En ocasión del naufragio en el que al menos 21 venezolanos perdieron la vida frente a las costas de Güiria (Sucre) mientras se dirigían a la vecina isla de Trinidad y Tobago, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos divulgó este martes 15 de diciembre un comunicado en el que se subraya «la necesidad de tomar acciones urgentes contra contrabandistas y traficantes», así como la urgencia de establecer «rutas migratorias regulares y seguras».

«Nos hacemos eco de los llamamientos del Acnur, la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones para que se realicen esfuerzos urgentes para detener a los contrabandistas y traficantes de personas que envían refugiados y migrantes en peligrosos viajes por mar«, reza una parte del texto.

Adicionalmente, se precisa que el incidente «representa una de las mayores pérdidas de vidas que involucran a refugiados y migrantes venezolanos que intentan cruzar el mar hacia Trinidad y Tobago» y por tal motivo, la instancia multilateral exhortó a los gobiernos de Venezuela y de Trinidad y Tobago «a coordinarse y cooperar para proteger la vida y la seguridad de los migrantes y refugiados», incluyendo en lo tocante a «operaciones de búsqueda y rescate efectivas en el mar».

La Oficina encabezada por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, insistió, asimismo, en que «es extremadamente importante que los dos Gobiernos se coordinen y cooperen con respecto a las rutas migratorias seguras».

En el documento se también se critica la política migratoria de la nación caribeña para con los migrantes venezolanos y hace referencia al incidente del pasado mes de noviembre, en el que 25 connacionales, incluyendo 16 niños, fueron expulsados por las autoridades trinitobaguenses y pasaron dos días en alta mar, hasta que un fallo judicial revirtió la expulsión y pudieron regresar a Trinidad.

«Una vez más, hacemos un llamado a los gobiernos para que detengan las devoluciones en el mar en violación del principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones colectivas y suspendan todos los retornos forzosos en medio de la pandemia de COVID-19, para salvaguardar la salud de los migrantes y las comunidades. Alentamos a los gobiernos a que, en cambio, proporcionen vías seguras y legales para que los migrantes regularicen su estatus y eviten el riesgo de deportación», se detalla al respecto.

Por último, desde la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le recordaron al gobierno de Trinidad y Tobago que «las vías de admisión y estadía deben ser consistentes con el derecho internacional de los derechos humanos y las consideraciones humanitarias e incluir el acceso al debido proceso y las garantías procesales».

(LaIguana.TV)