Este lunes 21 de diciembre, el embajador venezolano en Trinidad y Tobago, Carlos Amador Pérez, se reunirá con el primer ministro de de esa nación antillana, Keith Rowley, para discutir los asuntos migratorios, reporta EFE.

La agencia española refiere, citando una fuente confidencial, que la reunión entre Pérez y Rowley será en persona y se sucede al naufragio de una embarcación gestionada por traficantes de personas frente a las costas de Güiria, en el oriente de Venezuela, que dejó un saldo de al menos 29 víctimas fatales, según la información ofrecida el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

Previamente, las autoridades de la isla expulsaron a 16 venezolanos, incluyendo algunos menores y la embarcación en la que viajaban estuvo a la deriva en aguas del Caribe durante un par de días antes de volver a Trinidad, después de que un juez dictara una medida de respaldo a los migrantes.

Investigaciones realizadas por medios independientes como La Tabla y expertos en temas migratorios, como Cleophas Justine Pierre, han revelado la existencia de redes de trata y tráfico de personas desde Venezuela hacia Trinidad que están bajo el control de la Policía trinitense.

Adicionalmente, en el informe elaborado por Pierre y su equipo con datos entre 2011 y 2019, se precisa que «unas 17.136 venezolanas fueron víctimas de las redes criminales de trata en 2019″ y que el fenómeno ha crecido exponencialmente durante ese lapso.

Un portavoz del gobierno de Rowley le aseguró a EFE que el principal compromiso de las autoridades es con sus propios ciudadanos, pues «no puede esperarse que acoja a un número ilimitado de migrantes», si bien tras el naufragio de la semana pasada, la presión internacional sobre el país de organizaciones como Amnistía Internacional comienza a sentirse.

De momento, el gobierno trinitense anunció que extenderá hasta julio de 2021 una amnistía provisional que beneficia «a 16.523 venezolanos inscritos en ese país», recuerda la agencia española.

El vocero del gobierno de Trinidad y Tobago añadió que su país seguirá manteniendo su política de no injerencia en los asuntos internos de otros países, incluyendo Venezuela, por lo que se estima que la reunión entre el representante de Caracas y Rowley se ciña estrictamente a los asuntos migratorios.

Por otro lado, en un comunicado del Centro Caribeño de Derechos Humanos (CCHR, por sus siglas en inglés) publicado este 19 de diciembre, se indica que el elevado flujo de migrantes de Venezuela hacia Trinidad y Tobago impone solicitar los miembros de la Comunidad del Caribe que cooperen con lo que denominan «la crisis».

Adicionalmente, esta instancia recordó que Puerto España «tiene el deber de proteger los derechos humanos según lo establecido en su Constitución y las leyes del país, además de sus obligaciones como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA)», sintetiza EFE.

El escándalo del tráfico y trata de migrantes obligó al gobierno de Keith Rowley a tomar cartas en el asunto, más allá de la expulsión de venezolanos. En ese sentido, el premier anunció que se endurecerán las leyes contra estos delitos y se ejecutarán acciones concretas que prevengan la explotación de migrantes.

(LaIguana.TV)

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