Desde 2017 el nombre de Tareck El Aissami se añadió al paquete de mal llamadas «sanciones» por parte de la administración estadounidense para así comenzar una narrativa que asegura sin pruebas de ningún tipo, que el actual ministro de Petróleo, es supuestamente uno de los cabecillas de una red internacional de narcotráfico que según Washington opera desde Venezuela y que ha sido etiquetada como «el cartel de los soles».

La figura de El Aissami para el régimen de los Estados Unidos es una de las principales en la lista de supuestos criminales venezolanos que forman parte de «la dictadura» de Nicolás Maduro. La importancia del exgobernador del estado Aragua ha llegado a tal punto que Estados Unidos puso una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre su paradero y 5 millones de dólares por su cabeza.

En un reporte de BBC Mundo se detalla que las autoridades estadounidenses pusieron precio a cualquier pista que lleve a la detención El Aissami, después de haberle incluido recientemente en la lista de delincuentes más buscados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos por narcotráfico.

De esta forma, Estados Unidos asegura que el dirigente venezolano de ser capturado y enjuiciado, se enfrentaría a por lo menos 30 años de prisión. El Aissami es nacido en Venezuela y tiene ascendencia de origen libanés y siria.

Además, dice la información referenciada en medios internacionales, que «según revelan fuentes gubernamentales norteamericanas consultadas por ABC, Estados Unidos, junto a El Aissami también está en la encabeza el empresario venezolano Samark José López-Bello, acusado de ser secuaz del político en un supuesto entramado internacional de venta de droga.

Estados Unidos se ampara en la ley de designación de narcotraficantes extranjeros, aprobada por el Capitolio en 1999 y en vigor desde 2000, permite dictar sanciones y solicitar extradición a quienes introduzcan cargamentos de droga hacia su país.

En marzo de 2019, un juzgado de Nueva York presentó cargos contra El Aissami y Bello por organizar y supervisar una gigantesca red de transporte de cocaína con aviones privados desde Venezuela a América del Norte. El 31 de julio de 2019 la cuenta oficial en Twitter del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos publicó una foto de El Aissami con el mensaje: «¿Ha visto usted a este fugitivo de los más buscados? Se le busca por narcotráfico».

Aunque es habitual que el FBI, la policía judicial de Estados Unidos, ofrezca recompensas por pistas que lleven a la captura de quienes están en su lista de delincuentes más buscados, es una práctica menos común entre las agencias migratorias.

Por ley, la orden de captura contra El Aissami puede afectar también a su familia, ya que las llamadas «sanciones» afectan a los «allegados de un traficante de drogas si se han beneficiado de las ganancias de esa actividad en los últimos cinco años».

El Aissami se encuentra en la lista de sanciones desde 2017, cuando el servicio migratorio comenzó una investigación por su presunta participación en un gran entramado de tráfico de droga al emplear, según Estados Unidos, vías de intermediarios a través de México, en particular del cartel de los Zetas.

Las acusaciones contra El Aissami toman en cuenta declaraciones de «informantes» como Rafael Isea y el general Christopher Figuera quienes actúan como «colaboradores» de Estados Unidos y han relacionado a El Aissami con el ingreso en Venezuela de grupos islamistas como la milicia libanesa Hizbulá, de la que según estos «informantes» se prestan «para lavar el dinero del narcotráfico». A Hizbulá, tanto Estados Unidos como la Unión Europea lo califican como «grupo terrorista», a pesar de que su brazo político es decisivo para el sustento del gobierno libanés.

Lo más reciente sobre el caso de El Aissami se registró este jueves 17 de diciembre, cuando fue liberado el piloto Michols Orsini, quien se encontraba detenido desde el año 2019 junto a otros dos ciudadanos por supuestamente estar vinculados con un presunto caso de violación de leyes antinarcóticos en los Estados Unidos, que guardaría relación con El Aissami.

La noticia fue reseñada por el corresponsal de The Associated Press, Joshua Goodman, mediante su cuenta en la red social Twitter donde expuso: “Coacusado de Tareck El Aissami es liberado de la cárcel, después de una serie de reveses en caso por violación de sanciones”.

“Michols Orsini puede preparar su defensa desde la casa, mientras su acusador, un informante del Gobierno, está encarcelado por haber mentido a agentes federales”, acotó Goodman.

Recordemos que recientemente el juez del Distrito Sur de Nueva York, Alvin K Hellerstein, había ordenado liberar al piloto. Según el árbitro, Orsini no podía preparar su defensa adecuadamente desde la cárcel, luego que los fiscales entregaran 6 terabytes de información tomada del computador del ciudadano Alejandro Marín. Este último, aparte de acusador, es considerado el “testigo estrella” del referido caso.

Orsini, de 42 años, fue detenido en marzo de 2019 junto al antiguo dueño de la compañía de alquiler de aeronaves American Charter Services, Víctor Mones Coro, por presuntamente haber violado la Ley de Designación de Narcotraficantes de Narcóticos Extranjeros, también conocida como Ley Kingpin. Posteriormente fue detenido en Miami, por este mismo caso, el piloto Alejandro León Maal.

Estos tres ciudadanos fueron acusados de organizar supuestos vuelos privados para El Aissami y el empresario venezolano Samark López. Orsini se declaró no culpable meses después de su arresto. Posteriormente, fue acusado de mentir a los agentes federales.

“El Juez Hellerstein parecía frustrado con la demora por parte de los fiscales en entregar las pruebas, diciendo que Orsini tiene un derecho constitucional al debido proceso. Pero advirtió a Orsini: ‘Si te fugas serás capturado y tu castigo será aún mayor’”, escribió Goodman en un tuit previo.

En la actualidad El Aissami sigue al mando de la Vicepresidencia del área económica. En febrero pasado, Maduro anunció un proceso de reestructuración de Petróleos de Venezuela (PDVSA), tras firmar un “decreto de emergencia energética” como respuesta a las medidas coercitivas impuestas por Washington a la la estatal petrolera así como a la rusa Rosneft por su relación comercial.

En ese entonces, Maduro nombró a El Aissami al frente de la comisión que emprendería los cambios junto a Asdrúbal Chávez, además de otros funcionarios militares, entre los que destaca el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

“Estoy poniendo todo el poder del Estado, del gobierno y de la nación para entrarle a PDVSA con todo», resaltó Maduro en aquel entonces.

El Gobierno de Venezuela y PDVSA se encuentran bloqueados por el régimen de los Estados Unidos desde 2019, una acción que tiene como objetivo derrocar a Maduro e imponer un gobierno de facto o una dictadura que obedezca a sus intereses económicos y geopolíticos.

En Venezuela más del 90% de los ingresos del país provienen de la extracción de crudo, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La caída en la producción de petrolera ha afectado seriamente las finanzas del Estado venezolano, así como también los bajos precios del crudo y las mal llamadas «sanciones» económicas de Estados Unidos, tanto en contra de PDVSA como de varios funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano.

Una situación que también se ve reflejada negativamente en el resto de la población que ha visto disminuir su calidad de vida y los servicios básicos fundamentales que se han deteriorado por falta de repuestos y la escasez de recursos.

(LaIguana.TV)