Este miércoles, la agencia Reuters informó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos prorrogó hasta el venidero mes de julio de 2021, una medida que proscribe las transacciones relacionadas con los bonos de Petróleos de Venezuela pagaderos en 2020.

«La medida, con vigencia de siete meses, impide a los acreedores de PDVSA apoderarse de parte de las acciones de la filial de la petrolera venezolana en Estados Unidos, el refinador Citgo, que se utilizaron como garantía para el bono», se precisa en la nota de prensa firmada por el equipo de la agencia en Washington.

Se trata de la extensión de una medida idéntica cuya vigencia expiraría el 19 de enero de 2021, un día antes de que se concrete el traspaso de mando entre el presidente estadounidense saliente, Donald Trump y el vencedor de los comicios del 3 de noviembre, Joe Biden.

El gobierno estadounidense ostenta estas prerrogativas sobre el principal activo venezolano en el extranjero, gracias a las sanciones que paulatinamente fue implementando la administración Trump y al reconocimiento que hiciera Estados Unidos de Juan Guaidó como «presidente interino» de Venezuela, pese a que esa figura no está contemplada en la Constitución ni en las Leyes del país.

Tras esto, Guaidó y el grupo que le acompaña, se hicieron del control de Citgo en 2019 y desde entonces, la compañía, que ya venía sufriendo las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales, cayó en una barrena financiera propiciada por las acciones de este grupo político.

Las razones de esta presunta «protección», precisa Reuters, serían que «los funcionarios estadounidenses han argumentado que permitir que los acreedores controlen la compañía representaría un revés para la política estadounidense y de Guaidó».

Por su lado, el gobierno venezolano ha denunciado, con pruebas en la mano, que el sector extremista y antidemocrático de la oposición que encabeza el todavía diputado, se ha apropiado indebidamente –o ha facilitado que gobiernos y agentes extranjeros se apropien– de activos de la República en el exterior, de los cuales Citgo es un caso representativa, pero de ninguna manera el único.

Esta es una más de las acciones de la estrategia continuada que adelanta la Casa Blanca para derrocar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien se ha acusado sin pruebas y sin soporte legal alguno de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, de participar de actividades ligadas al narcotráfico y de amañar los resultados de las elecciones presidenciales de 2018, donde el mandatario se aseguró un segundo período presidencial que concluirá en 2024.

(LaIguana.TV)