El juez de Delaware, Estados Unidos, Leonard Stark volvió a autorizar este jueves —14 de enero de 2021— a que se proceda con la venta de las acciones de la refinería venezolana CITGO, filial de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en suelo estadounidense, para supuestamente hacer la «indemnización a la empresa canadiense Crystallex» como recriminación a la medida del Gobierno venezolano, hace más de una década, cuando decidió revocarle el permiso de explotación de un yacimiento de oro operado por la minera canadiense en Venezuela.
Las concesiones para operar en el territorio venezolano fueron revocadas por el Gobierno de Hugo Chávez por no cumplir con normas ambientales y laborales. En el caso específico de la canadiense Crystallex, el pleito jurídico detonó cuando fue excluida legalmente de la explotación de la mina de oro “Las Cristinas”, debido a irregularidades en los requisitos ambientales, en 2011. A partir de allí, se inició una compleja trayectoria de demandas que resultaron, cinco años más tardes, en un fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) a favor de los demandantes.
A Venezuela se le exigió pagar un laudo arbitral de 1.200 millones de dólares más intereses para resarcir a Crystallex por sus supuestas inversiones perdidas en el país. En marzo de 2017, el Tribunal del Distrito de Columbia reconoció la ejecución del laudo.
José Ignacio Hernández, quien se autocalificó como «procurador» de la farsa de Juan Guaidó para robarse los recursos de Venezuela en el extranjero, simuló ser representante de los intereses de la República en el falso gobierno de Juan Guaidó, a pesar de haber trabajado para Crystallex. Él se encargó de diseñar el argumento que sustentaría el reclamo de la minera canadiense para quedarse con CITGO como forma de pago.
El caso llegó a los tribunales federales de Delaware y su resolución se complicó en 2019, con el ascenso de Guaidó en la estrategia de la Casa Blanca contra el gobierno venezolano. Al legitimar el “interinato” de Guaidó también cambiaban la cara de los actores demandados en las cortes estadounidenses, reflejando un choque de intereses.
Además, el juez federal de distrito Leonard Stark desestimó sendas mociones presentadas tanto por Citgo Petroleum y su matriz, PDV Holding (PDVH), como por Venezuela para frenar el embargo, cita un reportaje de Misión Verdad.
Las características de CITGO son bastante codiciadas: sus acciones están valoradas en 8.000 millones de dólares; cuenta con un complejo de tres refinerías en Louisiana, Texas e Illinois y una red de oleoductos que atraviesa 23 estados; suministra entre el 5% y el 10% de la gasolina que se consume en Estados Unidos.
Con sede en Houston (Texas), las tres refinerías de CITGO procesaban en conjunto alrededor de 750.000 barriles de crudo venezolano al día, así como una red de unas 10.000 gasolineras en todo el país.
En enero de 2019, días después de que el opositor Juan Guaidó se proclamara presidente encargado de Venezuela y recibiera el reconocimiento de Washington, el Gobierno de EEEU impuso sanciones a PDVSA que incluyeron el bloqueo de los fondos de Citgo con el objetivo de traspasarlos al equipo del dirigente de oposición.
El control de Citgo está en medio de la pugna entre el legítimo Gobierno de Venezuela y la farsa de Guaidó. Mientras, las autoridades de Estados Unidos reconocen a la junta directiva ad hoc de Guaidó, el Gobierno de Nicolás Maduro acusa a los opositores de apropiarse de un activo estatal.
«Acreditar la posición de Venezuela podría anular todo este litigio», argumentó este jueves el juez Stark, al puntualizar que Crystallex «ha prevalecido en todos los tribunales que han considerado cualquier aspecto de este caso».
Stark determinó que se designará un encargado de supervisar el procedimiento de venta, sobre el que ni Venezuela ni PDVSA podrán tener control, reseña la agencia española EFE.
Sin embargo, Crystallex deberá obtener una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) del Departamento del Tesoro para poder llevar a cabo la operación, debido a las sanciones impuestas por Washington al país caribeño.
En agosto de 2018, el mismo juez había autorizado la incautación de Citgo a favor de Crystallex.
Según el clan Guaidó —en un comunicado difundido en Caracas— puntualizó que si bien el fallo «favorece la petición de Crystallex», reafirma al mismo tiempo que «dicha venta no podrá realizarse mientras exista la protección conseguida por el Gobierno Legítimo a través del Departamento del Tesoro de Estados Unidos».
«Es fundamental tener presente que la filial petrolera y otros activos de la nación siguen en riesgo por culpa de las acciones irresponsables de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, quienes —junto a sus cómplices— comprometieron los activos de la nación de una manera inescrupulosa, sin importarles el bienestar de los venezolanos y el futuro del país», añade la declaración de Guaidó quien busca echar la culpa al chavismo, mientras por ningún lado mencionan que ellos son los principales promotores de estas acciones que buscan el robo y despojo de CITGO al Estado venezolano.
La minera canadiense reclama 1.400 millones de dólares por la nacionalización en 2008 del yacimiento de oro Las Cristinas, ubicado en el sur de Venezuela, que contiene uno de los depósitos auríferos más grandes del mundo, por lo que el embargo de las acciones de PDVH servirá para satisfacer parte de la deuda.
Un año después de que Venezuela cancelara la participación de Crystallex en el proyecto minero, anunció que acordó con la corporación estatal china de inversiones Citic Group el desarrollo de la mina de oro, de la que se estima pueden extraerse unas 13 millones de onzas de ese metal.
(LaIguana.TV)
