En ocasión de celebrarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, en su programa Desde Donde Sea, el filósofo y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela, reflexionó en torno a su definición y aportó elementos que dan cuenta de su instrumentalización por parte de las naciones del Norte del mundo, que los han transformado en un arma arrojadiza que se emplea para sojuzgar e incluso bombardear a pueblos del Sur del mundo. 
 
Derechos Humanos: de condiciones inherentes al ser humano a instrumento de dominación 
 
Para el experto, los derechos humanos son un indudable «avance de la humanidad toda» cuya regulación y observancia, en tiempos contemporáneos ha estado a cargo de los organismos multilaterales que conforman el sistema internacional, si bien su origen, apuntó, puede rastrearse a la noción del «Derecho de las gentes», en donde ya se plantean como condiciones inherentes al ser humano, independientemente de sus variaciones esenciales. 
 
En nuestro continente, el tema hunde sus raíces en la célebre Historia de las Indias, en las que el clérigo Bartolomé de las Casas se une a la reflexión epocal acerca de si los pobladores originarios tenían o no alma, condición esta que definía la humanidad y a partir de la cual se asignaban derechos inalienables.  
 
Del otro lado, destacó, está su uso instrumental para promover guerras, pues en su nombre, Estados Unidos y la Organización de países del Atlántico Norte (OTAN) bloquean, invaden y sancionan países, al tiempo que le coartan a sus pobladores la posibilidad de ejercer y disfrutar de sus derechos humanos. 
 
En data reciente, refirió, están los bombardeos de Afganistán, Irak y Libia, pero la lista no se limita a esos casos. 
 
El analista comentó, asimismo, que el discurso sobre los derechos humanos es el reflejo de una política sistemática de dobles raseros, en la que, según del país del que se trate, se ocultan violaciones abiertas o se denuncia, real o ficticiamente a un gobierno, con fines estrictamente injerencistas. 
 
Para ilustrar este punto, apeló al caso de Chile, país en el cual las violaciones sistemáticas a los derechos humanos son moneda corriente hace décadas –y no solamente durante la cruenta dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), como se pretende mostrar en el relato público–, sin que existan denuncias sobre estos crímenes y tampoco, revuelo o condena internacional al Estado chileno.
 
Esto es posible, explicó, gracias al aparato de propaganda mediático desplegado por el país, cuyos gobernantes, amén de estar respaldados por la Casa Blanca, han podido «limpiar» la imagen pública del país, al punto que la actual Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es la expresidenta Michele Bachelet
 
Empero, las violaciones cometidas por los aparatos de seguridad son de tal nivel, que aprovechando la fecha conmemorativa, el colectivo que aglutina la lucha por la libertad de los presos políticos encarcelados a raíz de las protestas antigubernamentales de 2019, convocó a una marcha para exigir, además de la liberación de todos los detenidos, una reestructuración de las fuerzas del orden público, puesto que son heredadas de la dictadura y perpetúan el carácter represor del Estado. 
 
Por su lado la Comisión de Derechos Humanos de Chile, denunció al cuerpo de Carabineros por usar armas químicas potencialmente letales para repeler las manifestaciones e incluso, parlamentarios opositores al gobierno de Sebastián Piñera, solicitaron un indulto para todos los detenidos, excepto a los que fueron apresados por la presunta comisión de actos terroristas. 
 
Sobre esto, denunció, poco o nada se dice en la prensa y si hay referencia a los hechos, estos se presentan como casos aislados y en ningún caso como consecuencia de una estructura represiva propia de las dictaduras, como la que efectivamente existe en ese país. 
 
El caso expuesto, en el criterio del también director de LaIguana.TV, permite mostrar cómo en nombre de los derechos humanos, estos se violentan permanente y sistemáticamente. Así, enfatizó, en nombre del derecho a la vida, se mata a personas; en nombre de la libertad de expresión, se fortalecen los intereses de los dueños de los medios y en nombre de la libertad, se bombardean países.  
 
De la teoría a la práctica: ¿Qué son los derechos humanos?
 
Considerando que contemporáneamente el término «derechos humanos» y sus alcances fueron definidos en el sistema internacional, Pérez Pirela recuperó la definición de derechos humanos que elaboró la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reza: «los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición».
 
Por ello, insistió, se trata de condiciones inherentes al ser y no a su esencia. Por ese motivo, son inalienables.
 
«Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas, sin discriminación alguna», continuó.
 
El 10 de diciembre de 1948, apenas tres años después de haber concluido la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración de los Derechos Humanos y desde entonces, cada 10 de diciembre se celebra la fecha, que anualmente se centra en un tema particular, detallo el también comunicador. 
 
Este año, la ONU decidió inscribir la defensa de los derechos humanos en el contexto de la pandemia, bajo el lema «Reconstruir para mejorar». No obstante, el organismo reconoce que se trata de un gran desafío, toda vez que los gobiernos tienen «demasiados pendientes» en esta y otras materias. 
 
Bajo este punto de vista, podría pensarse que el discurso en torno a los derechos humanos, que siempre parte del principio de su garantía y defensa, persigue los fines más nobles para las personas. Empero, Miguel Ángel Pérez Pirela invitó a cuestionar esta premisa, puesto que la propia ONU había autorizado en ocasiones el bombardeo de países o había hecho poco o nada para impedir que, unilateralmente, naciones como Estados Unidos atacaran militarmente a otras.
 
Así las cosas, a su parecer, vale la pena preguntarse cuáles son los instrumentos del sistema internacional para salvaguardar los derechos humanos y cuál ha sido su papel en el cumplimiento de esta función. 
 
Los derechos humanos en América, instrumento de los intereses estadounidenses
 
En el caso de América, las instituciones teóricamente de salvaguardar los derechos humanos, son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). 
 
Creadas en 1959, formalmente se encargan, respectivamente, de emitir recomendaciones y promulgar sentencias en la materia. La CIDH cumple funciones judiciales, al recibir, procesar y presentar denuncias de particulares ante la Corte IDH, instancia sobre la que recae la responsabilidad de decidir en la materia. A su vez, la Corte IDS debe «promover la observancia de los derechos y servir de ente consultivo de la Organización de Estados Americanos (OEA)». 
 
Este último dato deja claro que, al menos en el continente americano, el discurso de los derechos humanos está controlado por Estados Unidos, que lo instrumentaliza según su conveniencia, «defendiéndolos» en aquellos países que son designados de interés por Washington, como es el caso de Venezuela, mientras ignora por completo las comprobadas violaciones que se producen en otros, como Chile o Colombia.  
 
Dentro de las mismas instituciones que, se supone, deben velar por el respeto de los derechos humanos en el continente, no faltan las acusaciones sobre conductas improcedentes de sus directivos.
 
Así, por ejemplo, refirió el analista venezolano, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, cuya participación en el golpe de Estado de 2019 en Bolivia está fuera de discusión y que ha promovido insistentemente la intervención armada en Venezuela desde que fue designado en el cargo, vetó a Paulo Abrão, Secretario Ejecutivo de la CIDH por múltiples denuncias relacionadas con su ausencia de estatura para el ejercicio del cargo. 
 
Entre los señalamientos e imputaciones que pesan sobre Abrão esgrimidos por Almagro en su veto y que mencionó Pérez Pirela, destacan conflicto de interés, poca diligencia para procesar denuncias de violaciones a los derechos humanos, retaliaciones y violaciones al código de ética y falta de compromiso para procesar distintas denuncias sobre acoso sexual. 
 
Esta diatribas dan cuenta, desde su punto de vista, que la definición de derechos humanos, al estar secuestrada por las super potencias bélicas, se usa como instrumento para masacrar, aplastar y sojuzgar pueblos, atendiendo a los intereses estadounidenses del momento, sin que importe realmente el garantizarlos.
 
El origen histórico de la instrumentalización de los derechos humanos
 
Robert Chardín, experto en Relaciones Internacionales consultado en ocasión del programa, precisa que en torno a los derechos humanos, Occidente ha construido una suerte de «nuevo mesianismo», en el que, amparado en la Corte Penal Internacional, se presenta a los derechos humanos como un texto que las «sociedades desarrolladas» muestran a las «sociedades en vías de desarrollo», para que se encaminen hacia el «progreso». 
 
Esta postura, que el autor califica de idealista, ignora deliberadamente las relaciones de poder que efectivamente tienen lugar en la llamada «comunidad internacional», que en términos prácticos acaba siendo restringida a los Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña y otras pocas naciones. 
 
Chardín explica que este instrumentalismo tiene un asidero histórico, pues tan pronto como terminaron las guerras coloniales y se impusieron los movimientos de liberación nacional y después de la expulsión de estadounidense Vietnam, los ideólogos del sistema capitalista «redescubrieron» los derechos humanos y pasaron, de una posición que los ignoraba abiertamente, para no tener que responder por sus crímenes de guerra, a una enteramente ofensiva, centrada en el comunismo y las presuntas falencias que este estructuralmente tiene sobre el tema. 
 
Además de lo antes señalado, Pérez Pirela añadió que este nuevo paradigma ha permitido que organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch u Open Sociey, que son financiados por Estados, corporaciones o empresarios como George Soros, se arroguen el derecho de señalar que hay que respetar el derecho humanitario «y su carácter preventivo».
 
A su juicio, si bien la primera puntualización es una verdad innegable, en el segundo caso, se trata de una compuerta de la que se han valido los países del Norte del mundo para emprender acciones criminales y violatorias de todo derecho humano en contra de los países del Sur, en el nombre mismo de los derechos humanos. 
 
De este modo, ni Human Rights Watch ni Open Society nada dicen, por ejemplo, de la violencia ejercida por Estados Unidos contra migrantes en la larga frontera que comparte con México, ni de los miles de africanos que perecen diariamente en el Mediterráneo, mientras huyen de las guerras, la miseria y la devastación de siglos de colonialismo y expoliación por parte de Europa. 
 
Por ello, subrayó, cuando estas organizaciones hablan de derechos humanos, parecen referirse, antes que a la defensa de unas condiciones inalienables para todas las personas, a un chantaje que los países del Norte ejercen para sojuzgar a las naciones que no se alinean o se oponen directamente a sus intereses.
 
Así, concluye Chardín, para promover, defender y financiar el capitalismo, el Estado necesita combatir a cualquier movimiento social que se oponga al desempleo masivo, a la miseria, a la precarización laboral y a todos los desmanes del neoliberalismo, que impide, efectivamente, el goce y disfrute de esos derechos por parte de la mayoría excluida.
 
La hipocresía de los derechos humanos en América Latina 
 
Miguel Ángel Pérez Pirela estima que existe una gran hipocresía en el tratamiento de las violaciones a los derechos humanos en América Latina en instancias como la CIDH y el Grupo de Lima. 
 
En ese sentido, refirió que estas instituciones no han alzado su voz ante el hecho que durante 2020, en Perú han pasado por el cargo de ministro del Interior siete personas distintas, producto de violación a los derechos humanos de manifestantes, ni tampoco lo han hecho en contra del gobierno de Iván Duque, en cuya gestión se ha registrado el número más alto de masacres de su historia o de Sebastián Piñera, que lidera un país con un aparato represor heredado de una dictadura y que sigue cometiendo graves crímenes. 
 
En su lugar, tanto la CIDH como el Grupo de Lima han enfocado sus disparos hacia Venezuela, cuyo enfoque sobre las violaciones a los derechos humanos no se corresponde con las graves denuncias que a diario formulan en su contra y tampoco con la realidad de otras naciones latinoamericanas, en las que el tema es ignorado, simplemente porque sus gobernantes están alineados con el gobierno estadounidense. 
 
Así, de acuerdo con la información levantada por Front Line Defenders, 62% de los asesinatos por razones políticas que se suceden en la región, se producen en Colombia, México, Brasil, Guatemala y Honduras. Venezuela no figura en esta lista.
 
Por otro lado, un Informe Comisión Pastoral de la Tierra, indica que en Brasil, cada año se asesina a entre 60 y 70 líderes sociales. El dato, tampoco ha sido mencionado en ninguno de los numerosos informes que estas instancias que, supuestamente, velan por la salvaguarda de los derechos humanos en el continente. 
 
En 2017, en el contexto de las protestas tras una elección presidencial irregular, en la que observadores internacionales denunciaron manipulación y fraude, cuerpos de seguridad asesinaron a 31 personas vinculadas con la oposición, sin que la CIDH y la Corte IDH se pronunciaran al respecto. 
 
La historia se repite en Colombia, donde organizaciones de derechos humanos informan de más de 70 masacres durante 2020 y reportan que un líder campesino es asesinado cada día, como tampoco han manifestado «preocupación» por la reversión de las políticas de Estado tendientes a condenar a represores y torturadores de la última dictadura en Argentina, que tras una década de juicios y condena, recibieron beneficios por parte del gobierno derechista de Mauricio Macri. 
 
Sin embargo, para el experto, si se mira en contexto mundial, esta actuación del Grupo de Lima es consistente con la ya exhibida por otras coaliciones como la Liga Árabe y la Unión Africana, que han sido usadas por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN para atentar contra países que les son incómodos. 
 
Los derechos humanos en Venezuela
 
Pérez Pirela precisó que el gobierno venezolano ha reconocido las violaciones cometidas, sancionado a los transgresores y acordó la instalación de una comisión permanente de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para abocarse, si no a la erradicación, a la disminución de los delitos que entrañan violaciones a los derechos fundamentales.
 
La comisión renovó recientemente su mandato y el Estado venezolano ratificó su compromiso en la materia.
 
En contraste, en otros países de la región, no se ha hecho nada semejante y, por lo contrario, se elaboró un informe en el que se pretendió denunciar que el gobierno venezolano, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, comete y consiente violaciones sistemáticas a los derechos humanos. 
 
El texto, precariamente elaborado, fue desmontado por diversos analistas, que denunciaron, entre otras falencias, que en su construcción, los autores apelaron fundamentalmente a informaciones publicadas por medios de comunicación que son, de hecho, plataformas de propaganda de Juan Guaidó y en cuentas de redes sociales de activistas de la oposición y no conforme con eso, les dieron el carácter de prueba. 
 
Otra de las debilidades señaladas por los expertos que analizaron el contenido del informe fraudulento, es que contenía escasos testimonios de víctimas directas, de sus familiares e incluso, de ONG –incluyendo las que son abiertamente opositoras al gobierno venezolano–, una base fundamental para sustentar esta clase de denuncias. 
 
Adicionalmente, cuestionaron que se prestó nula atención al esfuerzo del Estado venezolano por sancionar y encarcelar a los violadores de derechos humanos.
 
Este ejemplo permite subrayar, en criterio del comunicador venezolano, la necesidad de poner siempre en tela de juicio la pretendida neutralidad que se le atribuye a los informes sobre los derechos humanos, pues las instituciones que los elaboran están financiadas o son controladas por los Estados Unidos, como ocurrió en Bolivia durante 2019, pues un informe publicado por la OEA denunciando un falso fraude electoral, sirvió de base para perpetrar un golpe de Estado. 
 
Finalmente, Pérez Pirela destacó la necesidad de recuperar la Doctrina Drago como principio fundamental para oponerse a la Doctrina Monroe, según la cual los países de América Latina son el patio trasero de los Estados Unidos. 
 
La Doctrina Drago, explicó, surgió a raíz del bloqueo naval que que Alemania, Italia y Gran Bretaña le impusieron a Venezuela en 1902 y reza que ningún poder extranjero puede usar la fuerza a fines de hacer efectivo el cobro de una deuda, sustentándose en tres principios: 1) la defensa irrestricta de la soberanía, 2) la negativa a la intervención armada para cobrar deuda pública y 3) el uso de cortes internacionales para dirimir las disputas.
 
Si bien ahora la razón de la injerencia no es el cobro de deudas públicas sino las presuntas violaciones a los derechos humanos, acompañados de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo y la «guerra preventiva», en su opinión, debe invocarse un principio semejante para proteger a la región de los inevitables conflictos que tendrá que enfrentar, como el ya anunciado por el control de las fuentes hídricas. 
 
De lo contrario, concluyó, acabará por concretarse el desplazamiento de la soberanía y la autodeterminación como paradigmas del Derecho Internacional, al llamado «intervencionismo humanitario» o la «responsabilidad de proteger», incluyendo su variante regional «el principio de no indiferencia», que se sustentan en la interpretación y uso discrecional de la imposición de la paz por la fuerza, contemplada en el artículo 7 de la Carta de las Naciones Unidas. 
 

(LaIguana.TV)