Narcoestados y caravanas de migrantes en centroamérica: La verdad que nadie dice (+Pérez Pirela)

Desde hace años, países centroamericanos padecen el drama de las caravanas de migrantes que pretenden llegar a los Estados Unidos, en las que miles de personas huyen de la violencia y de las precarias condiciones de vida a las que los someten sus gobiernos. 

 

Lamentablemente, ni siquiera la pandemia ha podido contener por completo este flujo constante de personas y a propósito de la caravana de más de 9.000 ciudadanos hondureños, incluyendo niños y adultos mayores, que se enfrentó a las fuerzas del orden de la vecina Guatemala y fue duramente reprimida, el filósofo, comunicador y analista político venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela abordó en su programa Desde Donde Sea, las causas detrás de este fenómeno, que si bien se ha agudizado por la crisis derivada del paso de los huracanes Eta y Iota, hunde sus raíces más de una década atrás, con el golpe de Estado que perpetró la administración Obama en contra del presidente progresista Manuel Zelaya. 

 

En contraste, refirió el experto, la mayor parte de los medios de comunicación han reseñado el evento como una consecuencia del paso de los huracanes, porque, en su opinión, esa omisión implica hablar de las condiciones que hacen que los hondureños y otros ciudadanos centroamericanos quieran llegar a toda costa a los Estados Unidos, que comienzan –pero no se limitan– con las medidas neoliberales que desde hace décadas se implementan en la región, causantes de las inmensas brechas sociales existentes. 

 

A su parecer, en el caso de Honduras hay que añadir el derrocamiento del presidente Manuel Zelaya hace 11 años, un evento que tuvo lugar durante el gobierno demócrata de Barack Obama, del cual el recién juramentado presidente estadounidense, fue vicepresidente. 

 

 

La semana pasada, relató el también director de LaIguana.TV, 9.000 hondureños se reunieron en San Pedro Sula, la segunda ciudad más grande del país, para emprender su camino hacia los Estados Unidos, pasando a través de Guatemala y México. 

 

Según las fuentes por él consultadas, si siguieran las rutas más cortas, que hasta Texas implicarían caminar unos 3.000 kilómetros y hacia California, unos 4.000, tendrían que sortear, además de a las autoridades, obstáculos y vicisitudes varias, que incluyen redes de tráfico de personas, actividades ilícitas y explotación sexual, el riesgo de contraer la COVID-19.  

 

De su lado, las autoridades de Guatemala, México y Estados Unidos dejaron claro que las caravanas de migrantes no serían toleradas y México reforzó la seguridad en su frontera con Guatemala, aduciendo la necesidad de prevenir nuevos contagios. También la cancillería de ese país exhortó a los países de la región a mantener los controles migratorios y sanitarios para evitar el colapso en el contexto pandémico. 

 

En las redes sociales circulan piezas audiovisuales en las que se muestra a los migrantes enfrentarse a la policía guatemalteca, que los reprimió duramente. Las fuerzas del orden admitieron que no querían dejarlos pasar, pero según los funcionarios, había demasiadas mujeres y niños para detenerlos por la fuerza y en su lugar, se ofrecieron a devolverlos a Honduras en autobús o camión, una oferta que apenas 1.600 personas aceptaron. 

 

En su lugar, las autoridades de Guatemala dijeron el pasado sábado que al menos 6.000 hondureños habían logrado traspasar la frontera y ya caminaban rumbo a México, una conducta que en juicio del analista venezolano, solo puede explicarse por la falsa creencia de que el arribo del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca, supondrá la puesta en marcha de una política migratoria más flexible que la de su antecesor. 

 

El enfrentamiento entre la caravana y la policía se produjo en la localidad de Vado Hondo, donde, según la declaración oficial, se le cerró el paso a unas 3.500 personas que fueron dispersadas con porras y gases lacrimógenos. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, informó que 11 migrantes y dos policías resultaron heridos en la refriega y aseguró que la masiva huida se explica por las precarias condiciones de vida en la región: funcionarios ligados al narcotráfico, corrupción desatada y lacerantes políticas de extorsión. 

 

Por su parte, Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos de Honduras denunció que «grupos de interés» –mafias o políticos– están detrás de estas caravanas migrantes. Aseguró que los migrantes estarían siendo usados como «carne de cañón» para sondear la respuesta del gobierno de Biden, de cara a elaborar estrategias que permitan mantener sus actividades criminales. 

 

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, pidió a su homólogo guatemalteco, Alejandro Giammattei, que investigara la represión desatada contra sus connacionales. Hernández dijo que si bien migrar era un derecho humano, instó a los ciudadanos a no exponerse en las caravanas, eludiendo toda la responsabilidad de su gobierno en este drama humanitario. 

 

A este respecto, Pérez Pirela trajo a colación lo denunciado por la Organización Cooperación Migrante, con sede en Guatemala, que responsabilizó directamente al mandatario hondureño y a su gobierno por «el debilitamiento de las instituciones del país», que en su empeño por implementar políticas personalistas que no responden a las necesidades de la población, han causado la desesperación de miles de personas. 

 

Adicionalmente, esta instancia aseguró que «las instituciones están compradas por el crimen organizado de cuello blanco», lo que se asemeja, desde el punto de vista del comunicador, a la narcopolítica que rige los destinos de países como Colombia. 

 

Cooperación Migrante recordó, asimismo, el tratamiento que el gobierno de Honduras le ha dado al asesinato de la activista Bertha Cáceres, pese a la evidente presión internacional que existe al respecto, para mostrar la indiferencia y desidia con la que han de lidiar los ciudadanos comunes, sin influencias políticas que puedan darle visibilidad a sus desgracias cotidianas.

 

La organización también denunció que en Guatemala se venden documentos a quienes quieren migrar, donde dice que no tienen COVID-19, por lo que existen redes que, además de sacar provecho de la desesperación de los migrantes, favorecen la transmisión del coronavirus en al menos tres países y a lo anterior, suman que hay maras y narcotraficantes que ven en los migrantes un producto rentable y explotan sexualmente a niños, niñas y mujeres. 

 

Por su parte, Casa Alianza Honduras indica que esta nueva oleada migratoria es consecuencia directa de la corrupción reinante, de los hospitales desbordados por la pandemia y del paso de los huracanes Eta y Iota, que dejaron a mucha gente sin techo y sin la posibilidad de recibir alguna clase de ayuda.

 

Refieren asimismo, que en la caravana había menores viajando solos y reportan que dos de ellos están desaparecidos, lo que en este contexto implica que podrían haber sido  secuestrados o asesinados, o bien víctimas de las redes de trata de personas o de la explotación sexual de los narcotraficantes, prácticas completamente habituales en la zona. 

 

Adicionalmente, estimaciones indican que para finales de 2020, cerca de 70% de la población alcanzó niveles de pobreza y se precisa que desde hace años, las bandas criminales tienen el control territorial y la presencia del Estado es casi inexistente. 

 

Para sintetizar, Pérez Pirela enumeró las razones que detonaron la organización de esta nueva caravana que pretende llegar a los Estados Unidos: violencia y pobreza exacerbadas, corrupción y caos en el manejo de la pandemia. 

 

Sobre esto último, señaló que desde el inicio de la pandemia, en Honduras han fallecido 3.354 por la COVID-19 y se han reportado oficialmente 143.111 casos positivos –con tendencia creciente–, sin que el país disponga de la capacidad para resguardar la salud de ciudadanos. 

 

Mientras tanto, Guatemala justificó el uso de la fuerza bajo el alegato de contener la pandemia, pero en opinión del analista venezolano, se trata de respuestas políticas ante la desesperación de un Estado que no responde a las demandas de sus ciudadanos. 

 

De acuerdo con medios locales, 25 personas detenidas tienen diagnóstico positivo y tuvieron contacto con cientos de personas en las caravanas y existe una preocupación real de que se produzca un episodio de propagación a gran escala, pues los gobiernos de los países que atraviesan los migrantes no tienen, la posibilidad de brindarles cuidados médicos, más allá de la prueba diagnóstica.

 

El golpe de Estado contra Manuel Zelaya: la causa eficiente tras las caravanas de migrantes

 

Para Miguel Ángel Pérez Pirela, el débil Estado hondureño, cuyo presidente, Juan Orlando Hernández está siendo investigado junto a su hermano por el Departamento de Justicia debido a sus nexos con el narcotráfico, es la resulta del golpe de Estado que perpetró el gobierno de Barack Obama en contra del presidente José Manuel Zelaya.

 

Si bien el evento ocurrió hace más de una década, recordó que Zelaya representaba una esperanza para el pueblo hondureño, pues durante su mandato se adscribió a iniciativas de integración progresistas como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y Petrocaribe, y estableció relación estrecha con los gobiernos de Hugo Chávez, Evo Morales y Raúl Castro, una afrenta que Washington no quiso dejar de lado. 

 

Por ello, cuando el mandatario anunció su intención de incluir una consulta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en las elecciones de noviembre de 2009, usaron la propuesta como excusa para sacarlo en pijama de su casa en la madrugada, montarlo en un avión y dejarlo en una base militar estadounidense en Costa Rica. 

 

A Zelaya le sucedió un gobierno de facto encabezado por entonces presidente del Congreso, Roberto Micheletti, con la venia de la Casa Blanca, que se encargó de organizar unos cuestionados comicios con los que arribó al poder Porfirio Lobo, en enero de 2010. 

 

Desde entonces y gracias a la «ayuda» estadounidense, aseguró Pérez Pirela, tanto las instituciones de ese país como las condiciones de vida de la población han sufrido un deterioro progresivo, sumiendo a Honduras en una situación caótica, que acaso el paso de los huracanes acentuó, pero que de ningún modo causó, como se han preciado en repetir en la mayor parte de cadenas televisivas y portales que han aludido al tema. 

 

En su criterio, es muy clara la responsabilidad de los Estados Unidos en esta tragedia, que además de lo relatado previamente, cuenta una larga tradición de injerencia en la región, que además de golpes de Estado y la aplicación de medidas neoliberales lesivas contra los más pobres, incluye la promoción y financiamiento de guerras civiles, en el marco de una supuesta cruzada contra el comunismo. 

 

 

La separación de niños migrantes de sus padres no es un fenómeno nuevo y, por eso, el experto venezolano recordó que desde 2018, cientos de miles de personas de América Central han formado parte de distintas oleadas migratorias hacia los Estados Unidos, principalmente desde México, Honduras y Guatemala y frente a esto, la respuesta del gobierno de Donald Trump fue el desprecio y la indiferencia.

 

Un trabajo periodístico realizado por la agencia The Associated Press (AP), indica que la administración Trump, pese a tener más de 10.000 camas vacías en albergues, antes de su deportación, mantuvo a niños durante semanas o días en hoteles, negándoles la oportunidad de quedarse con familiares o ‘sponsors’. 

 

Adicionalmente, AP aseguró que tras la implementación de esta inhumana política migratoria no estaba el gobierno federal, que delegó sus funciones en una compañía privada, que en algunos casos encerró a los menores en jaulas y permitió que algunos de ellos sufrieran abuso sexual, como consta en múltiples imágenes que dieron la vuelta al mundo. 

 

Esa fuente reportó que durante su mandato, Trump expulsó del país al menos a 2.000 menores que estaban solos, devolviéndolos a sus países de origen completamente solos y sin garantías de que recibieran cuidados y atención. 

 

La escandalosa situación levantó una gran polvareda, que llevaron a que activistas denunciaran que las autoridades estadounidenses, con la complicidad de grandes empresas, han creado un sistema en la sombras en el que no se rinden cuentas por expulsar a menores.

 

La pesquisa realizada por AP revela que los infantes fueron alojados durante días y hasta semanas en hoteles pertenecientes a la cadena Hilton, dos de ellos en Texas y otro en Arizona, sin que ningún funcionario tuviera que responder por lo que, a todas luces, supone una flagarante violación de los derechos más elementales de cualquier persona.  

 

Tres hoteles de la Cadena Hilton, uno en Arizona y dos mas en Texas. Se trata de un negocio. Al menos dos niños de menos de un año, pasaron dos días detenidos. Incluso, un niño de 5 años estuvo tres semanas solo en un hotel de Texas. 

 

En noviembre de 2020, dos niñas inmigrantes cuya deportación era inminente, remitieron una carta solicitando ayuda a Trump, a Biden y al Congreso, en la que incluso acusaron al gobierno de haberlas torturado, pues permanecieron un largo tiempo recluidas en un Centro de Servicios y de Control de Aduanas en el sur de Texas. 

 

Regresando al caso de la caravana, reiteró que uno de los principales detonantes fueron las expectativas que tienen los migrantes con el recién iniciado gobierno de Biden, bajo la falsa idea de que podrían llegar a obtener asilo en los Estados Unidos, pero pero olvidan que quien es hoy presidente, era el vicepresidente de quien dirigió el golpe de Estado contra Zelaya, causa innegable de toda la crisis institucional y social que ha vivido Honduras durante la última década.

 

Tampoco ha de perderse de vista, en su parecer, que durante sus ocho años de gobierno –en los cuales Biden sirvió como vicepresidente–, Barack Obama expulsó a casi 3 millones de personas indocumentadas, mucha más que las que deportó Donald Trump, a pesar de su discurso abiertamente racista y xenófobo. 

 

En la campaña, el ahora presidente ofreció mejorar las condiciones de los migrantes y oficialmente, miembros de su equipo ya anunciaron que la frontera «no se abrirá de la noche a la mañana», pero que iniciarán el proceso de reunificación de familias separadas en la frontera con México durante los primeros diez días de gobierno. 

 

Han dicho, además, que la idea es otorgarle la ciudadanía estadounidense a «ciertos migrantes», siempre que cumplan con un conjunto de condiciones en un plazo de ocho años. Una primera etapa consistiría en darles un Estatus Temporal de residencia con vigencia por cinco años, tras lo cual, si cumplen con lo establecido, podrán optar a la residencia permanente –la llamada ‘Green Card’– y solo tres años después podrían optar por la ciudadanía. 

 

La administración demócrata anunció que retomará el programa de protección de menores indocumentados –los ‘dreamers’ que se inició durante la era Obama y que Trump suspendió abruptamente, añadiendo que quienes ya formen parte podrán solicitar de inmediato la residencia permanente.

 

Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris, que es hija de dos inmigrantes y que por esa razón se le considera como una vocera autorizada y como una suerte de garantía en el cumplimiento de estas ofertas, ratificó lo anterior, precisando que se prevé reducir el tiempo necesario para obtener la residencia, que pasaría de trece a ocho años. 

 

Empero, Pérez Pirela no es optimista con respecto a estos anuncios, pues por un lado, las políticas migratorias de los demócratas no son un buen antecedente y tampoco lo es que esta reforma requiera de la aprobación del Congreso por mayoría calificada. El propio Obama vio frenado su intento en 2013 y la presencia de miembros de línea dura antimigración en el seno del Partido Republicano, tras cuatro años de Donald Trump, hacen todavía más complicado el escenario. 

 

Pero para quienes hoy hacen esfuerzos desesperados por llegar a los Estados Unidos en la caravana migrante, todos los caminos parecen estar virtualmente cerrados. Como parte de los datos del plan migratorio de Biden revelados por The Washington Post, se indicó explícitamente que solamente se beneficiarán de él quienes hayan estado en territorio estadounidense a inicios de 2021, un requisito que, por más que se esfuercen, no lograrán cumplir, concluyó el analista.