El exjuez español y abogado defensor del empresario venezolano Álex Saab, Baltazar Garzón, reiteró durante una entrevista que ofreció al diario El Espectador que su defendido es «un enviado especial» del Gobierno de Venezuela que trabaja como un agente diplomático para asuntos con fines comerciales y que fue detenido ilegalmente por las autoridades de Cabo Verde en un proceso violatorio del derecho internacional que, además, vulneró sus derechos inherentes a la inmunidad diplomática establecida en las leyes globales.
La entrevista ofrecida por Garzón con motivo de cumplirse 6 meses del encarcelamiento arbitrario de Saab -el 12 de junio de 2020-, una acción calificada por la defensa del empresario como un secuestro que tiene como único motivo el interés político que pretende cargar sobre el diplomático venezolano el régimen de Donald Trump en los Estados Unidos.
En la entrevista, Garzón sostiene que Saab, obtuvo su cargo diplomático en abril de 2018 cuando fue designado enviado especial de Venezuela con el fin de lograr convenios comerciales para la nación que le permitiera al país adquirir alimentos y medicamentos básicos para satisfacer las necesidades de los venezolanos en medio del cruento bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos, la Unión Europea y otros gobiernos aliados al plan que pretende asfixiar a la población y desmejorar su calidad de vida.
Además, Saab tenía la misión de lograr convenios también para sostener los programas sociales del Gobierno que preside Nicolás Maduro, como también buscar negocios para el sector energético o conseguir combustible para Venezuela en Irán, debido al saboteo de Estados Unidos contra la industria petrolera venezolana que busca dejar sin carburantes al país, algo que ya sufren los venezolanos con la escasez de la gasolina que se da justo en plena pandemia por la COVID-19.
«Como enviado especial, el señor Saab es un agente político de la República Bolivariana de Venezuela y, como tal, tiene derecho a la inmunidad e inviolabilidad consagradas en la Convención de Viena, la Convención de las Naciones Unidas sobre Misiones Especiales y el derecho internacional consuetudinario. En el momento de su detención ilegal, el enviado especial Saab estaba llevando a cabo su segunda misión especial humanitaria a Irán», explicó Garzón.
Añadió que en el momento de la detención arbitraria por parte de las autoridades de Cabo Verde, obedecieron a una orden que les envió Estados Unidos, «Álex Saab portaba la debida documentación que acreditaba su calidad de agente diplomático. Sin embargo, las autoridades policiales ocultaron ese dato».
«Semanas después, descubrimos entre los enseres devueltos esa documentación y se interpuso la correspondiente denuncia que sigue su trámite. En resumen, un cúmulo de irregularidades hacen inviable la consideración del debido proceso, de acuerdo con la normas internacionales y nacionales en la materia», denunció Garzón sobre el caso Saab.
Garzón recalcó que tomó el caso porque aún cree en la justicia «independientemente de la política, raza o religión de la persona».
El abogado defensor también subrayó que las acusaciones de los Estados Unidos «están claramente motivadas políticamente y representan uno de los ejemplos más atroces de extralimitaciones jurisdiccionales que he visto».
«Además, un análisis detallado del fondo de las alegaciones de los Estados Unidos muestra que se basan en gran medida en pruebas e información proporcionada por testigos desacreditados. Su cooperación ha sido comprada mediante la concesión de la ciudadanía estadounidense, visas y más. Todo en algún intento desesperado de vincular al enviado especial Saab con sucesos en los Estados Unidos para asegurar el cargo de conspiración», recalcó.
Garzón también dijo que Saab, junto con el equipo defensor, «reconocemos el hecho lamentable de que su detención ilegal es parte de una acción de las autoridades requirentes mucho más amplio, que va más allá de la propia extradición y que escenifica o forma parte de la batalla política y económica de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela».
«También es muy probable que los responsables políticos y judiciales de Cabo Verde no sean conscientes del alcance de la instrumentación de la que están siendo objeto. Insisto en que no hay base para reclamar la extradición del agente diplomático Alex Saab y esta es la excusa para conseguir la entrega del mismo y utilizar el proceso penal como instrumento contra aquel país y sus autoridades en una modalidad de lawfare que en la administración norteamericana viene desarrollando desde hace tiempo con países y personas a quienes tiene como enemigos», precisó.
(LaIguana.TV)
