El régimen de Iván Duque en Colombia ha dejado a su paso más de 1.000 víctimas mortales entre dirigentes sociales, sindicales, políticos, campesinos, indígenas, entre otros, una vez decidiera echar al traste el convenio de paz para el país a petición de su jefe, el expresidente y privado de libertad, Álvaro Uribe Vélez.

Las continuas masacres perpetradas en el país neogranadino no son algo exclusivo de la administración Duque, lo mismo vivió el pueblo colombiano bajo el régimen de Uribe Vélez, famoso por haber creado los lamentables crímenes de lesa humanidad de los falsos positivos.

Este 2020, lo que Duque califica como un año exitoso de su gestión con respecto a la lucha antidrogas y respeto a los derechos humanos, además de estar sumido en la cruenta crisis humanitaria generada por la mala administración de su Gobierno frente a la pandemia de la COVID-19, también incluye otra epidemia: la violencia generalizada y la ola de masacres sostenidas.

Duque pareciera querer ocultar que de enero a septiembre de 2020, se han ejecutado 74 masacres y han resultado asesinadas casi 300 (291) dirigentes y defensores de derechos humanos por el Ejército, la Policía y los grupos narcoparamilitares.

Estas cifras fueron expuestas por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia, que sigue con detalle la violencia institucionalizada en ese país.

Los datos de la administración Duque dejan claro que su gestión no se preocupa ni por la lucha antidrogas ni por erradicar la violencia intrínseca en el país, algo que se ve reflejado en las protestas masivas populares que se han ejecutado en distintas ciudades, principalmente en Bogotá, la capital, donde exigen la renuncia del mandatario uribista, e incluso su encarcelamiento.

En septiembre de 2020 el Departamento de Medicina Legal y la Policía Cívica de Mayores de Bogotá, informó que entre 2019 y 2020 se han perpetrado también 45 violaciones sexuales y 10.071 agresiones físicas en Colombia, pero a pesar de esto Duque insiste que la Fuerza Pública y las Fuerzas Armadas y Policiales alcanzaron importantes resultados, eso sin mencionar la represión brutal y los asesinatos cometidos contra civiles durante el año.

Por ejemplo, en la zona rural y campesina de Colombia, se estima que cerca de 450.000 familias están en las zonas de producción de cocaína que controlan las bandas narcoparamilitares, una situación que deben enfrentar solos y sin ningún tipo de alternativas para su resguardo, que vivir bajo amenaza constante de los grupos mafiosos que venden y distribuyen la droga.

Los sectores que han intentado organizarse alrededor de esta situación son vulnerados de manera sistemática en sus Derechos Humanos (DDHH) y por tal razón se da el aumento sostenido de asesinatos de líderes sociales.

Entre los reclamos de los activistas está el derecho a la tierra, a vivir una vida digna y sustentable en lo económico, a participar en política, a ser reconocidos como interlocutores válidos por el Gobierno y a promover los procesos de sustitución de las economías ilegales en sus territorios.

(LaIguana.TV)

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