El canciller venezolano, Jorge Arreaza, informó este viernes que Venezuela elevará una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas por «la grosera injerencia del gobierno del Reino Unido» en los asuntos internos de Venezuela.
En un trino, Arreaza señaló que mientras ese país «secuestraba el oro venezolano» necesario para atender los efectos de la pandemia, financió a «medios y organizaciones de oposición», como consta en una investigación periodística realizada por Matt Kennard y John McEvoy y aparecida el pasado 6 de enero en Declassified UK, un medio independiente británico.
Según las pesquisas de Kennard y McEvoy, Londres estableció un proyecto de periodismo «para influir en la agenda mediática venezolana», al tiempo que «una fundación financiada por el Ministerio de Relaciones Exteriores» gastó 750.000 libras esterlinas «en un programa secreto de ‘promoción de la democracia'» en Venezuela, como parte de los esfuerzos que realiza el Reino Unido para deponer al Gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Declassified UK apunta que el propósito declarado de este proyecto periodístico es «la creación de una nueva plataforma que fortalezca la organización de los medios [sic] en toda la región y proporcione a los periodistas una plataforma en la que puedan colaborar y construir historias regionales», para lo cual invitan a los solicitantes a introducir presupuestos «hasta por 250.000 libras esterlinas», si bien un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores aseguró que en este momento «no es posible confirmar qué presupuesto estará disponible para este proyecto».
Se trataría de la reedición de una estrategia de guerra informativa utilizada durante los años de la Guerra Fría y que estuviera a cargo del Departamento de Investigación de la Información (IRD, por sus siglas en inglés), que, entre otras acciones, «intentó evitar que el socialista chileno Salvador Allende ganara las elecciones presidenciales de 1964 y 1970″y «‘cultivó asiduamente’ a uno de los principales editores de izquierda de Brasil, Samuel Wainer», como puede comprobarse en documentos desclasificados a los que tuvieron acceso los periodistas durante su investigación.
Oficialmente, la unidad cerró en 1977, pero ello no ha impedido que el Reino Unido continúe financiando proyectos periodísticos en América Latina para promover sus propias agendas políticas.
Así las cosas, ante una solicitud de Declassified UK a la cancillería británica amparada en la libertad de información, el ente «reveló que entre enero de 2016 y septiembre de 2018 financió al medio venezolano Fundación Efecto Cocuyo, así como al Instituto Radiofónico Fe y Alegría y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa».
El Ministerio de Exteriores británico también aseguró que el Fondo Nacional para la Democracia de los Estados Unidos (NED, por sus siglas en inglés), bajo la falsa defensa de la libertad de prensa, también ha financiado a medios y a periodistas alineados con la oposición venezolana, con la presunta idea de ofrecer «una mayor comprensión de los efectos secundarios de la corrupción y la actividad criminal» en Venezuela.
Al respecto, en el trabajo de Matt Kennard y John McEvoy se precisa que un proyecto financiado por la NED en 2017 cuenta con un presupuesto «de más de 60.000 dólares» y persigue como aparente fin «aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de contratación pública venezolana y fomentar la colaboración con periodistas de toda la región».
Esta narrativa de ausencia de libertad de expresión en Venezuela es secundada por otras organizaciones financiadas por la NED y que, aparentemente, gozan de prestigio internacional, como es el caso de Reporteros sin Fronteras.
Esta ONG acusa al presidente Nicolás Maduro de intentar «silenciar a los medios de comunicación independientes y mantener la cobertura de noticias bajo control constante» y describe el clima para los periodistas como «extremadamente tenso», particularmente desde 2016, al tiempo que minimiza las denuncias del mandatario sobre la guerra mediática, calificándolas de «un intento de desacreditar las críticas de los medios nacionales e internacionales a su administración».
Además, la Fundación Westminster para la Democracia (WFD, por sus siglas en inglés), contraparte de la NED en el Reino Unido admitió a Declassified UK que había trabajado con la anterior Asamblea Nacional dictando «sesiones» y «talleres», si bien declinaron especificar con cuáles parlamentarios se relacionaron y cuáles «miembros de la sociedad civil» y «académicos» habían colaborado en estas iniciativas, aduciendo que su silencio pretendía proteger la seguridad de estas personas.
