En el transcurso de 2020, el Ministerio Público de Venezuela (MP) ha realizado más de 297.361 actuaciones, según consta en un informe presentado por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en un informe presentado a finales de noviembre, en ocasión del 51º aniversario de la institución.

Este año, a pesar de la pandemia, la Fiscalía venezolana ha avanzado causas en áreas de gran importancia, que incluyeron desde la investigación y sanción de delitos contra los derechos humanos, la integridad de las mujeres y el tráfico de personas, hasta la imputación de participantes en actos de terrorismo, sedición, latrocinio de los activos del Estado en el exterior, así como numerosos casos de corrupción dentro de las instituciones públicas.

A continuación, se ofrece un resumen de algunos de los casos más emblemáticos investigados por el Ministerio Público durante este 2020:

—Operación Gedeón

Probablemente se trate del caso más emblemático de este año, pues implicó la investigación e imputación expedita de 17 personas, incluyendo los mercenarios estadounidenses Airan Seth Berry y Luke Alexander Denman, quienes fueron contratados por Juan Guaidó y otros agentes de la oposición para ejecutar una incursión armada en Venezuela cuyo fin era asesinar al presidente Nicolás Maduro y a otros altos miembros del Gobierno Bolivariano, para instalar un régimen tutelado por Washington que implicaba la cesión de la soberanía nacional a un ejército invasor.

La acción militar tuvo lugar el pasado 3 de mayo, pero fue controlada por las autoridades de Venezuela y sus ejecutores, capturados. Mientras estaban bajo custodia, confesaron su participación en los hechos y aportaron detalles del contrato suscrito entre una empresa estadounidense, SilverCorp, propiedad de Jordan Goudreau, un exmarine estadounidense con experiencia en Irak y Afganistán y Juan Guaidó, Sergio Vergara y Juan José «JJ» Rendón, por el lado de la oposición extremista.

La versión de los detenidos fue rápidamente corroborada, pues Goudreau divulgó el contenido del contrato a medios estadounidenses y quedó claramente establecida la responsabilidad de quienes estaban detenidos en Venezuela y de los autores intelectuales, si bien estos últimos aún no han sido condenados por los graves crímenes.

A Berry y Denman se les impuso una pena de «20 años, 7 meses y 9 días de prisión» por los delitos de «comisión de conspiración, asociación, tráfico ilícito de armas de guerra y terrorismo» y recibieron beneficios por haber admitido su culpabilidad y por «haberse acogido a la figura de la delación», indicó Saab en septiembre.

Por su parte, Antonio José Sequea Torres –cabecilla del grupo, implicado en el intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019– y otras 14 personas fueron condenadas a 24 años de prisión bajo los delitos de de terrorismo, rebelión y conspiración, precisó el MP en una rueda de prensa.

Durante la investigación, las autoridades privaron de libertad a 82 personas y emitieron órdenes de captura para 104 más, pero 55 no se han podido concretar porque los solicitados gozan de la protección de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia.

—Privativa de libertad a Roland Carreño

El MP privó de libertad al dirigente de Voluntad Popular, organización política de extrema derecha liderada por Leopoldo López –prófugo de la justicia venezolana evadido en España– y a la que pertenece Juan Guaidó, por su implicación en una trama que implicaba el financiamiento de acciones terroristas con dineros pertenecientes a la Fundación «Simón Bolívar», una entidad perteneciente a la filial de Petróleos de Venezuela en los Estados Unidos, Citgo, con la que se financiaban tratamientos médicos costosos, especialmente en niños.

Concretamente, según reza en una nota de prensa del MP fechada el 29 de octubre, de los 8.500 millones de dólares extraídos irregularmente de la Fundación Simón Bolívar, «8 millones 500 mil dólares, han sido entregados 733 mil dólares a las organizaciones: Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática y un quinto partido con fuerza regional», según consta en un documento que fue encontrado en poder de Carreño.

Al político se le imputó por la presunta comisión de los delitos de conspiración, tráfico ilícito de armas de guerra y financiamiento al terrorismo. Al momento de su detención, portaba 12.000 dólares en efectivo y armamento de guerra con los seriales adulterados.

— Intento de despojo del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra

Otra de las acciones sin precedentes emprendidas por el MP este 2020, fue la emisión de once órdenes de captura contra pseudofuncionarios designados írritamente por Juan Guaidó, por su participación en el intento de despojo de las 31 toneladas de oro pertenecientes a la República que reposan en las bóvedas del Banco de Inglaterra.

Específicamente, el Fiscal General indicó que se había solicitado la aprehensión de los cinco integrantes de la pseudojunta directiva del Banco Central de Venezuela designada por Juan Guaidó y se procedió a congelar sus bienes y cuentas bancarias en el territorio nacional.

En esta misma acción, la Fiscalía también solicitó la captura del expseudo procurador general de Guaidó, José Ignacio Hernández y de dos funcionarios usurpadores adscritos a su pseudo oficina y de Vanessa Neumann, ex representante de Juan Guaidó en el Reino Unido, así como de los dirigentes políticos Julio Andrés Borges (Primero Justicia) y Carlos Vecchio (Voluntad Popular), «por actuar como falsos representantes de Venezuela que han intervenido en la apropiación del oro de la República», indicó el Fiscal General.

«Todos estos criminales han actuado para favorecer los intereses de potencias extranjeras, se han conjurado para hacer sufrir al pueblo venezolano por escasez de alimentos, medicinas y gasolina y además se han enriquecido, agrediendo al país», añadió entonces.

–Detención de gerentes de Petróleos de Venezuela por la filtración de información estratégica

El MP presentó en septiembre un escrito acusatorio en contra de los ciudadanos Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, exgerentes de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), quienes son procesados por la justicia venezolana por la comisión de graves delitos relacionados con manejos dolosos dentro de la industria petrolera y la filtración de información confidencial a medios de comunicación y redes sociales.

Al ofrecer detalles sobre el proceso judicial de Torrealba y Chirinos, Saab precisó que inicialmente fueron detenidos por la falsificación de un documento asociado al despacho de crudo y gas licuado a una compañía que no tiene relación con PDVSA, pero «en las averiguaciones sobre este hecho se descubrió un segundo hecho de mayor gravedad, siendo una fuga de información de carácter confidencial de la empresa en redes sociales y medios internacionales».

Los exaltos funcionarios –que son esposos– fueron detenidos el pasado 28 de febrero por la presunta comisión de reserva de divulgación o suministro de datos o información, corrupción propia y asociación, entre otros delitos.

El caso generó mucho revuelo, toda vez que las acciones de esta pareja, de acuerdo con el MP, «le permiten a los enemigos de Venezuela atacar a PDVSA y a sus socios estratégicos», ocasionando un daño considerable al país, en un contexto de asedio y sanciones impuestas unilateralmente por Estados Unidos.

Investigación en contra de Juan Guaidó por su aparente vinculación con otro intento de golpe de Estado

Antes de los sucesos de la fallida Operación Gedeón en mayo, el Ministerio Público citó al diputado Juan Guaidó en marzo por su presunta vinculación con un plan para derrocar al gobierno venezolano a través de una acción militar, que sería comandada desde Colombia por el exgeneral Clíver Alcalá Cordones, quien confesó el plan a los medios colombianos –denunciado días antes por Venezuela–, luego de que el Departamento de Justicia ofreciera una recompensa de 10.000 dólares por su captura.

La operación, que a la postre mostró sus nexos con la invasión fallida de mayo, fue descubierta luego que las autoridades colombianas detuvieran un camión con un arsenal de guerra destinado a Venezuela, durante un operativo rutinario en la ciudad de Barranquilla.

«Clíver Alcalá confesó públicamente su participación en estos hechos y que el intento de pasar estas armas hacia Venezuela para armar a grupos terroristas ha sido realizado por instrucciones directas de Juan Guaidó», precisó entonces Saab.

Por estos hechos fueron emitidas órdenes de captura contra Antonio Sequea Torres y Clíver Alcalá Cordones por la presunta comisión de delitos de traición a la patria, tráfico ilícito de armas de guerra, terrorismo, intento de magnicidio y asociación para delinquir.

El primero fue capturado en el marco del fracasado intento de incursión armada del 3 de mayo y condenado a 24 años de prisión, mientras que el segundo se encuentra bajo la protección del gobierno estadounidense.

Adicionalmente, el Ministerio Público, en cooperación con la Cancillería y la Defensoría del Pueblo, realizó el informe titulado: «La Verdad de Venezuela contra la Infamia: datos y testimonios de un país bajo asedio» en el que se ofrecen detalles acerca de las acciones emprendidas por el Estado venezolano para prevenir, investigar y sancionar violaciones a los Derechos Humanos.

Este documento fue entregado a los representantes permanentes en el país de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la misión de la Organización de Naciones Unidas y a los representantes de la Unión Europea, con el propósito de hacerle frente a la tentativa adelantada por sectores de la oposición antidemocrática, que con base en un informe tendencioso y fraudulento, pretendió «probar» que en Venezuela se cometen violaciones sistemáticas a los derechos humanos, con el respaldo del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

(LaIguana.TV)

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