El titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno, denunció y advirtió este lunes 11 de enero ante presidentes de los tribunales y cortes supremas de justicia internacionales el escenario que se presenta en el proceso de reclamación del territorio Esequibo. 

A través de un comunicado oficial emitido a las mencionadas instancias del mundo, enfatizó que los acontecimientos del presente «supone un inminente peligro a la seguridad y estabilidad de la región, así como a la efectividad del derecho internacional». 

El magistrado expresó a sus homólogos que Venezuela jamás renunciará al derecho que por razones históricas, políticas y jurídicas le pertenece. De esta manera, llamó a quienes calificó «como guardianes de la legalidad y de la justicia para que a través de sus buenos oficios se mantenga la correcta aplicación del derecho, y así evitar que la paz y la estabilidad de la región sea amenazada con este tipo de acciones infundadas, las cuales lejos de responder a un verdadero interés de solucionar un conflicto que por siglos hemos mantenido, se quiere obedecer a intereses económicos y políticos de naciones que se pretenden imperios coloniales y que necesitan de manera urgente seguir explotando las riquezas y potencialidades de estos territorios».

Insistió en su disposición como representante del TSJ para establecer un diálogo jurídico respecto a este caso y fortalecer la verdadera eficiencia del derecho internacional.

Moreno hizo un recuento de hechos históricos para argumentar la razón de su país y además mencionó sobre algunas actuaciones de organismos vinculados al caso. 

En este orden de ideas, explicó que Venezuela no ha cesado en su reclamación por el mencionado territorio siempre bajo el respeto del derecho internacional y  los principios de racionalidad, equidad y justicia, por lo que considera el diálogo y los acuerdos mutuos como el camino para una » solución de esta controversia, la conciliación de las partes». 

«Desde el punto de vista histórico este territorio  es  de Venezuela, porque desde el año 1777, estaba dentro de los límites pertenecientes a la Capitanía General de Venezuela y en consecuencia, es territorio venezolano», citó la nota de prensa.

Destacó que lo expuesto anteriormente fue admitido por el Congreso Constituyente el cual se reunió  en 1830 en  Valencia en 1830 , para entonces «declaró la separación definitiva de Venezuela de la Gran Colombia y consagró el principio del ‘uti possideti iuris’ estableciendo que ‘el territorio de Venezuela comprende todo lo que antes de la transformación política de 1810 se denominaba Capitanía General de Venezuela’. Dentro de estos territorios se establecía la Guayana Esequiba, cuyos límites al oeste limitaba con los estados Delta Amacuro, Bolívar y parte de Brasil, y al este con el río Esequibo. Este criterio se ha mantenido hasta ahora y fue reconocido en el texto Constitucional vigente». 

Monreno subrayó que la autonomía de Venezuela en el Esequibo se basa en hechos históricos y geográficos, por lo que solicitó las Cédulas Reales, las cuales corroboran sus derechos históricos desde períodos coloniales. 

Consideró que Reino Unido actuó de forma «arbitraria y unilateral» al determinar «una nueva frontera al oeste del río Esequibo, con el único objetivo de ampliar su colonia en Suramérica (Guyana Británica) y más tarde publicar un nuevo mapa geográfico donde se establecía un límite fronterizo incluso hasta el margen del río Orinoco». 

La misiva precisó que Venezuela ha reconocido como nacionales a  todos los nacidos en los límites del territorio en reclamación ofreciéndoles identificación y la ciudadanía.  

Sostuvo que Venezuela ha empleado los medios pacíficos bajo el Acuerdo de Ginebra de 1966, no obstante «hemos sido sorprendidos por una reciente decisión del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas, António Guterres, de enviar el manejo de esta controversia a la Corte Internacional de Justicia, a pesar de que Venezuela nunca ha reconocido esta instancia como órgano competente para dirimir este conflicto».

Además, el 18 de diciembre del 2020 la Corte Internacional de Justicia ilegalmente y sin anuencia de una de las partes reconoció su jurisdicción y competencia para actuar en esta situación. «Como es bien conocido, la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, está condicionada al consentimiento común de las partes y a la suscripción del Acuerdo de Bogotá de 1948,  pero ello no ha ocurrido en el presente caso», acotó la comunicación. 

«Es inadmisible la actitud hostil que ha tomado la República Cooperativa de Guyana al negarse sistemáticamente a negociar de buena fe, tal y como lo establece el Acuerdo de Ginebra de 1966, que comporta un mecanismo justo para la resolución al conflicto, obstaculizando las posibilidades de éxito y por consiguiente un arreglo beneficioso para las partes», puntualizó. . 

(LaIguana.TV) 

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