Este mes se cumplen dos años desde que el diputado opositor Juan Guaidó se autoproclamara «presidente interino» de Venezuela, días después de haber asumido la jefatura de la Asamblea Nacional (AN) en enero de 2019.
Guaidó, hasta entonces un completo desconocido, saltó a la presidencia del Parlamento el 5 de enero de 2019 por dos razones: el pacto de partidos de oposición que había acordado rotar la jefatura entre los miembros del llamado G-4 (Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular), y la imposibilidad del resto de los líderes de su tolda –fundada por el prófugo Leopoldo López– de asumir el cargo en ese entonces porque estaban inmersos en procesos judiciales o fuera del país.
Días más tarde, el inexperto delfín político de López se aventuró a autoproclamarse en una plaza de Caracas como «presidente interino» del país, con el auspicio de EE.UU. Inmediatamente después, las naciones alineadas con Washington procedieron a reconocer al parlamentario, que inscribió su propio mantra en el vocabulario del país, al prometer el «cese de la usurpación, Gobierno de transición y elecciones libres».
Este martes, con la asunción de los diputados electos en la AN, Guaidó pierde el único espacio que estaba dominado por la oposición sin haber cumplido ninguna de las promesas de su manifiesto personal. Sin embargo, hay un hecho incontrovertible: gracias a él Venezuela ha sido víctima de la ronda más voraz de sanciones unilaterales, casi todas aplicadas por EE.UU. ¿Cuáles son las consecuencias?
Golpes directos a PDVSA
Apenas cinco días después de la autoproclamación de Guaidó en 2019, EE.UU. clasificó como «empresa designada» a PDVSA. Como consecuencia, todos los bienes y las participaciones de la estatal petrolera que se encontraban dentro de la jurisdicción estadounidense (incluyendo la filial CITGO) fueron bloqueados, y se prohibió que los ciudadanos y las compañías de ese país realizaran operaciones con la empresa venezolana.
Tras esta medida, contemplada en el Decreto 13850, Washington empezó una seguidilla de golpes contra la fuente que produce prácticamente la totalidad de las divisas de Venezuela. Además, en 2020, al no lograr la «transición» propuesta por Guaidó y la Casa Blanca, EE.UU. puso en marcha una misión naval en el Pacífico y el Caribe que, en la práctica, impidió el abastecimiento de gasolina y aditivos para la industria venezolana.
Esto implicó la debacle del abastecimiento de combustible en Venezuela, en medio de la pandemia de covid-19, por lo que el país suramericano le solicitó ayuda a Irán para reactivar la producción de crudo y abastecerse de combustible. Entre una sanción y otra, Teherán envió varios buques con suministros a Venezuela.
Sin embargo, semanas después, el gobierno de Donald Trump castigó a las empresas que estuvieron vinculadas a la operación de suministro, e incluso confiscó y subastó la carga de otros cuatro buques con combustible proveniente de Irán, que buscaba llegar hasta Venezuela con 1,1 millones de barriles de petróleo que ya Caracas había pagado.
Debido a todas esas medidas de fuerza contra la principal industria del país suramericano, las exportaciones venezolanas de crudo y productos refinados cayeron un 37,5 % 2020, comparadas con el año anterior; mientras que las importaciones de combustibles retrocedieron un 51 %, con respecto a 2019, según datos de la plataforma Refinitiv Eikon.
Contra privados nacionales y extranjeros
En agosto del 2019, la orden ejecutiva 13884 amplió el programa de sanciones a la categoría de «embargo» y procedió al bloqueo de todos los activos del Estado venezolano en territorio estadounidense, al tiempo que autorizó la aplicación de sanciones secundarias contra empresas o países que tuvieran relaciones comerciales con Caracas.
Eso dio pie a que, en 2020, AT&T cesara las operaciones de la empresa de televisión DirecTV debido a «discordancias» entre las sanciones impuestas por EE.UU. contra Caracas y las condiciones establecidas por el país suramericano para el funcionamiento del servicio.
En esa misma línea, a mediados de junio del año pasado, la Casa Blanca multó a la Compañía Panameña de Aviación, Copa Airlines, con 450.000 dólares, por supuestamente «transportar ilegalmente» a pasajeros entre EE.UU. y Venezuela.
Unas semanas después, el gobierno estadounidense incautó en Florida 81 vehículos, con un valor estimado de 3,2 millones de dólares, que se dirigían a Venezuela para reforzar los cuerpos de seguridad del país.
Sanciones personales
Entre 2019 y 2020, EE.UU. sancionó a diversos políticos, incluyendo algunos de la oposición venezolana, por haberse negado a reconocer y reelegir a Guaidó como presidente de la AN.
Pero lo más fuerte ocurrió cuando Mike Pompeo, a nombre del Departamento de Estado de EE.UU., anunció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que llevase al arresto o procesamiento de funcionarios venezolanos, incluyendo a Maduro, tras tildarlo de «narcoterrorista».
Con esta acusación también se designó a Venezuela como un Estado promotor del terrorismo junto a Siria, Corea del Norte, Sudán e Irán, lo que abrió una nueva puerta para la imposición de sanciones más severas.
En medio de este acorralamiento, el 31 de marzo de 2020, EE.UU. propuso levantar las sanciones a Venezuela solo si se formaba un gobierno de «transición democrática» con chavistas y opositores, pero «sin Maduro ni Guaidó», lo cual fue rechazado por el gobierno nacional.
Después, Washington ofreció 5 millones de dólares por información que llevase a la detención de Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien también fue sancionado. Siguieron en la lista, el hijo de Maduro y luego Indira Alfonzo Izaguirre, electa el 12 de junio como presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Días después de los comicios del 6 de diciembre de 2020, representantes de la empresa argentina, Ex-Cle Soluciones Biométricas (Ex-Cle CA), fueron incluidos en la lista de los llamados Nacionales Designados Especialmente (SDN, por siglas en inglés), de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por haber brindado acompañamiento técnico en el proceso electoral.
Las consecuencias
El 13 de febrero del 2020, Venezuela presentó «suficientes pruebas, evidencias y confesiones» ante la Corte Penal Internacional (CPI) para avanzar en una demanda contra funcionarios de EE.UU. por presuntos crímenes de lesa humanidad, «como resultado de la aplicación de medidas coercitivas ilegales adoptadas unilateralmente» contra el país. Todas y cada una de ellas solicitadas y respaldadas por Guaidó.
La información suministrada por el gobierno de Venezuela ante la Corte hace referencia a un aumento en la mortalidad general, infantil y materna, como consecuencia de las sanciones. Asimismo, destaca la disminución en las importaciones de alimentos, el aumento en el índice de prevalencia de desnutrición y la reducción del volumen de agua por habitante.
El gobierno venezolano estima así que la economía nacional perdió un estimado de 17.000 millones de dólares por año, como resultado de la primera ronda de sanciones económicas de 2017, y de 10.000 millones de dólares adicionales, producto de la última seguidilla de medidas coercitivas, iniciada por Guaidó en 2019.
¿Y ahora qué?
A horas de que Guaidó perdiera su investidura como diputado, EE.UU. emitió una declaración para mantener el reconocimiento a la Asamblea Nacional presidida por el opositor, cuyas actividades cesaron, legalmente, este martes 5 de enero, tras la juramentación de los 277 diputados, el pasado 6 de diciembre.
De esta forma, Trump autoriza a la antigua AN, a Guaidó o funcionarios designados por él «para actuar en nombre del Gobierno de Venezuela», convirtiendo a EE.UU. en el aval más sólido que tiene el opositor para tratar de mantener su reconocimiento. Sin embargo, no es poca cosa. Gracias a ese espaldarazo, el opositor ha cumplido en dos años una única promesa: ejercer la «presión internacional», en forma de sanciones, para asfixiar al país como medida de coerción para la salida del chavismo.
(RT)
