En el Día Mundial de los Derechos humanos, el 10 de diciembre, el programa Desde donde sea abordó una de las más amargas ironías del mundo actual: las grandes potencias de la  hegemonía capitalista, en nombre de tales derechos, los violan de manera descarada, al bloquear, atacar militarmente y aplastar a países del sur geopolítico.

El conductor del espacio, Miguel Ángel Pérez Pirela, partió de una pregunta doble: ¿Qué son los derechos humanos y cómo se utilizan para bombardear países?

De entrada, señaló que la doctrina sobre derechos humanos es uno de los grandes avances de la humanidad en toda su historia. En la actualidad se han centralizado en organismos como las Naciones Unidas, pero tienen una larga historia desde el ius gentium, los derechos que todos deberíamos tener en común más allá de todas las esencias o formas, pues tienen que ver con el ser, con la sustancia. El ser es la persona; la esencia son sus características físicas, culturales, etcétera.

“Ya Fray Bartolomé de las Casas, en el Medioevo, contribuyó a estos avances al incidir en la discusión sobre si los indígenas tenían alma. Se debatía sobre si eran humanos y, en consecuencia, tenían algún tipo de derechos. Pero, en los tiempos recientes, los derechos humanos se han usado para bombardear países como Afganistán e Irak, Muchas potencias del norte, en nombre de ellos, invaden, aplastan, sancionan, bloquean a países del sur del mundo. ¿No es en nombre de los derechos humanos que precisamente se coartan los derechos humanos?”, recalcó.

Sostuvo, a lo largo de su disertación, que en la aplicación de los derechos humanos se imponen criterios políticos. Los países dominantes y sus satélites con gobiernos de derecha, violan los derechos humanos y no les ocurre nada. Los países rebeldes al sistema hegemónico, en tanto, son acusados de cometer violaciones y, con base en tales señalamientos, se les agrede.

“Para muestra un botón: El colectivo que aglutina las iniciativas por la liberación de los presos políticos en Chile convocó una protesta durante este el Día Internacional de los Derechos Humanos para exigir la libertad de los reclusos apresados durante el denominado estallido social que ese país vivió en 2019. Carlos Margotta Trincado, abogado y presidente de la Comisión Chilena de DDHH, indica que uno de los propósitos de la manifestación es exigir una reestructuración en las fuerzas de orden público chilenas”.

Según el filósofo y analista político, lo que pasa es que Chile tiene buena prensa en materia de derechos humanos. Una expresidenta chilena dirige el organismo que vela mundialmente por los derechos humanos, pero no interviene a favor de las víctimas en su país. En cambio, en países como Venezuela o Cuba, con mala prensa sobre el tema, los derechos humanos son excusa para atacarlos. “En nombre del derecho a la vida se asesina a miles de personas; se equipara el derecho a la libertad de expresión con el derecho de los dueños de medios de comunicación”, acotó.

Abundando en el ejemplo chileno, expresó que tanto la Constitución como los grupos represivos de ese país tienen una raíz dictatorial, pues son hechuras del sangriento régimen de Augusto Pinochet.

Añadió que la Comisión Chilena de derechos humanos denunció a Carabineros de Chile por el uso ilegal de elementos disuasivos en las manifestaciones, que incluso pueden causar la muerte. Por su parte, parlamentarios opositores a Sebastián Piñera pidieron un indulto a los manifestantes, excepto los que fueron puestos bajo arresto por actos terroristas”.

“La pregunta es por qué no se habla de esto, por qué cuando se habla de irrespeto a derechos humanos siempre se habla de los mismos países. Cada vez que se condena públicamente a un país por violar derechos humanos, ¿qué viene después? Aviones de la OTAN bombardeando pueblos supuestamente para defender su derecho a la vida”, dijo.

El concepto

Para tener claridad en lo que se entiende por derechos humanos, citó el concepto que maneja Naciones Unidas. El organismo mundial define los derechos humanos como inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna basada en raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, religión o cualquier otra condición.

Entre los derechos humanos se incluye la vida, la libertad, el no estar sometido a esclavitud o tortura, la libertad de opinión, expresión, educación y trabajo.

Desde el punto de vista histórico, el 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos y desde entonces, la fecha se convirtió en el Día Mundial de los Derechos Humanos.

Este año, la efeméride se centra en la Covid-19 y en la necesidad de reconstruir para mejorar. Proclaman que los derechos humanos han de ser la base para los esfuerzos de recuperación, pero hay demasiados pendientes por parte de muchos gobiernos en esta y en otras materias.

Según Pérez Pirela, las inconsistencias en materia de derechos humanos comienzan en la misma ONU, pues el muy elevado concepto que esa entidad postula no ha impedido que en varias ocasiones le haya dado el visto bueno a bombardeos de países, y en otras oportunidades, haya tolerado que se perpetren esas agresiones militares sin su apoyo, como lo ha hecho reiteradamente EEUU. “Tenemos que preguntarnos cuáles son los elementos de las Naciones Unidas para salvaguardar los derechos humanos, más allá de las declaraciones”.

Otros organismos internacionales también han cumplido roles muy cuestionables. Tal es el caso de dos entes dependientes de la Organización de Estados Americanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en ocasiones se han prestado para instrumentalizar las agresiones de EEUU contra países como Venezuela.

La CIDH y la Corte IDH rigen sobre 20 países que han aceptado su jurisdicción. La Comisión ofrece recomendaciones y la Corte dicta sentencias que los estados deben cumplir.

“Vemos en sus estatutos que la CIDH tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. De conformidad con el artículo 106 de la Carta de la OEA. Pero todo parece indicar que esa observancia es diferenciada: observa sin lentes a países como Colombia, donde hay masacres cotidianas, y se los pone para ver a Venezuela. Parece que solo defienden los derechos humanos en los países que les conviene a EEUU, nación que paga los gastos de la OEA y donde está su sede, en Washington, a pocas cuadras de la Casa Blanca. Nos debemos preguntar quiénes son los árbitros de estos organismos y a partir de qué moral, de qué fundamentos éticos y políticos señalan a unos países como violadores de derechos humanos y a otros ni siquiera los ven. Por ejemplo, les cuesta denunciar que en Chile existe una práctica sistemática de dejar ciegos a los manifestantes disparándoles a los ojos con armas antimotines”, enfatizó.

La hipocresía abunda entre los burócratas que integran estos organismos. Como prueba de ello mencionó el caso del secretario de la CIDH, el brasileño Paulo Abrao, que tiene en su contra más de 60 denuncias por abuso laboral y por ello ha sido cuestionado por el secretario de la OEA, Luis Almagro. Todo indica que hay una lucha de poder entre ambos. Almagro acusa a Abrao de impedir que se investiguen las graves acusaciones, apoyadas en testimonios que grafican la “pesadilla” vivida en la Comisión. Se le acusa de conflictos de interés, tratos diferenciales, retrocesos graves en la transparencia de los procesos, retaliaciones y violaciones al Código de Ética e impunidad para denuncias de acoso sexual. “Almagro dice que la CIDH debe tener al frente una persona con idoneidad personal, moral y profesional para el desempeño de sus funciones. Causa curiosidad sus acusaciones contra Abrao y sus reflexiones sobre cómo el sistema invisibiliza a las víctimas, las enmudece, las aplasta, cómo el acusado mueve el sistema, cómo el sistema lo arropa sin importar nada y aún menos los derechos de los vulnerados. Esto lo dice el mismo sujeto que propició un golpe de Estado en Bolivia y masacres contra la ciudadanía hace apenas un año. El mismo Almagro que promueve la intervención armada en Venezuela desde que asumió el cargo”.

El fondo del asunto

Para Pérez Pirela es evidente que el issue de los derechos humanos ha sido secuestrado por la cúpula del capitalismo hegemónico mundial para usarlo como instrumento de coacción y sometimiento de los pueblos.

“En pleno siglo XXI, nadie debe decirnos que en nombre de los derechos humanos se va a masacrar gente. Si quieren masacrarnos, bombardearnos y aplastarnos, que lo hagan en nombre de sus intereses, no en nombre de los derechos humanos”, protestó.

Citó a Robert Charvin, quien plantea que “se ha desarrollado un nuevo mesianismo, que ha sustituido a los precedentes (el de la ‘misión civilizadora’ de la colonización, por ejemplo): Occidente, con la Corte Penal Internacional presenta los derechos humanos como un Texto que las sociedades ‘desarrolladas’ revelan a las sociedades ‘en vías de desarrollo’, como si se tratara de que estas recuperasen de su retraso y abrazaran el progreso. Este coro de voces casi unánime a favor de la CPI, que incluso en sus orígenes incluía a numerosos países africanos, nos muestra un idealismo que no tiene en cuenta las realidades políticas y las relaciones de poder de la sociedad internacional”.

Recordó una entrega previa del programa, dedicada a profundizar en el concepto de comunidad internacional como una ficción que en realidad significa la imposición de las órdenes de EEUU y la Unión Europea al resto de los países.

Prosiguió con Charvin: “Tan pronto como las guerras coloniales terminaron con la victoria de los movimientos de liberación, después de que las tropas norteamericanas fuesen expulsadas de Vietnam, los ideólogos al servicio de los dominantes, seguidos con entusiasmo por sus Estados, ‘redescubrieron’ los derechos humanos, instrumentalizándolos contra el comunismo y las carencias democráticas de los Estados que lo encarnaban. Pasando la página de torturas y masacres practicadas en las antiguas colonias y en Vietnam, las potencias occidentales se colocaron a la ofensiva, sin el menor complejo, en nombre de ‘libertad’, ¡de la que se proclamaron los campeones!”.

Añade este autor que “muchas ONG de occidente, subvencionadas a menudo por los Estados y por fundaciones privadas, argumentan que es necesario respetar el derecho humanitario (algo indiscutible) y su papel preventivo (lo cual es dudoso)”.

Pérez Pirela respaldó este aserto, señalando el caso de Human Right Watch, ente pagado por EEUU que propicia la hambruna en Venezuela en nombre del derecho a  la alimentación de los venezolanos.

Continuando con la lectura comentada, detalló que vemos a fuerzas de seguridad repeliendo a migrantes en la frontera de EEUU y el mundo calla. Miles se ahogan en el Mediterráneo, el más grande cementerio al aire libre del mundo, y se trata de africanos que escapan de guerras impulsadas por EEUU y UE en nombre de derechos humanos. “Los reflectores, mientas todo esto pasa en el Mediterráneo se posan sobre naciones cuyos estados figuran como incómodos para el orden mundial establecido”.

“¿Entonces, hablamos de derechos humanos o de chantaje para la satanización de países soberanos? Durante varias décadas, toda la vida política fue examinada bajo la lente de los derechos humanos: se volvieron indignos aquellos que no se alineaban con la hipocresía e imposturas de los poderosos cuya indiferencia a la miseria del mundo permaneció sin embargo perfectamente estable”, añadió.

Para tratar de explicar por qué los derechos humanos se han convertido en instrumento para sojuzgar naciones, subrayó que “el Estado occidental, para defender y promover el capitalismo, necesita prepararse, no a una renovación del terrorismo vinculado a la llegada de migrantes, sino a cualquier movimiento popular que finalmente desafíe el desempleo masivo, la precariedad generalizada, la liquidación de servicios públicos y la protección social, una depredación cultural, una pérdida de sentido en todas las actividades humanas, excepto el de la búsqueda del dinero”.

El desparpajo

Insistió en que el doble rasero predominante en el tratamiento de los temas relacionados con derechos humanos es uno de los aspectos más indignantes.

“Esto se aprecia, por ejemplo, en la conducta de los países del Grupo de Lima. ¿Puede un grupo instituido por expresidentes y presidentes que atentaron y atentan contra los derechos humanos hablar de derechos humanos?  En el Grupo de Lima está Colombia, que ha roto este año todos los récords en masacres, pero que, con total desparpajo señala al gobierno venezolano de irrespetar los derechos humanos, y vemos que al planeta entero le parece espectacular esa actitud de Colombia”.

Aseguró que varios de los otros miembros del Grupo de Lima están en la misma situación. Mientras presionan por un cambio de régimen en Venezuela, sus cifras de asesinatos y desapariciones dejan mucho que desear.

“Según la organización Front Line Defender, 62% de los asesinatos por motivos políticos en América Latina ocurren en Colombia, México, Brasil, Guatemala y Honduras, no en Venezuela ni en Cuba. Pero Venezuela se ha tomado ya como el mal ejemplo universal en términos de irrespeto a los derechos humanos”, aseveró.

Los asesinatos selectivos en México están a la orden del día y uno de sus íconos es el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos por agentes policiales y de la mafia organizada, que sigue sin resolverse. Sumemos el hallazgo de doce fosas clandestinas halladas durante la búsqueda, donde había mucho más de 43 cadáveres.

En el caso de Brasil, según la Comisión Pastoral de la Tierra, cada año, desde 2013, son asesinados entre 60 y 70 líderes sociales y campesinos. Son hechos de violencia cometidos por la expansión del latifundio, el agronegocio, la minería y las grandes obras de infraestructura.

En Honduras, en 2017, grupos armados y cuerpos de seguridad asesinaron a 31 personas que protestaban por unas elecciones presidenciales irregulares y fraudulentas. Ni la CIDH ni la Corte IDH dijeron nada al respecto. “Callan, callan”, resaltó Pérez Pirela.

En Colombia llevan registradas más de 70 masacres solo este año y cada día se asesina a un líder campesino o social o a un excombatiente de las FARC-EP que se acogió al acuerdo de paz.

En Argentina, el gobierno de Mauricio Macri les otorgó beneficios y prisión domiciliaria a los represores de la dictadura militar.

EEUU utiliza coaliciones políticas para atentar contra países. Es el caso del Grupo de Lima en América, la Liga Árabe contra Siria y la Unión Africana, contra Libia.

Caso de Venezuela

El moderador dedicó un segmento a analizar el caso de Venezuela, cuyo gobierno ha reconocido las violaciones a derechos humanos cometidas en su territorio y ha acordado la instalación de una comisión permanente de la Alta Comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. “¿Se han creado comisiones similares en países vecinos que atentan contra los derechos humanos? No, en muchos casos no”.

Explicó que aun con esa comisión en funciones, recientemente se levantó un informe paralelo, realizado por una comisión ad hoc, de expertos contratados, en el que se denunciaron violaciones a derechos humanos atribuyéndoselas a políticas de Estado, pero expertos lo desmontaron al evidenciar varias debilidades e inconsistencias. Pérez Pirela, las reseñó:

En primer lugar, el uso privilegiado de redes sociales y medios digitales como fuentes de información para “probar” los casos en investigación. En este caso la parcialidad de la muestra contamina el resultado, dado que las supuestas fuentes  son reconocidos medios opositores y proclives a la estrategia de “cambio de régimen”: Infobae de Argentina, El Nacional de Venezuela, el Diario Las Américas y EVTV Miami, NTN24 de Colombia, etc.

En segundo término, los expertos cuestionaron el informe paralelo por el escaso recurso a testimonios de testigos y familiares, del orden de un 11,10% del total de las fuentes utilizadas, así como de víctimas directas (3,48%), ONGs (5,17%, aun cuando las hay opositoras y en grado sumo) o de partidos políticos (apenas un 0,28%).

En tercer lugar, cuestionaron la nula atención prestada al propio accionar del Estado venezolano a la hora de detectar, sancionar y eventualmente encarcelar a los oficiales de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones de derechos humanos. Elemento de importancia cardinal, ya que el eje de la denuncia no es solo la comisión o no de violaciones de derechos humanos aisladas, sino el debate en torno a si ésta es o no una práctica sistemática avalada, estimulada y encubierta por el Estado e imputable al gobierno.

Manifestó que poner en debate la neutralidad aparente de estos informes es de la mayor importancia, más aún cuando se ha constatado en fechas recientes la utilización de estos documentos para abonar al terreno a estrategias de intervención y golpes de estado en la región. Es importante recordar el informe de la OEA que supuestamente corroboraba un presunto fraude del MAS en las elecciones en Bolivia, el cual cumplió un papel inestimable en la escalada violenta que condujo al posterior golpe de Estado que derrocó a Evo Morales. Aunque el informe fue señalado como inconcluyente, tendencioso y metodológicamente amañado por diversos observadores y organismos, cumplió su papel a cabalidad cuando fue presentado, en forma adelantada, el 10 de noviembre pasado. 

“Esta es otra demostración de que la defensa de los derechos humanos en el hemisferio es una pantomima en muchos casos para aplastarnos”, remachó.

Recurrió a otros materiales recopilados por el Equipo de Investigación para señalar que es un buen momento para reaccionar contra las pretensiones imperiales, relanzando la Doctrina Drago. Esta doctrina fue anunciada en 1902 por el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Luis María Drago, en respuesta al no cumplimiento de la Doctrina Monroe por EEUU. Proponía tres elementos: la defensa irrestricta de la soberanía de las naciones latinoamericanas; la negativa a la intervención armada para el cobro de deudas públicas; y el recurso a la mediación, el arbitraje y los tribunales internacionales para dirimir una disputa.

Esta doctrina se originó en el contexto en el que Alemania, Gran Bretaña e Italia impusieron un bloqueo naval a Venezuela bastante parecido al que vemos en la actualidad. 

“El endeudamiento de los países latinoamericanos revitaliza la Doctrina Drago. Si en tiempos de la Doctrina Drago la morosidad de las naciones latinoamericanas asfixiadas por deudas públicas era un motivo frecuente de intervención (recordemos también el caso del México de Benito Juárez en 1861 o de Haití en 1915), en el siglo XXI la injerencia recurre a otros argumentos, acaso más complejos y sofisticados, lo que nos obliga a recalibrar los instrumentos de análisis. En particular, desde la post Guerra Fría y la construcción de un mundo unipolar hegemonizado por los Estados Unidos, los derechos humanos se han vuelto el centro de la narrativa intervencionista. El ‘combate a las drogas’, el ‘combate al terrorismo’ y la ‘guerra preventiva’ han orbitado, en general, en torno al monopolio de los derechos humanos como un bien inmanente de los países occidentales. Esto vale para Venezuela, Nicaragua o Cuba en nuestra región, pero también para Irán o Libia al otro lado del mundo”. 

“De hecho, la jurisprudencia internacional se ha ido desplazando peligrosamente desde los principios de soberanía y autodeterminación -pilares del orden internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial- hacia paradigmas como los del ‘intervencionismo humanitario’, ‘la responsabilidad de proteger’ o sus variantes regionales como el principio de ‘no indiferencia’. A nivel de las Naciones Unidas esto se expresa en la utilización discrecional del Artículo VII de su carta fundacional que prevé ‘la imposición de la paz’ por la fuerza, sea a través de presión diplomática, sanciones o ‘misiones de paz’, en desmedro del Artículo VI que, en sintonía con la Doctrina Drago, privilegia la mediación y una serie de mecanismos de arbitraje para el arreglo pacífico de controversias”. 

Concluyó que los países hegemónicos y sus satélites pretenden que hablar de derechos humanos sea hablar de algo inmanente, que les viene por naturaleza a los europeos y estadounidenses, cuando se trata de naciones que vienen de perpetrar, durante siglos, violaciones a derechos humanos, genocidios y colonialismo.

(LaIguana.TV)