El rey emérito de España dispone de tres ayudantes de cámara en el emirato cuyos gastos financia este organismo público.

Desde su marcha en agosto, Juan Carlos I ha estado rodeado de varios interrogantes. Al advertir su salida de España, el rey emérito dejó en duda su destino. Cuando se confirmó que estaba en Abu Dabi, se dilucido sobre su salud o sobre un regreso en Navidad. Y a lo largo de estos meses también se ha cuestionado cómo se financiaba su estancia. Eldiario.es ha adelantado en exclusiva que es Patrimonio Nacional quien paga sueldos y desplazamientos del personal que le asiste en el emirato árabe.

Juan Carlos I, según el periódico digital, dispone de tres ayudantes de cámara. Los salarios y los viajes corren a cuenta de Patrimonio Nacional, un organismo público que gestiona y conserva el patrimonio artístico e histórico del país. Se trata, exponen, de «personal de libre designación contratado por Patrimonio Nacional que ejerce labores de asistencia al exjefe del Estado y que se organiza por turnos desde hace medio año». Además, Patrimonio Nacional asume los gastos derivados de su estancia en Emiratos Árabes Unidos, tal y como consta en unas facturas emitidas por la empresa Viajes El Corte Inglés a las que ha tenido acceso el diario.

El gasto total, solo de los billetes de ida y vuelta a Abu Dabi para estos tres asistentes en agosto, ronda los 4.000 euros. Sin incluir alojamiento, dietas o sueldo. Salen, supuestamente, de la delegación de Patrimonio Nacional de El Pardo, la que gestiona la Casa Real. Es la primera ocasión en la que se da información sobre los costes del rey emérito en Abu Dabi hasta ahora. Y no está incluido nada más que lo referente a este personal. Ni el Gobierno, ni el portal de Transparencia ni el Congreso de los Diputados ha facilitado hasta el momento ningún dato público.

Son personas eventuales, dependientes de Patrimonio, que están asignadas al servicio de la familia real en la RPT [Relación de Puestos de Trabajo] de Presidencia del Gobierno y cada uno tiene unas funciones determinadas a las que están asignadas esas personas», han justificado fuentes de la Casa Real citadas por el medio.

La Casa Real percibe 8,4 millones de los Presupuestos Generales del Estado, pero aparte amplía las dotaciones con aportaciones de otros organismos como Hacienda o Patrimonio Nacional. Estos tres empleados, por ejemplo, están contratados a través de este organismo y ocupan las plazas de personal laboral (funcionarios o de libre designación) para servicios de especial confianza como mayordomos, amas de llaves o mantenimiento.

El Gobierno ha justificado que Juan Carlos I siga contando con ese tipo de asistentes de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente y ha señalado que el coste es asumido por Patrimonio Nacional a petición de la Casa del Rey. La entidad adscrita al Ministerio de Presidencia sufraga estos pagos, a pesar de que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, haya defendido en una entrevista que «el rey no tiene actividad pública ni vive con los recursos públicos». Por otra parte, el Ministerio de Interior se niega a detallar el dispositivo que tiene desplegado en Abu Dabi alegando que se trata de «información reservada».

«Dicha información implicaría conocer el dispositivo de seguridad del rey emérito dejando con ello en evidencia las fortalezas o vulnerabilidades derivadas de dicha información, lo que afectaría a la integridad de dicha persona y de los encargados de su protección», respondieron desde el Portal de Transparencia a eldiario.es.

Tal información se ha sumado a los diferentes escándalos de la monarquía en los últimos meses. Juan Carlos I se ha visto envuelto en procesos judiciales debido a una supuesta donación millonaria desde Arabia Saudí, por extracciones ilegales de dinero, por un presunto blanqueamiento de capital a través de una entidad offshore y por mediar en negocios de ambos países. Unas actividades que hicieron que su hijo, Felipe VI, le retirara su asignación del palacio y que el pasado mes de diciembre regularizara movimientos opacos de cuentas pagando 678.000 euros a la Agencia Tributaria.

Estas supuestas actuaciones ilegales también han provocado muestras de descontento en la opinión pública y movimientos políticos para crear una comisión de investigación. El 12 de enero, los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados se mostraron favorables a abrir esta denuncia procedente de Unidas Podemos. Sin embargo, PSOE, PP y Vox lo han rechazado. Los socialistas (que gobiernan con mayoría en coalición) se han volcado en distinguir el reinado de Felipe VI del de su padre y han alabado la renovación del actual monarca.

Otros grupos parlamentarios sí que han insistido en investigar a Juan Calos I. «Patrimonio Nacional paga la lujosa vida del rey huido. Qué monumento más campechano. No son suficiente sus millones de euros en paraísos fiscales, le tenemos que seguir pagando con dinero público todos sus caprichos. Mientras, la derecha y el PSOE se niegan a investigarlo», han escrito desde Unidas Podemos en Twitter.

«A ver si el Gobierno nos explica por qué un rey fugado es Patrimonio Nacional», ha dicho el líder de Más País, Íñigo Errejón. Jon Iñarritu, diputado de EH Bildu, ha indicado que “es incomprensible que el Gobierno siga sufragando a través de Patrimonio Nacional los gastos de quienes ayudan al emérito en su estancia dorada” y ha exigido explicaciones.

(Sputnik)

 

 

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