Este lunes 23 de noviembre, el filósofo y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela disertó en su programa Desde Donde Sea en torno a la ola de manifestaciones que sacude Guatemala, en las que un pueblo enardecido se volcó a las calles a protestar e, incluso, el pasado sábado, se atrevió a quemar la sede del Congreso. 

Estos hechos, a su parecer, están emparentados sistémicamente con las manifestaciones antigubernamentales que se viven en países como Chile, Colombia, Bolivia –hasta el triunfo de la dupla Arce-Choquenhuanca– o Ecuador, que ni la pandemia ha logrado frenar. 

La anatomía de las protestas en Guatemala: confluyen nuevamente el malestar latente y la crisis institucional

Guatemala, comentó el experto, es un país que, desde el fin de los conflictos armados, ha tenido gobiernos respaldados por Estados Unidos, aunque su desempeño haya sido cuestionable, particularmente en lo relativo a la corrupción y a la impunidad, prácticas que están completamente naturalizadas dentro del relato oficial y frente a las que los guatemaltecos levantan su voz.

El detonante, explicó, fue la reducción en la Ley de presupuesto de 2021 –cuya aprobación es prerrogativa del Congreso– de las partidas destinadas a la inversión social, incluyendo las relativas a la inversión sanitaria.  

Precisó, asimismo, que la junta directiva del Legislativo, controlado por la alianza partidista gobernante, decidió este lunes echar marcha atrás a la Ley, en virtud de la presión que representa para la administración actual la creciente conflictividad social.

De su lado, la minoría opositora sostiene que la junta no tiene la potestad legal para dejar sin efecto ningún instrumento jurídico que haya sido aprobado en plenaria, mas el gobierno de Alejandro Giammattei se defendió, aduciendo que la ley se «archivó», en aras de mantener la gobernabilidad y la paz social. 

El pasado 18 de noviembre, el oficialismo aprobó, con el respaldo de 115 de los 150 parlamentarios que conforman la cámara, el presupuesto estatal correspondiente al venidero 2021, cuyo monto global se estimó en 12.800 millones de dólares, detalló Pérez Pirela. 

Empero, la cifra, que es considerada un récord fuera del escenario de la pandemia, se aprobó durante una cuestionada votación en el transcurso de la madrugada de ese día y contempla recortes importantes en las partidas de las áreas estratégicas encargadas de atender los efectos de la crisis del coronavirus: derechos humanos, administración de justicia, universidades, pacientes oncológicos, recién nacidos y madres lactantes y además implica la adquisición de una deuda, pues Guatemala no dispone de los fondos necesarios y debe solicitarlos ante los organismos internacionales. 

Para hacer todavía peor el malestar, la aprobación se tramitó con una velocidad inusual y las prisas pretendieron justificarse, apelando al criterio de la «urgencia nacional». Empero, la coalición mayoritaria envió el documento final con el cuerpo de la Ley pocas horas antes del momento estipulado para votarla y además con cambios sustanciales a lo que previamente se había debatido, lo que impidió que los congresistas contaran con el tiempo suficiente para analizar sus implicaciones. 

En un acto que recuerda el efecto de la gota que colma el vaso, tras la decisión legislativa, el pueblo guatemalteco ha protagonizado multitudinarias jornadas de protestas, que derivaron en la quema de la sede del Congreso el sábado.  

Protestas sistémicas en América Latina: ¿Retrocede el neoliberalismo?

El analista opina que desde 2019, Latinoamérica ha estado atravesada por protestas antigubernamentales cuyas diferencias, en su juicio, son solamente aparienciales. Así, aunque en Chile, Ecuador, Perú, Colombia y en la Bolivia de Jeanine Áñez, las manifestaciones hayan tenido detonantes diversos, su similitud estructural da al traste con la idea de fin de la historia que gobiernos neoliberales trataron de imponer en la región tras el fin del llamado ciclo progresista de América Latina, en el que ascendieron al poder líderes como Hugo Chávez, Evo Morales, Pepe Mujica, Rafael Correa, Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, Lula Da Silva y Dilma Rousseff. 

En esos años, lenta, pero certeramente, los movimientos derechistas fueron copando espacios y propiciando la desintegración, que apenas está recomponiéndose, con la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en México, los Fernández en Argentina y el binomio Arce-Choquehuanca en Bolivia, reflexionó.

Desde su punto de vista, tampoco ha de dejarse de lado en el análisis, el hecho que el pueblo de esos países insista en arriesgar doblemente sus vidas, en aras de obtener de sus gobiernos respuestas satisfactorias a sus demandas, pues por un lado deben hacer frente la represión –que ha dejado tras de sí una estela de muertos y heridos, sin que el Gobierno de Giammattei haya sido excepción–, y por el otro, se exponen a contagiarse de COVID-19, a sabiendas de que en sus países no dispondrán de una atención médica gratuita y oportuna. 

Para Pérez Pirela, lo anterior es indicio del hartazgo que se anida en esas sociedades, que no están dispuestas a seguir cediendo sus derechos, aunque ello implique poner en juego su propia existencia. 

Por otra parte, para él es claro que la pandemia dejó al descubierto la verdadera estofa de muchos gobiernos de la derecha política, que se preocuparon y se preocupan mucho más en obtener buena publicidad a través de las grandes empresas de comunicación del continente, que en gestionar y resolver los numerosos problemas de sus países, cuya agonía la crisis sanitaria aceleró. 

Guatemala, otro país latinoamericano consumido por el cáncer de la corrupción

Regresando a Guatemala, el vicepresidente Guillermo Castillo declaró en una rueda de prensa que tanto Giammattei como él debían renunciar «para oxigenar a la población» –aunque tomaron posesión de sus cargos hace poco más de nueve meses– y admitió que «las cosas no están bien» en el país. 

Entra las cosas que no parecen marchar bien en esta nación centroamericana están la probidad de sus gobernantes y la población, ya cansada de vivir una y otra vez la misma historia, hoy exige que se le explique cuál fue el destino del fondo de emergencia para atender la crisis de la COVID-19, pues aunque el partido oficialista Vamos –que dispone de la mayoría parlamentaria– añadió para estos efectos 2,2 millones de dólares provenientes de instancias internacionales al presupuesto del año en curso, el dinero no llegó a sus destinatarios. 

Este monto, puntualizó el también director de LaIguana.TV, sería distribuido entre las familias más vulnerables por medio de un bono de 390 dólares, pagaderos en tres cuotas. Sin embargo, en informes de algunas Organizaciones No Gubernamentales se indica que, finalmente, el Gobierno de Alejandro Giammattei optó por pagar –con lentitud– un bono de 292 dólares y a muchas menos familias que las que estaban contempladas en la propuesta que se aprobó al inicio de la pandemia y no se ha informado oficialmente a qué se destinó la diferencia y por cuáles razones se incumplió con la promesa. 

Por ello, una de las consignas más coreadas durante las manifestaciones fue «¿dónde está el dinero?», puesto que el silencio oficial sobre el tema y el largo historial de casos de corrupción que han sacudido la política guatemalteca desde hace décadas, no auguran nada distinto de lo que ya se ha vivido antes: funcionarios corruptos disponen para sí dineros públicos.

Para ilustrar el punto, trajo a colación dos casos de corrupción muy recientes, que aunque no guardan relación entre sí, evidencian cómo la corrupción corroe las estructuras del Estado guatemalteco y cómo, en general, los corruptos no reciben castigo. 

El 16 de octubre del año en curso, la Fiscalía de la Nación presentó una demanda contra el Ministerio Público por la apropiación indebida de fondos destinados a atender las carencias de la población heredadas del tiempo de la guerra civil. 

Específicamente, las autoridades decomisaron 15,7 millones de dólares en efectivo en una casa localizada en la ciudad de Antigua, que presuntamente le pertenece José Luis Benito Ruiz, titular de la cartera de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante el gobierno de Jimmy Morales, antecesor de Giammattei.

Apenas diez días más tarde, un funcionario de esa cartera perteneciente al gobierno actual, dijo en el Congreso que desconocía el destino de 17,5 millones de dólares.

A juicio del comunicador venezolano, ambos hechos generaron gran malestar en la población, porque son signo de la normalización de la corrupción. Inicialmente, los guatemaltecos vaciaron su indignación en las redes, pero rápidamente se dirigieron a las calles de la capital a manifestar su descontento.

Empero, precisó, no es la primera vez que una indignación popular como la que en la actualidad existe en Guatemala, se traduce en descalabros políticos, pues en 2015, tras la presión popular, las autoridades encarcelaron al expresidente Otto Pérez Molina, al demostrarse su vinculación con hechos de corrupción.

Frente a los desastres naturales, el presidente de Guatemala dice que no es adivino

La temporada de huracanes de 2020 ha dejado numerosas afectaciones en el Caribe, América Central, México y el sur de los Estados Unidos y Guatemala no ha sido la excepción. 

En su paso por Centroamérica, los huracanes Iota y Eta dejaron en Guatemala 59 personas muertas, 99 desaparecidos, 1.5 MM afectados, 211.000 evacuados y miles de millones de dólares en pérdidas por cultivos inundados y daños en infraestructuras, refirió Miguel Ángel Pérez Pirela. 

La respuesta gubernamental en esta otra crisis fue ampliamente cuestionada, toda vez que las autoridades de Protección Civil no alertaron tempranamente sobre los peligros que representaban estos fenómenos atmosféricos y la ayuda ejecutiva, indispensable en estos casos, no ha llegado a las zonas más aisladas del país. 

Sin embargo, al ser cuestionado por un periodista por estos asuntos, Giammattei respondió: «Que me la pidan [la ayuda], adivino no soy. Tal vez no están tan incomunicados, porque lo sabe usted». 

El as bajo la manga del Gobierno de Gammattei: la Carta Democrática Interamericana

Desbordado en su capacidad de ofrecer respuestas eficaces y oportunas a las distintas crisis que atraviesa el país, el Gobierno guatemalteco optó por invocar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, un artificio jurídico aprobado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2001 «para restablecer el orden democrático en situaciones que lo ameritan», según consta en sus documentos oficiales. 

Lo resaltante, en este caso, insistió el analista, no es que se invoque el «apoyo» de la OEA, sino que la clase de «ayuda» solicitada autoriza, entre otras cosas, «la intervención armada extranjera en el territorio en el que se aplique».

El presidente Alejandro Giammattei le solicitó al secretario general de la Organización, Luis Almagro, que apoye un diálogo con todas las fuerzas políticas de Guatemala para poder superar la crisis, pero la respuesta del uruguayo no pudo ser más fría y carente de compromiso, pues a cambio de su respaldo exigió que el Gobierno y el Congreso deben garantizar transparencia en el presupuesto, rendición de cuentas e implementar «los más altos estándares de lucha contra la corrupción».

El grupo de donantes G-13, una instancia internacional de cooperación creada en 1999, se apegó prácticamente a la postura de la OEA, mientras que la Oficina de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que encabeza la expresidenta chilena Michelle Bachelet, condenó el uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes por parte del Gobierno guatemalteco, que ha dejado unos 300 detenidos y 20 heridos.  

Comentarios al cierre

Miguel Ángel Pérez Pirela insistió en que estas protestas en Guatemala se inscriben en la misma lógica de las que se acontecen en Perú, Colombia, Chile y Ecuador, pues en ellas subyace un carácter sistémico y correlacional, caracterizado por múltiples «tira y encoge» entre los gobiernos y la ciudadanía. 

Así, por ejemplo, en Chile, el presidente Sebastián Piñera se vio obligado a disponer del puesto del comandante de Carabineros, debido a los escándalos que ha traído la represión ejercida por ese cuerpo castrense sobre los manifestantes, muchos de los cuales han resultado lesionados permanentemente, pero no dejó de felicitarlo por sus servicios, a pesar de haberlo destituido. 

Mientras tanto, la población continúa presionando en las calles con una convocatoria a paro indefinido, que amenazan con no levantar hasta tanto el Ejecutivo responda claramente a sus exigencias y la Federación de Trabajadores de Salud ha demandado un incremento de salarios, además de exigir mejoras en la dotación de insumos e infraestructura. 

Del otro lado, pese a su impopularidad, Piñera se arriesgó a solicitarle al Tribunal Constitucional que frenara un segundo retiro del 10% de los Fondos de Pensiones, único mecanismo que han encontrado las personas más pobres para subsistir en medio de la pandemia. 

Pérez Pirela concluyó sus disertaciones señalando que responder al porqué se mantienen estas protestas, permitiría explicar tanto el incipiente resurgimiento de gobiernos progresistas en la región, como el hecho que los pueblos no están dispuestos a ceder más derechos sociales sin hacer lucha. 

Libro del día

Del poeta venezolano Gustavo Pereira, «Los cuatro horizontes del cielo y otros poemas», volumen que fuera galardonado en la tercera edición del Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora y que vio luz de la mano del Centro de Estudios Latinoamericanos «Rómulo Gallegos» (CELARG). 

(LaIguana.TV)

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