El actual mandatario estadounidense, Donald Trump, se niega a reconocer la derrota en los comicios del pasado 3 de noviembre y habiendo agotado prácticamente todas las instancias judiciales disponibles, emprende ahora una campaña de presión para «persuadir a las autoridades republicanas de los Estados que perdió para que reviertan la voluntad del voto. Un intento sin precedentes de forzar una manipulación del sistema», reporta el diario español El País. 
 
En la nota firmada por los periodistas Pablo Guimón y Pablo Ximénez de Sandoval, se indica que el viernes, tras haberse certificado la victoria del candidato demócrata, Joseph «Joe» Biden en el estado de Georgia por un estrecho margen, el mandatario y su equipo habrían convocado «a una reunión en la Casa Blanca a una delegación de legisladores estatales de Míchigan«, en el que tanto con los congresistas como la gobernadora pertenecen al Partido Republicano, «para subvertir el resultado de las elecciones» en la entidad, en la que también se declaró vencedor a Biden.
 
Empero, la acción se tradujo en un nuevo revés para Trump, pues tras la reunión los legisladores le aseveraron a la cadena NBC que desconocían cualquier «información que pudiera cambiar el resultado de las elecciones de Míchigan», por lo que «el proceso normal» de certificación de los votos seguirá su curso.
 
Adicionalmente, Guimón y Ximénez de Sandoval refieren que pese a que el viernes al mediodía las autoridades de Georgia certificaron la victoria de Biden, poco después rectificaron, aduciendo que «un empleado se había precipitado al enviar el comunicado» y nuevamente, a las cinco de la tarde, señalaron que efectivamente el triunfo le correspondía al postulado por el Partido Demócrata. 
 
La declaración se produjo tras haber recontado a mano unos cinco millones de votos. Se certificó que Biden se impuso en el estado con una ventaja ligeramente superior a los 12.000 sufragios, lo que representa «una variación de un 0,0099% respecto el primer recuento», precisan y en la práctica, deja al mandatario imposibilitado para cuestionar los resultados electorales. 
 
Según El País, esta es la razón por la cual la Casa Blanca avanzó hacia «una nueva fase» en su intento por deslegitimar el evento electoral, consistente en ejercer presión directa sobre legisladores republicanos para que respalden a Trump en sus denuncias y consigan subvertir lo que ya parece un hecho: el triunfo de Biden. 
 
Empero, aunque la ofensiva puede ser considerada audaz y carece de precedentes dentro de la política estadounidense, ello no implica que resultará exitosa, pero advierten que sí puede lesionar seriamente la democracia de esa nación. 
 
«Los estados votan por el presidente a través de una lista de electores que se reúnen en el Colegio Electoral y que representa el voto ciudadano. De acuerdo con el resultado, Biden tiene en total 306 de esos electores y Trump, 232. Trump parece apostar por la idea de que los resultados no sean certificados y que sea el Legislativo el que presente su propia lista. Ya ha conseguido en parte el primer paso, cuando dos miembros republicanos de la junta de certificación de los resultados en Míchigan se negaron a firmar los resultados. Trump llamó personalmente al menos a uno de ellos», detallan los corresponsales españoles.
 
Así las cosas, Trump estará apostando a que los legisladores de Míchigan, republicanos, traicionen el voto popular «y presenten electores que voten por él», pero no es algo que resulte particularmente sencillo de implementar, porque las listas de electores deben pasar antes por las manos de los gobernadores y por la propia Cámara de Representantes.
 
Aún derivando en un acto fallido, el problema parece residir en que, si el mandatario logra activar una parte o todo el proceso, sentaría un precedente inédito que abriría la puerta para futuros ataques al proceso electoral desde la propia presidencia. 
 
Pero Trump necesita más que conseguir revertir el resultado en Míchigan para continuar cuatro años más en la Casa Blanca. Requeriría que las autoridades regionales de dos estados más opten por designar a electores dispuestos a ignorar el voto popular y favorecerlo a él.
 
De acuerdo con el trabajo periodístico de El País, las entidades que resultan «más lógicas» son Georgia y Arizona, pues en ambos casos, tanto la gobernación como la Cámara de Representantes están bajo el control republicano, mas luce improbable que autoridades de tres entidades distintas se confabulen con Donald Trump para asegurarle un segundo mandato y menos todavía que el Congreso permanezca impasible ante estos desmanes.
 
Sin embargo, pese a que todo parece indicar que es muy poco probable que esta nueva ofensiva se traduzca en una victoria del actual presidente, el silencio de los altos mandos republicanos ha acabado por hacer concluir a la opinión pública, que aunque la mayoría ha preferido no apoyar abiertamente a Trump, sí respaldan todo cuanto ha hecho para evitar que Biden sea declarado ganador, aunque ello ponga en entredicho el sistema electoral estadounidense. 
 
Mitt Romney, senador y excandidato presidencial, ha sido una de las pocas voces disidentes dentro del Partido Republicano que ha cuestionado la conducta autoritaria y antidemocrática del gobernante. 
 
«Habiendo fracasado en construir siquiera un caso plausible de fraude o conspiración ante cualquier tribunal, el presidente recurre ahora a la presión abierta a los oficiales estatales y locales para subvertir la voluntad del pueblo y revertir la elección. Es difícil imaginar una acción peor y más antidemocrática de un presidente de Estados Unidos en activo», señaló.
 
La presión de Trump para conseguir un milagro se incrementa en la medida que se aproximan las fechas límites. Su equipo de campaña dispone hasta el próximo 8 de diciembre «para resolver cualquier disputa en torno a las listas de electores» y además estaría obligado a retrasar las certificaciones de votos en los estados que pretendería «arrebatarle a Biden», que están previstas para la semana próxima. 
 
Si sigue empeñado en retener la presidencia a como diere lugar, no puede dejar que el Colegio Electoral se reúna el 14 de diciembre sin haberse garantizado los respaldos necesarios, pues entonces Joe Biden será electo presidente y asumirá el cargo el 20 de enero de 2021. 
 
De su lado, Biden dijo el jueves que está «convencido» que Trump «sabe que no ha ganado». Calificó su conducta como «intolerable» y rechazó «los mensajes dañinos que están enviando al resto del mundo sobre cómo funciona la democracia», que está bajo el ojo público como nunca antes, pues los desmanes del actual presidente dejaron al descubierto las debilidades de un sistema electoral inflexible e injusto, que da lugar a que la voluntad popular sea socavada, sin que por ello tenga que cometerse ningún delito.
 
Finalmente, Pablo Guimón y Pablo Ximénez de Sandoval estiman que todavía el juego no está perdido para Trump, puesto que su equipo de campaña todavía puede exigir un tercer reconteo manual antes del próximo 24 de noviembre, «lo que obligaría a volver a escanear todas las papeletas». 
 
Además, Rudy Giuliani, acaso el miembro más prominente del equipo legal de Trump, aseguró el jueves en una conferencia de prensa que presentarán demandas judiciales «en Georgia y otros estados», sin ofrecer mayores detalles, aunque insistió en la versión del «fraude masivo» y acusó a los demócratas de «robar las elecciones al pueblo estadounidense», en clara contradicción con lo que pocos días atrás dijo en la corte, cuando aseguró que no había acudido a la justicia para denunciar fraude alguno. 
 
(LaIguana.TV)
 
Comentarios Facebook