En opinión del economista venezolano Leonardo Buniak, la dinamización de la economía requiere la reactivación del consumo a través de tarjetas de crédito, hoy prácticamente en desuso debido al elevado encaje legal que ha dispuesto el Banco Central de Venezuela (BCV).
«Es urgente que se reactive el consumo, que regresen la tarjetas de crédito, para que se dinamice la actividad económica. Para eso hay que bajar más el encaje legal», dijo Buniak en una entrevista concedida a Noticiero Digital.
El encaje legal es una estrategia dentro de la política monetaria que le permite a los bancos centrales congelar un porcentaje de los depósitos del público, con el propósito de disponer de liquidez suficiente para hacer frente a un retiro masivo de fondos en una contingencia.
El directorio del BCV ordenó a las instituciones bancarias mantener «un monto igual al cien por ciento (100%) sobre el incremento de las reservas bancarias excedentes al cierre del 31 de agosto de 2018, una vez deducido el fondo de encaje ordinario y un monto fijo igual al cincuenta por ciento (50%) del monto del encaje especial constituido al cierre del 28 de diciembre de 2018», como consta en la resolución N° 19-01-02.
Posteriormente, el límite fue reducido a 93% y luego a 85%, ello con el propósito de reactivar la actividad productiva en el país. Dicho de otro modo: de cada 100 bolívares depositados en la banca por los particulares, 85 deben permanecer congelados, es decir, no pueden ser objeto de ninguna transacción.
Y si bien el profesional destaca que el encaje legal «es una medida que busca crear condiciones financieras para que el crédito se recupere y financie la actividad productiva generadora de empleo y crecimiento económico», los límites fijados en Venezuela impiden cumplir con este propósito y, antes bien, han conducido a la desaparición del crédito.
Explicó, asimismo, que la actividad generada por las tarjetas de crédito representa apenas el 3% de toda la cartera crediticia. En su parecer, las personas no pueden usar sus tarjetas de crédito en el país porque «los límites son insignificantes, ridículos».
De otro lado, detalló que en 2017, Venezuela «tenía una cartera de crédito de 12.000 millones de dólares (…) y al cierre 2020, la cartera consolidada no llega a 280 millones de dólares», un monto que se asemeja, según refirió, al que puede manejar una agencia bancaria de ciudades latinoamericanas de tamaño mediano como Barranquilla (Colombia) o Manzanillo (República Dominicana).
Buniak opina que aunque se haya bajado el anclaje legal al 85%, ello no se traducirá en un regreso de las tarjetas de crédito, porque -a su juicio- «el sistema bancario venezolano tiene el déficit de encaje legal más alto de toda su historia».
Con base en una tasa de anclaje legal del 93%, mencionó que la banca «tiene una cartera de 468 billones de bolívares» y en la cuenta corriente del BCV reposan 393 billones, lo que supone un déficit de 75 millones de bolívares derivado de la ausencia de disponibilidad de recursos, por la que la banca debe pagar al Estado una multa del «138% de interés anualizado», mas con la nueva reducción, las instituciones financieras podrán ahorrarse 40 billones de bolívares.
De lo anterior se desprende que, pese a que el nuevo límite de anclaje legal está fijado en 85% y no en 93%, el déficit no se elimina y con ello se imposibilita la ampliación del crédito bancario, indispensable, en el criterio de Leonardo Buniak, para financiar las actividades productivas.
Además de la reducción del anclaje legal, el economista considera que el Estado debería permitirle a la banca otorgar créditos en dólares, pues con ello «desaparecería la inflación y habría una mayor dinámica en la actividad económica», sintetiza Noticiero Digital.
Desde su punto de vista, las condiciones están dadas, puesto que «la economía venezolana ya está 100% dolarizada por el lado de la demanda» y «las transacciones en dólares superan el 84% a nivel nacional» y en su opinión, la dolarización no se ha decretado oficialmente ni se han autorizado medidas como la que recomienda, por razones estrictamente ideológicas.
Sin embargo, a contrapelo de lo que asegura Leonardo Buniak, existen razones jurídicas que impiden poner en práctica esas acciones. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 319 que «la unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el Bolívar» y en «caso de que se instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República».
(LaIguana.TV)
