El diputado opositor Juan Guaidó no deja de sorprender, no sólo por sus escándalos de corrupción, acciones sediciosas, planes terroristas, estrategias con fines magnicidas y su «gobierno» paralelo en Venezuela, ahora se manifestó en redes sociales, junto a su grupo extremista, para decir que ellos «rechazan los ataques a la democracia e instituciones guatemaltecas», en referencia a las masivas protestas registradas en el país centroamericano contra el régimen de Alejandro Giammattei.

Guaidó y los suyos han calificado las manifestaciones populares como «un intento de subvertir el orden constitucional y la gobernabilidad».

En un comunicado publicado en redes, el autoproclamado presidente interino dijo que deploran «cualquier manifestación de vandalismo y violencia pública que desvirtúen el legítimo derecho a la protesta pacífica y a la libertad de expresión», algo que se contradice con sus propias acciones dentro de Venezuela, que llegaron a quemar a un joven vivo, en el foco de violencia promovida por sus facciones extremistas en Altamira, solo por parecerse a «un chavista»; eso sin mencionar otros asesinatos y acciones de terror y vandalismo ejecutados por sus hordas.

Además, Guaidó dice que «como fieles defensores de la democracia» apoyan «al Gobierno legítimo del presidente Alejandro Giammattei, quien fue legítimamente electo por la mayoría de sus conciudadanos»; una frase que llama la atención, pues en Venezuela, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ganó con más de 60% de los votos en los comicios de 2018.

El autoproclamado, conocido así por autojuramentarse presidente en enero de 2019 con fines vitalicios por lo que públicamente ha dicho sobre su «continuidad» en el interinato, asegura además que tiene la «convicción» que «cualquier desacuerdo y diferencia en el manejo de la gestión gubernamental y la instrumentación de políticas públicas, deben dirimirse a través del diálogo pluralista y sincero entre todos los sectores de la sociedad, en forma libre, respetuosa y pacífica y en los espacios y mecanismos institucionales establecidos por los poderes públicos en el marco de la legislación vigente».

Todo lo anteriormente expuesto son declaraciones que van en contra de su accionar en Venezuela. Pero, además, Guaidó no duda en apoyar al actual Gobierno de Guatemala en su solicitud a la Organización de Estados Americanos (OEA), instancia de la que Venezuela no es parte, de aplicar la Carta Democrática Interamericana.

¿Qué está apoyando Guaidó?

El pasado sábado 21 de noviembre se realizó una manifestación pacífica frente al Congreso de Guatemala para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei. La concentración terminó en una masiva protesta que se enardeció tanto que un grupo de encapuchados decidió incendiar el parlamento.

La sede del Congreso terminó con graffitis denunciando la corrupción, el hambre, el narco-Estado y la ineficiencia del régimen de Giammattei.

Pero, ¿cómo llegó Guatemala a esta crisis política y social? ¿Por qué los guatemaltecos acusan al Gobierno de Giammattei de ser un narco-Estado corrupto?

Un trabajo de la cadena RT muestra una serie de claves que ayudan a entender el conflicto. La situación evidencia cómo los guatemaltecos están inconformes con el actual régimen y buscan a toda costa un cambio.

El mencionado trabajo explica que Guatemala está inmersa en una crisis política e institucional desde hace meses. De hecho, el presidente ha perdido la mitad de su popularidad en tan solo dos meses. Además, los poderes Legislativo y Judicial protagonizan un duro enfrentamiento.

En este contexto, la aprobación del presupuesto nacional el miércoles 18 de noviembre fue la mecha que inició el incendio metafórico en la sociedad. Y este tuvo luego su correlato real en el incendio del Congreso.

Guatemala y la deuda pública

-La Ley de Presupuestos 2021 que se aprobó es la más cara en la historia de Guatemala. La única salvedad fue el de este 2020, porque fue aumentado excepcionalmente para batallar contra la pandemia de coronavirus.

-Para hacer frente a los gastos que contempla el proyecto, el Congreso recurre a préstamos que elevan la deuda pública a cifras históricas. Ahora, cada ciudadano deberá 1.690 dólares, en un país cuya renta per cápita apenas supera los 1.500 dólares, reseña RT.

-Además, el presupuesto contempla el recorte de ciertas partidas, algunas de enorme carga social. Así, se reduce el gasto destinado a la oficina del Procurador de los Derechos Humanos y al Organismo Judicial. También a la Universidad de San Carlos, a pacientes oncológicos, recién nacidos, madres lactantes, entre otros sectores vulnerables.

¿Por qué la urgencia?

A la ciudadanía no sólo le indigna el contenido de estas cuentas públicas recién aprobadas, sino también las formas. La oposición denuncia opacidad y la Cámara legislativa recibe críticas relacionadas con el trámite de urgencia que se ha seguido.

Ciertamente, no es la primera vez que la ley se tramita de urgencia nacional, ya sucedió en 2006, 2009, 2013 y 2015. Pero, esta vez el documento final se trasladó a los diputados tan solo unas horas antes de la votación. Entonces, no hubo tiempo para analizarlo y presentaba cambios sustanciales respecto al texto que se debatió con anterioridad.

Además, se denuncia un acuerdo de los bloques legislativos afines al oficialismo –herederos de pasados Gobiernos atravesados por la corrupción–, que habrían dejado fuera a los grupos opositores.

¿Qué ha pasado en las protestas?

Las protestas más grandes se dieron el sábado. Ese día, miles de personas se manifestaron pacíficamente en las calles de Ciudad de Guatemala.

La Policía reprimió duramente las protestas con gases lacrimógenos y terminaron apresando a decenas de manifestantes. Se estima que durante esa jornada se produjeron al menos 37 detenciones y 22 heridos.

Ahora, también se presenciaron varios brotes de violencia. Algunos manifestantes incendiaron tablones y un pequeño monumento. Posteriormente, un grupo encapuchados se dirigió al Congreso y logró entrar en la sede legislativa e incendiar una parte.

Esta semana ya comenzaron los llamados a nuevas manifestaciones e, incluso, a iniciar una huelga general. La idea de quienes convocan es paralizar el país y sacar a Giammattei de la presidencia.

¿Qué pasa en el Gobierno de Guatemala?

El Gobierno no es ajeno a los problemas y hasta el vicepresidente Guillermo Castillo emitió unas duras declaraciones. Públicamente solicitó al presidente Giammattei que ambos renunciaran, debido a que la situación se les escapa de las manos.

Precisamente, Giammattei es el blanco principal de las protestas. A solo once meses de asumir –fue proclamado en enero de 2020– su popularidad ha caído en picado a la mitad.

Sus detractores se multiplicaron después de dar su respaldo a estas polémicas cuentas públicas y a la alianza en el Congreso que las posibilitó. Así, Giammattei no atendió la exigencia generalizada de vetar estos presupuestos, pedido que le llegó incluso de su vicepresidente.

¿Qué dicen los poderes Legislativo y Judicial?

La ciudadanía también se encuentra molesta por las turbias relaciones entre los poderes Legislativo y Judicial. Esta crisis institucional comenzó a mediados de año, cuando la Corte Constitucional ordenó al Congreso elegir a los magistrados.

El Congreso desobedeció y esto desencadenó denuncias cruzadas entre diputados y magistrados. Ambos colectivos gozan de inmunidad y ahora la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe decidir si abre el trámite para evaluar y retirarles esa protección.

La CSJ no dio trámite a las causas contra los parlamentarios, pero sí lo hizo con cuatro integrantes de la Corte. Estos magistrados, a su vez, podrían tener que decidir sobre los polémicos presupuestos aprobados por el Congreso.

El último movimiento del Congreso

El último movimiento lo protagonizó el titular del Congreso, Allan Rodríguez. Durante la madrugada de este lunes, acompañado por 16 diputados de los bloques oficialistas, informó la suspensión de los Presupuestos 2021.

En su discurso, Rodríguez señaló que la suspensión se produce en aras de mantener la gobernabilidad del país y la paz social. Además, trató de rebatir algunas de las acusaciones hacia la tramitación de las cuentas públicas.

Pero, seguidamente la diputada de la bancada Semilla, Lucrecia Hernández Mack, les hizo una advertencia legal: “Ni la Junta Directiva (del Congreso) ni sus bloques aliados tienen la potestad de archivar una ley aprobada por el pleno».

¿Dónde está el dinero?

El filósofo y analista político, Miguel Ángel Pérez Pirela comentó en su programa Desde Dónde Sea que transmite LaIguana.TV, que la crisis guatemalteca tiene un notable componente de corrupción de la élite política y empresarial; y una de las consignas de las manifestaciones es «¿Dónde está el dinero?», que se refiere a los fondos para la atención de la pandemia.

El Congreso, con mayoría del partido Vamos, del presidente derechista Giammattei, añadió 2 mil 200 millones de dólares para auxiliar a la población afectada por covid-19, cantidad que provino de créditos internacionales.

Ese dinero permitiría financiar el programa social de un bono familiar que ya durante este año prometía entregar 390 dólares en tres cuotas a familias de escasos recursos. Pero una evaluación de la ONG Paraíso Desigual certificó que solo se han entregado, en promedio,  292 dólares y de forma muy deficiente.

«La corrupción es un cáncer que carcome la realidad social, política y económica de América Latina. Los relatos de Guatemala son impactantes. Por ejemplo, el 16 de octubre, la Fiscalía Contra la Impunidad del Ministerio Público decomisó 15,7 millones de dólares en efectivo (en diversas divisas) en una casa particular en Antigua Guatemala. El supuesto dueño del dinero es el exministro de Comunicaciones de Jimmy Morales (que fue presidente entre 2016 y 2020), José Luis Benito Ruiz, a quien las autoridades intentaron sin éxito capturar después de encontrar su nombre en una de las maletas con el efectivo (por un viaje realizado recientemente). Diez días después, el 26 de octubre, un funcionario del Ministerio de Comunicaciones del Gobierno de Giammattei indicó en el Congreso que desconocía el destino de 17,5 millones de dólares, en un hecho actualmente bajo investigación del Ministerio Público», comentó Pérez Pirela.

Añadió que «entre el decomiso de los 15,7 millones de dólares y la ‘pérdida’ de los otros 17,5 millones de dólares por el Gobierno de Giammattei no hay relación, pero ambos hechos generaron un grandísimo malestar dentro de la población tanto en redes sociales por la normalización de la corrupción, como en la misma calle, que terminó encendiéndose. Es la misma indignación que llevó a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina en 2015».

Huracanes y pésimas respuestas

Al serio conflicto se suma el daño causado por los huracanes Eta e Iota a su paso por Centroamérica durante los primeros 15 días de noviembre. Entre ambos dejaron  59 personas fallecidas, 99 desaparecidos, 1,5 millones de afectados, 211 mil evacuados y miles de millones de dólares en pérdidas por cultivos inundados e infraestructura.

«El  muy cuestionado presidente Giammattei intentó responder a la catastrófica emergencia pero recibió durísimas críticas por la falta de advertencias por las autoridades de protección civil a las poblaciones en riesgo, mientras algunas comunidades aún siguen inundadas», acotó Pérez Pirela.

La respuesta de Giammattei a un periodista que le preguntó por la falta de ayuda a un poblado aislado, sin comunicación y con carencia de alimentos en el norte del territorio, no fue tampoco la mejor para su ya maltrecha imagen: «Que me pidan ayuda. Adivino no soy. Que nos lo pidan. Esta es la primera vez que me lo están diciendo. Si están incomunicados, tal vez no están tan incomunicados porque lo sabe usted», dijo el mandatario. Pérez Pirela calificó esa actitud como una grandísima vergüenza.

Amenaza con la Carta Democrática

Frente a las calamidades sufridas por el pueblo y los graves hechos del fin de semana, el Gobierno tomó medidas pero no en pro de la población, sino para mantenerse en el poder, como es la decisión de invocar la Carta Democrática de la OEA.

Pérez Pirela dijo que esa normativa, aprobada en 2001, permite «restablecer el orden democrático en situaciones que lo ameriten», lo que en el caso del pueblo guatemalteco, permitiría incluso la intervención armada extranjera en el territorio. La respuesta de Giammatei, abre la posibilidad de que vayan ejércitos foráneos a imponer el orden.

También Giammattei pidió al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que apoye un diálogo con todas las fuerzas políticas de Guatemala para superar la crisis. «Sabemos muy bien lo que pasa cuando Almagro entra en escena. Recordemos lo que pasó en Bolivia».

Almagro puso como condición que se garantice transparencia, rendición de cuentas y altos estándares de la lucha contra la corrupción. «Les voy a decir lo que quiso decir Almagro: blablablá, blablablá, blablablá -ironizó Pérez Pirela-. Frente a una crisis de esa magnitud, OEA da una respuesta vergonzosa».

Otro factor internacional que se pronunció fue el de Donantes G-13, fundado en 1999, conformado por España, EEUU, Reino Unido, Alemania, Italia, Canadá, Suecia, Suiza, Francia, Unión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OEA y ONU. Exhortaron al gobierno a investigar los hechos y responsabilizar a los culpables. «No me haría ilusiones con este grupo, que podría generar más bien intervenciones e injerencia», alertó Pérez Pirela.

(LaIguana.TV)

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