la atomización interna es tal, que fueron necesarias dos rondas para lograr una designación efectiva.

 

La inestabilidad, que no parece ni por menos conjurada, indicó el también director de LaIguana.TV, da cuenta de que se trata de un problema estructural, que solamente podrá ser superado con la puesta en marcha de un proceso constituyente orgánico, como ya apuntalan algunos movimientos sociales y analistas del país andino.  

 

 

Por otro lado, debe considerarse, a su parecer, que las votaciones estuvieron influenciadas por los poderes económicos, muy particularmente los asociados con los medios de comunicación, que en Perú están controlados por solo dos familias.

 

A este respecto, mencionó que las principales empresas de comunicación históricamente han satanizado o invisibilizado las protestas sociales, según hayan estimado conveniente para sus intereses, pero es la primera vez que hacen cobertura «informativa» de las manifestaciones y que las azuzan y respaldan.

 

Inclusive, en El Comercio, el medio más influyente de ese país, le ofrecieron recomendaciones a los lectores acerca de la indumentaria que debían portar para acudir a las actividades de calle y consejos para lidiar con los efectos de los gases lacrimógenos arrojados por la policía. 

 

Este inusual comportamiento se explica, en su opinión, porque las pugnas dentro del Congreso no representan los intereses de las masas que protestan, sino los intereses de la oligarquía dueña los medios de comunicación.

 

Lo peligroso de esto es que debido a la ausencia de figuras públicas que sean capaces de capitalizar el descontento popular y liderar las luchas, el poder económico-mediático está tratando –y consiguiendo– controlar y dirigir el destino de la disputa social, sin que exista una fuerza efectiva y real capaz de hacerle frente desde la arena política. 

 

Por ello, el panorama es bastante más complejo que lo que El Comercio, la cadena CNN o Jaime Bayly se han empeñado en mostrar, plagado de maniqueísmos y justificaciones con las que se pretende restar importancia a la crisis multidimensional que, después de más dos décadas gestándose, hoy se muestra en toda su complejidad.

 

En contraste, la cadena teleSUR, que cuenta con corresponsales desplegados en el país, en su cobertura, ha procurado exponerla desde una perspectiva amplia, aportando datos que otros medios y posicionadores de opinión, prefieren obviar, como el hecho que, aún en plena pandemia, hay 150 conflictos en marcha del sector minero, caracterizado por ser depredador con el medio ambiente.

 

 

El analista aludió a la reacción del presidente Nicolás Maduro, ampliamente atacado desde el Ejecutivo y el Congreso de Perú y desde el Grupo de Lima, que ha hecho de esa ciudad su centro de conspiración en contra de Venezuela. 

 

En ese sentido, Maduro criticó el silencio del Grupo de Lima, siempre temprano para emitir juicios lapidarios en contra del Gobierno Bolivariano respecto del manejo de la  pandemia por parte de Perú, así como su ausencia de pronunciamientos oficiales respecto de la grave crisis política que se vive en ese país bolivariano y felicitó al pueblo peruano por volcarse a las calles para «oponerse a la última maniobra que la oligarquía había hecho». 

 

También, en uso de la ironía, el mandatario venezolano les ofreció enviarles a Juan Guaidó para que se autoproclamara, en clara alusión a la ausencia de legitimidad que caracteriza a los funcionarios designados en ese país para ejercer la primera magistratura.

 

A modo de comparación, Pérez Pirela recordó que Juan Guaidó fue electo diputado con 97.492 votos, lo que equivale al 0,36% de la población, mientras que por Merino solamente votaron 5.271 peruanos, un porcentaje ínfimo, todavía menor al de Guaidó, si se considera que, según cifras oficiales, en Perú viven unos 32 millones de personas.

 

Para el analista criollo si bien en cualquier otro momento, esta crisis habría sido una catástrofe, actualmente es todavía peor, porque se trata del país con mayor cantidad de fallecidos per cápita a causa de la COVID-19.

 

 

Según datos recopilados por Ociel Alí López para un trabajo periodístico publicado en el portal de la agencia rusa RT, el actual Congreso acaba de ser electo este 2020 y en abril de 2021 se celebrarán las nuevas elecciones presidenciales que culminarán un quinquenio en el que ha habido cuatro presidentes, incluyendo a quien reemplaza a Merino.

 

En criterio de López, las recientes manifestaciones podrían ser indicio de que la gobernabilidad podría estar efectivamente comprometida, puesto que la pandemia y la crisis económica derivada, son un sustrato en el que el descontento se asienta y florece, a lo que es preciso añadir que las pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo, no parece que vayan a mermar porque se designen sucesivamente presidentes desde ahora hasta abril de 2021 y ni siquiera después de los comicios. 

 

Este analista indica en su trabajo que aunque el país mostró cifras macroeconómicas que daban cuenta de un crecimiento económico sostenido durante los últimos 20 años, ello ocurrió siempre en medio de un contexto de gran desigualdad en la distribución de la riqueza, al punto que el propio Fondo Monetario Internacional proyecta una caída del Producto Interno Bruto de 13,9% a finales de 2020. 

 

Para él, nada cambiará en Perú si no se cambia la Constitución, si no se van los partidos tradicionales –no hay izquierda– y si no se refresca la clase política y a este respecto, recordó que Vizcarra destituyó al Congreso, tras un intento por derrocarlo a través de un golpe de Estado parlamentario. El nuevo Congreso se enfrascó con el expresidente en una pugna similar y ello acabó en su destitución.

 

De su lado, Miguel Ángel Pérez Pirela considera que el argumento de la corrupción parece más una venganza política por parte del Congreso, en medio de una situación que, de entrada, ya sabía complicada y podría seguir apostando a ello porque en la Constitución vigente en Perú, el Legislativo goza de un poder desproporcionado y dispone de varios mecanismos para destituir mandatarios, como se ha visto durante los últimos cuatro años.