Este lunes, la Unión Europea (UE) divulgó un informe en el que, además de repetir sus posiciones injerencistas acerca de Venezuela, hizo pública su decisión de dejar de reconocer a Juan Guaidó como «presidente interino» de Venezuela, pasando a nominarlo «interlocutor privilegiado», un término inexistente en el Derecho Internacional, con el que el organismo pretendería desandar la pauta dictada desde la administración Trump en 2019.
Sin embargo, como apuntó el filósofo, comunicador y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela en su programa Desde Donde Sea, el momento elegido para la declaración coincide, por un lado, con la investidura de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, la aprobación de un segundo juicio político contra el ahora expresidente Donald Trump, en el que además se pretende inhabilitarlo y el destape por parte de medios de comunicación no afectos al Gobierno del presidente Nicolás Maduro de múltiples escándalos de corrupción sucedidos durante la pseudogestión del llamado «interinato».
De otro lado, a propósito de las nuevas amenazas proferidas por la UE en relación con presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de Venezuela, el experto hizo un recuento de las masacres y asesinatos políticos cometidos en Colombia desde el inicio del año, situación sobre la que reina un silencio sepulcral y que da cuenta de la hipocresía y el doble rasero que aplican estas instancias sobre el tema, que acaso solo es utilizado de forma instrumental, según convenga o no para derrocar o fortalecer gobiernos.
El nunca presidente ahora es «interlocutor privilegiado»
A contrapelo de lo reseñado por los grandes medios de comunicación, el documento divulgado hoy por Bruselas, con el que oficialmente el exdiputado Juan Guaidó deja de ser reconocido como «presidente interino» y es designado como «interlocutor privilegiado», contiene escasas novedades.
Por ello, Pérez Pirela enfatizó que la narrativa con la que se condena al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, el desconocimiento de las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre y los señalamientos relativos a la presunta persecución de opositores y periodistas, así como las presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que hoy fue presentada como novedosa, reitera lo que ese ente ha dicho desde que optó por plegarse a los dictámenes de Washington sobre Venezuela y, antes bien, lo relevante es el eufemismo con el cual se degrada a Guaidó.
A su parecer, se trata de una suerte de «huida hacia adelante» con la cual el bloque comunitario pretendería corregir el haber apoyado, a instancias de Estados Unidos, al exdiputado venezolano para facilitar el derrocamiento de Maduro, aventura fallida a la que se arriesgaron líderes como Emmanuel Macron, Boris Johnson o Angela Merkel.
Para el analista criollo, la declaración difundida este lunes contiene pasajes de tinte marcadamente injerencista y neocolonial, pues amén de los ya conocidos «rechazos» –a Maduro, a las elecciones parlamentarias, etcétera–, los 27 Estados miembros se arrogan el inexistente derecho de indicarle a Venezuela lo que debe hacer para solucionar la crisis política, desde una superioridad ética e intelectual que claramente no poseen.
Así, aunque dicen lamentar que las elecciones legislativas de diciembre se realizaran sin un acuerdo nacional y carecieran de «garantías» para ser consideradas «libres», «transparentes» y «democráticas», el también director de LaIguana.TV recordó que la UE no quiso participar en los comicios como acompañante internacional, aduciendo que no tenían tiempo para preparar la delegación, aún cuando participaron en otros comicios de la región manejando estrechos márgenes.
En su opinión, se trata de una excusa a la que se apeló para no distanciarse de las instrucciones emanadas desde la Casa Blanca.
Además, destacó que no es cierto que las parlamentarias se realizaron sin acuerdo nacional, pues en ellas participó una importante cantidad de organizaciones políticas de la oposición a Nicolás Maduro y algunas conquistaron curules.
Desde su óptica, pareciera más bien que la UE pretende condicionar el reconocimiento de cualquier proceso electoral a la participación de actores de marcada vocación antidemocrática como Leopoldo López, Julio Borges y el mismo Guaidó, quienes sistemáticamente han desconocido el sistema electoral venezolano, aún habiendo sido electos bajo sus normas.
Adicionalmente, el ente reitera que no reconoce el proceso del pasado 6 de diciembre porque debido a la «falta de garantías» y «baja participación», «no es representativo de la voluntad democrática de los venezolanos», pese a que en esas elecciones se registraron índices de abstención muy similares a los computados en varios comicios recientes realizados en países que hacen parte del bloque.
Por otra parte, en una demostración de hipocresía y neocolonialismo, se exige «la liberación incondicional de todos los presos políticos» y «garantías» para que los ciudadanos puedan ejercer sus «derechos fundamentales», muy especialmente quienes formaron parte de la Asamblea Nacional electa en 2015.
Tal declaración, refirió el comunicador, se asemeja a los cuestionamientos que hiciera el Gobierno estadounidense contra Rusia por «arremeter» contra una manifestación no permisada, pese a que pocos días atrás, en el país norteamericano se reprimió y se contuvo a manifestantes que actuaron al margen de la ley, sin que eso constituyera un crimen o un objeto de crítica, como recordó el Gobierno chino.
De otro lado, al demandar la libertad de políticos pertenecientes a la legislatura 2016-2021, dejan de lado que muchos fueron indultados pese a haber cometido graves crímenes, como es el caso del exdiputado Freddy Guevara, responsable directo del asesinato de varias personas y que hoy goza de libertad plena en Caracas.
En todo caso, en el parecer de Miguel Ángel Pérez Pirela, impera tener claro que estas naciones no luchan por la libertad ni la democracia en Venezuela. Antes bien, se trata de todo lo contrario, pues su historial colonialista y genocida, da cuenta de sus verdaderas intenciones: la apropiación de los valiosos recursos con los que cuenta el país.
Así, la gran prensa y las Organizaciones No Gubernamentales alineadas y financiadas por estos países, actores relevantes dentro de esta nueva operación propagandística contra Venezuela, masificaron los puntos anteriores para intentar desplazar el hecho que Juan Guaidó pasara de ser «presidente interino» a formar parte de «un grupo de interlocutores privilegiados», visto lo visto, que ya no es diputado, ni presidente de la Asamblea Nacional y, por tanto, el pseudogobierno paralelo que intentó levantar, se quedó sin ningún soporte al cual asirse.
La UE advierte, asimismo, que impondrá nuevas «sanciones económicas» contra individuos y violadores de derechos humanos y reitera que «la única forma de salir de la crisis en Venezuela es reanudar rápidamente las negociaciones políticas y establecer urgentemente un proceso de diálogo y transición bajo el liderazgo de Venezuela, que lleve a elecciones legislativas y presidenciales abiertas, creíbles y transparentes».
De lo anterior, para el analista, la frase clave está en lo que llaman «proceso de diálogo y transición», pues con esto se refieren a conversaciones en las que el punto a dirimir es cómo abandonará el poder el gobernante que pretenden derrocar, so pena de dejar a la nación devastada, como ya hicieron en Irak, Libia o Afganistán.
Ante las denuncias de robo descarado por parte de Guaidó, la UE se deslinda
Desde el punto de vista de Pérez Pirela, otra de las razones por las cuales este documento, en mucho «refrito», fue divulgado, son los numerosos escándalos de corrupción protagonizados por Guaidó y sus pseudofuncionarios, divulgados inclusive por medios como The Washington Post o la periodista opositora Patricia Poleo.
Mientras tanto, en Venezuela, la Asamblea Nacional ha solicitado ayuda a los parlamentos de Paraguay, Argentina y España en la investigación contra Guaidó que adelanta una comisión especial designada por la instancia legislativa.
Jorge Rodríguez, presidente del legislativo, denunció negociaciones entre Guaidó y el Gobierno de Mario Abdo Benítez para condonar parte de la deuda de 360 millones de dólares que tiene Petróleos Paraguayos (Petropar) con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y en las que el mandatario y un familiar suyo estarían altamente involucrados.
Estos hechos fueron revelados al mundo por el diario estadounidense The Washington Post en un extenso reportaje publicado a inicios de enero, para el que se realizaron más de 20 entrevistas y revisión de documentos donde se da cuenta de los múltiples acuerdos adelantados por Javier Troconis, uno de los lugartenientes de Guaidó en el expolio de las riquezas nacionales.
En el caso paraguayo, Troconis negoció coimas por 25 millones de dólares y pretendía que Asunción depositara el dinero correspondiente al pago de la deuda rebajada en cuentas manejadas directamente por Guaidó.
Según el diario, Troconis, junto a otro pseudofuncionario llamado Fernando Blasi, lideran una trama de corrupción sobre los activos de Venezuela en el extranjero por el orden de los 40.000 millones de dólares.
Con el agua al cuello y develados sus tratos corruptos en instancias difícilmente asociables con la administración de Maduro, ahora miembros del gobierno usurpador como Julio Borges y Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia, demandan rendición de cuentas, investigación de las denuncias por presuntas «irregularidades» y «transparencia», en un intento por no hundirse en lo que ya parece naufragio inevitable, relató el comunicador.
De ahí que Borges, más que condenar los hechos, exigiera un pase a la ofensiva frente a la según él inevitable «guerra sucia» que se desatará en torno a estos eventos, pero parece olvidar que él y Guanipa fueron los artífices de la salida de Calderón Berti, «representante de Guaidó» en Bogotá, quien renunció a su pseudocargo en medio de denuncias relacionadas con manejos fraudulentos de la petroquímica Monómeros y de los fondos de la supuesta ayuda humanitaria.
A juicio de Pérez Pirela, toda esta parafernalia responde a la caída en desgracia del expresidente estadounidense Donald Trump, porque fue él quien les hizo ganar miles de millones de dólares.
En febrero, el exmandatario deberá enfrentar un juicio político con posibilidad real de ser inhabilitado permanentemente para el ejercicio de cargos públicos, por incitar a sus seguidores a asaltar el Capitolio el pasado 6 de enero.
Y si bien la decisión ya fue tomada, el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConell solicitó retrasar el juicio hasta mediados de febrero para darle tiempo a preparar su defensa. Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara Baja y reconocida adversaria de Trump, dijo que estará «atenta a la ecuanimidad del proceso» y que el imputado «tendrá el mismo tiempo para preparar su defensa que los legisladores que actuarán como fiscales».
En este caso, aunque el proceso no resultará en la destitución de Trump, los demócratas confían en que se apruebe la inhabilitación política, con el propósito de impedir que pueda presentarse a las elecciones de 2024, que muy probablemente ganaría, puntualizó el filósofo.
En materia de derechos humanos, el dedo siempre apunta a Venezuela, no hacia Colombia
Aunque en el informe presentado por la UE este lunes se amenaza con imponer más sanciones a Venezuela por presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos, Miguel Ángel Pérez Pirela aludió a las alarmantes cifras de asesinatos selectivos y masacres en Colombia, una realidad que es escasamente mencionada en la gran prensa y siempre obviada por esa instancia y por países como Estados Unidos.
Así, aunque según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), al menos 13 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados desde el 1 de enero de 2020. En ese mismo lapso, han sido ultimados cinco excombatientes de las FARC-EP, lo que significa que al menos cada dos días asesinan a alguien por razones políticas.
Adicionalmente, Indepaz reporta que durante los primeros 20 días de enero se han perpetrado cinco masacres.
Solamente en las últimas 48 horas se asesinó a un excombatiente y a una lideresa social, mientras que en la madrugada del pasado 6 de enero siete personas fueron asesinadas en dos puntos distintos del país, aunque estos terribles hechos fueron presentados por las autoridades como el resultado de «ajustes de cuentas».
Para añadir más gravedad a lo reseñado, desde el pasado año los asesinatos selectivos se han extendido a los adolescentes. La revista Semana reportó que entre los días 12, 17 y 18 de enero, grupos desconocidos asesinaron a seis jóvenes. El medio reconoce, asimismo que si bien un gran porcentaje de estos asesinatos ocurre en las zonas rurales, donde el narcotráfico y otras formas de crimen organizado operan con libertad, se han presentado casos aislados en los que jóvenes a los que de ningún modo se puede relacionar con esas actividades, han perdido la vida en contextos de masacre.
El antecedente más conocido de esto, rememoró Pérez Pirela, fue el asesinato de cinco adolescentes entre 14 y 15 años en Cali, el pasado 11 de agosto, quienes en lugar de ser reconocidos como delincuentes, realizaban labores comunitarias ampliamente reconocidas.
Inclusive, el pasado 21 de enero, la Organización de las Naciones Unidas le exigió al Gobierno de Iván Duque, «más avances en la seguridad de los exmiembros de las FARC-EP», pues solamente en 2020 paramilitares asesinaron a 73 combatientes, frente a la mirada indiferente del Estado.
Para finalizar, el analista apuntó que pese a la gravedad de lo denunciado, no es realista esperar que la UE, los Estados Unidos o los organismos internacionales emprendan acciones concretas o realicen condenas enérgicas frente a lo que son flagrantes violaciones a los derechos humanos, pues es conocido su doble estándar en estos casos.
(LaIguana.TV)
