De una forma absolutamente directa, sin posibilidad de equívocos, voceros autorizados del gobierno de Estados Unidos han confirmado lo que tantas veces se ha denunciado: partidos políticos de la oposición venezolana reciben pagos fijos de agencias oficiales norteamericanas.
Los funcionarios han dicho esto con su nombre y apellido. No es que las agencias de noticias han citado fuentes que requirieron el anonimato, como hacen muchas veces para deslizar sus fake news. No es un rumor que corre por ahí ni un reportaje de algún medio alternativo izquierdoso. Lo ha informado el encumbrado y muy de derecha Financial Times y su declarante ha sido Elliott Abrams, supuesto «enviado especial» de EEUU para Venezuela (y para Irán), quien, por lo demás, ha reconocido que la administración Trump se ha atrasado en los pagos a sus beneficiarios en Venezuela, sin especificar si son empleados, proveedores o clientes.
«Abrams afirma con total desparpajo que los pagos de EEUU a la oposición venezolana están retardados, pero que se pondrán al día este mes ¿Qué clase de oposición es esa? Nadie lo desmintió. Ell@s felices de estar en la nómina de la CIA. Deshonran al Pueblo de Simón Bolívar», escribió el canciller Jorge Arreaza, en su cuenta Twitter.
El trabajo periodístico donde queda clara la ruta del dinero opositor incluye también una entrevista a la empresaria Vanessa Neumann, quien fungió como “embajadora del gobierno encargado de Juan Guaidó” en Reino Unido y acaba de renunciar al “cargo”. En un resumen rápido, Neumann le reclama a EEUU porque no ha soltado el dinero para pagarles a los pretendidos funcionarios del gobierno paralelo en diversos países y para cancelar las costas procesales del juicio que se ha librado en Londres para quedarse con 31 toneladas de oro venezolano depositada en el Banco de Inglaterra.
Heredera de quien fuera uno de los hombres más ricos de Venezuela, Hans Neumann, la pretendida diplomática prefirió volver a sus ocupaciones privadas en una empresa que, bajo la fachada de la seguridad e inteligencia, opera en el opaco campo de los ejércitos privados.
¿Cómo se llama la obra?
Recibir pago de una potencia extranjera enemiga es un delito en la mayoría de las naciones. Normas de rango constitucional y legal así lo estipulan. En muchas naciones el hecho punible es traición a la patria o alta traición.
En el caso de los partidos políticos, ese tipo de financiamiento es considerado extremadamente cuestionable, pues se entiende que una potencia extranjera sostiene a un movimiento político para que acceda al poder y, en tal situación, influir en las decisiones y políticas públicas, afectando así la soberanía nacional y la autodeterminación de cada país.
Según un informe del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), la prohibición a las donaciones provenientes de fuentes extranjeras es muy común en todo el planeta: 68% de los países analizados (unos 140) tiene esta prohibición.
En Venezuela, la prohibición del financiamiento extranjero a partidos políticos se estableció en 2010, en la Ley de defensa de la soberanía política y autodeterminación nacional.
Cuando la fuente de financiamiento es una nación enfrentada en algún tipo de conflicto, la regulación sobrepasa la legislación electoral y de partidos políticos y cae en el terreno de la seguridad del Estado.
En el caso del pago de “funcionarios” de un gobierno paralelo por parte de una superpotencia como EEUU, resulta obvio que se trata de una parte más del intento de derrocar al gobierno constitucional y establecer uno que sea favorable a los intereses de esa nación. Esto deja en claro que los pagos tienen un propósito claramente sedicioso. El agravante en este caso es que el dinero de los “pagos” a políticos opositores proviene del saqueo que EEUU ha perpetrado a empresas y activos venezolanos en ese país y en otras naciones. En la práctica viene a ser un reparto de migajas a los cómplices del robo de un gran botín.
Algo parecido, en dirección opuesta (de cualquier otro país hacia EEUU) sería un grave delito federal. El título 18, sección 2381 del Código de Estados Unidos establece que “quienquiera que debe lealtad a los EEUU, realice una guerra contra ellos o se adhiera a sus enemigos, brindándoles ayuda y consuelo dentro del país o en cualquier otro lugar, es culpable de traición y sufrirá la muerte, o será encarcelado por lo menos cinco años y multado bajo este título pero no menos de 10 000 mil dólares; y será inhabilitado para ocupar un cargos públicos”.
(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)
