La justicia española decidió dar libertad condicional a dos prófugos de la justicia venezolana identificados como Claudia Patricia Díaz Guillén, exdirectora de la Tesorería de la Nación y exsecretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden); y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad del presidente Hugo Chávez.

La decisión de la justicia española se dio este mismo miércoles luego de que ambos fueran detenidos por la policía de ese país debido a una solicitud del régimen de los Estados Unidos por delitos relacionados con blanqueo de capitales, según informó la agencia Europa Press.

La detención se produjo por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) junto a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional de España Santiago Pedraz, en funciones de guardia, ordenó dejar en libertad a los dos prófugos y les impuso comparecencias cada 15 días así como el retiro de sus pasaportes.

De esta forma, dice Europa Press, el magistrado asume la petición de la Fiscalía y les prohíbe salir del país, «según han informado este miércoles fuentes jurídicas, que han señalado que el juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en funciones de guardia, se ha inhibido al número 4 por antecedentes».

Ambos implicados habían sido detenidos en abril de 2018 por el reclamo de extradición hecho por Venezuela. En aquel momento la captura se hizo después de que la Embajada de Venezuela en España emitiera una orden de detención por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y enriquecimiento ilícito contra Díaz y Velásquez.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó casi un año después, en febrero de 2019, que rechaza la extradición de ambos prófugos a Venezuela, alegando la “posible vulneración de derechos fundamentales” si eran entregados».

«Se trata de una decisión que adoptaron los magistrados por mayoría, pero no por unanimidad, tras estudiar los recursos que presentaron contra la decisión de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de autorizar su entrega a Venezuela», dice la mencionada agencia.

(LaIguana.TV)