De acuerdo con una investigación periodística adelantada por el portal venezolano La Tabla, la Fundación Simón Bolívar, brazo social de Citgo Petroleum, filial de Petróleos de Venezuela en los Estados Unidos bajo el control del Proyecto Guaidó desde 2019, pasó de financiar tratamientos de pacientes crónicos, a desembolsar fondos destinados a operaciones sediciosas del ala antidemocrática de la oposición «e impactar mediáticamente».

La Tabla precisa que el viro se produjo cuando Mariela Poleo asumió las riendas de la Fundación en marzo de 2020 y según sus pesquisas, las acciones de la nueva directora, no solamente privaron a Venezuela de recursos esenciales para atender la pandemia, sino que además se cobraron la vida de Xioyerlyn Pocaterra, una niña acogida por el convenio entre Citgo y el Hospital Italiano-Argentino, quien falleció el pasado 5 de enero a la espera de un trasplante de hígado.

El medio refiere que Poleo es también una alta directiva de la estatal petrolera noruega Equinor, en la que labora hace más de dos décadas, llegando incluso a ejercer funciones como «contralora» de esa empresa en América del Norte.

Datos recabados por esta investigación dan cuenta de que Equinor «es una de las mayores productoras de petróleo y de gas natural costa afuera», por lo que el hecho que Poleo funja como presidenta de una fundación del Estado venezolano, es abiertamente conflictivo en su condición de empleada de una compañía estatal extranjera del mismo ramo.

De ahí que no sorprenda que haya optado por desviar dineros destinados a la atención de los efectos de la COVID-19 en favor de los partidos y dirigentes aglutinados en torno a Juan Guaidó, sino que, como pudo constatarse a partir de la confesión y documentos incautados a Roland Carreño, operador financiero de Voluntad Popular, la Fundación Simón Bolivar «no sólo cambió el destino de sus aportes para salud sino además se convirtió en la caja chica de la desestabilización», como apunta La Tabla.

Según las pruebas divulgadas por el gobierno venezolano en octubre, Carreño fungía como mediador-beneficiario de fondos malversados otrora destinados a la atención de pacientes oncológicos y con enfermedades graves, por el orden de los ocho millones de dólares, repartidos en pagos a los partidos Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y un «quinto partido con fuerza regional» cuyo nombre no ha trascendido, para que llevaran a cabo acciones insurreccionales.

El plan de pagos estipulaba que los depósitos debían hacerse entre el último trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021, si bien se ignora si los partidos recibieron algún dinero o si los montos se depositaron o se depositarán siguiendo el mencionado cronograma.

Adicionalmente, se preveía que «representantes de las estructuras de los partidos «recibieran «aportes especiales» que varían, según la posición ocupada en la jerarquía, entre los 1.000 y los 15.000 dólares.

Empero, como consta en conversaciones de WhatsApp que Carreño sostuvo con allegados y que fueran difundidas por el gobierno, una parte de ese dinero dispuesto inicialmente para sufragar gastos médicos de venezolanos, sería desviada para adquirir bienes personales, como una camioneta de lujo y un centro estético –spa– en una zona lujosa de Caracas.

(LaIguana.TV)

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