La cancillería del «gobierno interino» de Francisco Sagasti Hochhausler en Perú -gobierno no electo por la población sino impuesto por el congreso de ese país que está sin presidente legítimo desde el año 2018- publicó este lunes una «declaración conjunta» firmada por «los miembros del Grupo de Lima y otros países» dirigida con el objetivo de atacar a Venezuela y específicamente de calificar como «carente» de «legalidad y legitimidad» los comicios parlamentarios realizados este domingo 6 de diciembre.

El texto, que busca sumar a la campaña contra Venezuela y atacar las elecciones parlamentarias que renuevan el Poder Legislativo venezolano como parte del mandato constitucional de la República y el orden democrático, alega que «los firmantes, un grupo de países interesados por la crisis multidimensional que afecta a Venezuela, incluidos los miembros del Grupo de Lima y otros países comprometidos», declaran «que los comicios «carecen de legalidad y legitimidad porque fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad  y transparencia».

El proceso comicial que según el mencionado texto tampoco tenía «integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional», contó con más de 200 veedores internacionales, con un total de 16 auditorías para verificar la transparencia del proceso, del voto y los resultados, así como también la participación de la mayoría de partidos de oposición.

Según estos gobiernos -firmantes como «países»- las elecciones fueron «fraudulentas» porque fueron organizadas «por el gobierno  ilegítimo de Nicolás Maduro», un argumento que utilizan para llamar «a la comunidad internacional para que se una al rechazo de estas elecciones fraudulentas y apoye los esfuerzos para la recuperación de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho en Venezuela», aunque la elección en sí misma sea parte de un proceso democrático, de respeto al derecho humano del voto y es parte fundamental del Estado de derecho en el país.

«Llamamos a los actores de toda Venezuela, de todas las tendencias ideológicas y afiliaciones partidarias, para que pongan los intereses de Venezuela por encima y se comprometan de manera urgente a un proceso de transición, definido e impulsado por los venezolanos, para encontrar una salida pacífica y constitucional que lleve al país a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, lo más pronto posible», añade el texto firmado por los siguientes gobiernos: Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía.

Las elecciones en Venezuela contaron con la participación total de 107 partidos políticos, la mayoría opositores al gobierno, de los cuales 30 son organizaciones nacionales, 53 regionales, así como también 6 organizaciones indígenas nacionales y 18 organizaciones indígenas regionales. Además el proceso contó con más de 14.000 candidatos pertenecientes a las organizaciones con distintos fines y tendencias políticas.

(LaIguana.TV)

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