Los procesos electorales en Venezuela se han traducido en los últimos años en puntos de inflexión a la polarización política, que con financiamiento internacional mantiene al país sujeto a un bloqueo criminal que ha pulverizado el salario y afectado la calidad de  vida del pueblo venezolano.

El país se encuentra en el centro del tablero geopolítico regional, como uno de los principales obstáculos en la recolonización continental impulsada por la corporatocracia estadounidense, por lo que la relación de fuerzas que surja del 6 de diciembre definirá la dinámica política de los próximos años. Las y los venezolanos definirán con su participación,  la posibilidad de un cambio en la Asamblea Nacional  o si la participación es baja,  la continuación de la narrativa de un “gobierno interino” que se basa en el poder legislativo para avalar el bloqueo contra el país.

Participación versus Bloqueo

Uno de los grandes desafíos del proceso que se avecina es garantizar altos niveles de participación. La conformación del “gobierno de Guaidó” y el discurso del fraude electoral se justifican en el mundo bajo el supuesto de contar con  el apoyo mayoritario de la población. Sin embargo, el sector vinculado al interinato y financiado por el gobierno de Estados Unidos, decidió no medirse y anunció su propia consulta electoral entre el 7 y el 12 de Diciembre.

La consulta ha recibido fuertes críticas de sectores de la oposición que decidieron participar en las elecciones legislativas, y que señalan que  Guaidó debe entregar la asamblea y ser investigado por corrupción.

Las fuerzas progresistas por su parte, se concentran en  movilizar y activar su maquinaria, la cual ha salido triunfante en 23 de los 25 procesos electorales de los últimos 20 años.

Venezuela arriba a los comicios legislativos luego de intentos de golpes de Estado, incursiones irregulares a su territorio, intentos de magnicidio y el saqueo de sus recursos y bienes en el extranjero por parte del “gobierno interino” financiado por los Estados Unidos y con el reconocimiento de países europeos.

La nación suramericana es una de las principales reservas mundiales de petróleo, oro, gas y minerales estratégicos.  Su relación con economías emergentes como Rusia y China han sido duramente criticadas por el gobierno de Estados Unidos, que ha financiado abiertamente operaciones golpistas y de saqueo de sus recursos bajo el manto “institucional” de la Asamblea Nacional, desde donde se convocó a la aplicación del TIAR.

Los niveles de participación electoral son claves en este proceso. El gobierno requiere de una nueva Asamblea que le permita tomar medidas para enfrentar el bloqueo y profundizar en una estrategia económica  multipolar y soberana. Para la oposición, una amplia participación abonaría el camino a un nuevo liderazgo y le permitiría consolidar su estrategia de impedir que el gobierno obtenga la mayoría calificada  y así garantizar ámbitos de negociación.

Por norma constitucional, se necesita la mayoría calificada para aprobar leyes habilitantes, votos de censura, aprobación de proyectos de leyes orgánicas, así como modificaciones a las existentes, elección y remoción de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, elección y remoción de miembros del poder ciudadano, sometimiento de proyectos de ley a referéndums aprobatorios, entre otros.

No obstante las normas constitucionales también señalan que deben cumplirse varios procedimientos para por ejemplo sustituir el poder ciudadano, el TSJ y enjuiciar al presidente de la Republica, aspectos en los que el liderazgo opositor ya ha expresado su interés.

La relación de fuerzas en la Asamblea Nacional también será determinante en la posibilidad de enfrentar el bloqueo y las medidas coercitivas. El ejecutivo apuesta la ley Antibloqueo como herramienta capaz de abrir posibilidades para las nuevas inversiones nacionales y extranjeras. La oposición, presionada por las encuestas que ubican en más  de un ochenta por ciento de la población el rechazo a las sanciones, navega en el discurso que hay sanciones buenas y malas, justificando las llamadas sanciones individuales a voceros del gobierno.

El bloqueo que ya ha generado más  de mil 400 millones de dólares en pérdidas para el país  ha golpeado dramáticamente el poder adquisitivo y el acceso a bienes y servicios de la población, y su profundización constituye una de las propuestas del equipo de Guaidó.

El chavismo ha planteado con claridad la necesidad de rescatar y cambiar la Asamblea Nacional para abrir el juego político y económico y profundizar en las aspiraciones de los sectores sociales que durante el último quinquenio no pudieron avanzar en nuevas leyes del poder popular. Los sectores de oposición coinciden en su rechazo a las comunas, las leyes de poder popular y a la política económica del gobierno y aspiran que la correlación de fuerzas le favorezca y  lograr neutralizar la capacidad legislativa y de accionar del gobierno.

Al igual que en otros procesos, el intento por deslegitimar las elecciones en Venezuela  tiene en la OEA y en actores de gobierno norteamericano sus principales voceros. En momentos en que se derrumba el Cartel de Lima entre movilizaciones sociales y políticas y denuncias a sus gobiernos por corrupción, el Secretario General de esta organización  Luis Almagro, abandera las declaraciones sobre “el fraude de  las elecciones venezolanas” y las advertencias sobre el impacto que la “posible normalización de las relaciones con Maduro tendría para las democracias de la región”.

No obstante, el conflicto interno estadounidense sobre quien gano o no la elección presidencial y las denuncias de fraude electoral, han debilitado el discurso hegemónico norteamericano como supuesto ejemplo de democracia. A lo que se suma los constantes ataques y señalamientos de la oposición venezolana en contra de Guaidó y Leopoldo López en su “ostentosa” vida en el exterior.

Las últimas encuestas expresan una tendencia mayoritaria a participar en la jornada electoral, favorecida por un sistema automatizado, donde cada persona es un voto, a diferencia de sistemas electorales como el de Estados Unidos donde puede ganar la persona que menos votos obtuvo.

Y aunque el coronavirus ha redimensionado todos los procedimientos y protocolos  de la jornada comicial, los simulacros electorales ratificaron la confianza de los venezolanos en las normas de bioseguridad para este proceso. El manejo positivo de la pandemia por parte del Presidente Maduro, ha sido reconocido por afectos y no al gobierno. No en balde los sectores de oposición apoyan la realización de los comicios legislativos o la “consulta nacional”.

A diferencia de otros países, en Venezuela existe una cultura de participación electoral muy arraigada. El pueblo conoce la significación política de su voto, y el peso que ejerce en momentos de convulsión interna. Ejemplo reciente el proceso electoral para la Asamblea Nacional Constituyente, del que hay innumerables referencias de actos heroicos como cruzar ríos y montañas bajo hostigamiento de grupos opositores violentos, para llegar a las urnas electorales. Voto contra Guarimbas.

En esta oportunidad y en medio de una arremetida contra la moneda nacional por el incremento  inducido del dólar,  las encuestas siguen indicando una voluntad mayoritaria hacia la participación electoral por el poder legislativo. Lo que resulte de la jornada del 6 de Diciembre definirá si habrá o no paz en el 2021.

(Hinterlaces)