Este miércoles 27 de enero, la Procuraduría Especial de la República del tinglado legislativo de Juan Guaidó emitió un comunicado para intentar justificar el pago del laudo arbitral dictaminado en contra de Venezuela por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en 2016, debido a la expropiación de 14 hatos, cuando en realidad buscan que, en contraprestación, la compañía inglesa no intente ejecutar la sentencia contra activos de Venezuela en EEUU o el oro depositado en los bancos de Inglaterra en los próximos 18 meses.
Así lo indican a través de un comunicado emitido por su oficina, es decir, una cuenta de la red social Twitter, donde especifican que durante la gestión de la Asamblea Nacional de 2015 se acordó el pago de 98.145.325 dólares por el valor de los activos expropiados, más 685.849,15 libras esterlinas por gastos legales ocurridos. Adicionalmente, otros cinco millones de dólares por concepto de intereses. La fecha acordada por el juez Thomas Hogan el pasado 19 de enero para el inicio de los pagos es a finales del mes de julio de 2022, cuando estiman que Nicolás Maduro esté derrocado.
Sin embargo, evitando el entreguismo que caracterizó a la gestión de la anterior Asamblea Nacional, Nicolás Maduro solicitó la anulación del laudo de agosto de 2016, ya que las expropiaciones de los hatos pertenecientes a la empresa británica Vestey Group Limited las realizó el presidente Hugo Chávez porque en esas tierras se practicaba la ganadería extensiva y se explotaba la mano de obra nacional.
Por su parte, el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla señaló el pasado sábado 23 que «La sentencia procura ‘titularizar’ la deuda comercial (plan Hausmann, Santos y Nacho de julio 2019), y al mismo tiempo proteger activos como Citgo en EEUU o (eventualmente) el oro en el Banco de Inglaterra».
El referido plan que indica La Tabla, no es otro que una orden ejecutiva emitida por Donald Trump en 2019 a solicitud de marzo de ese año de José Ignacio Hernández (pupilo de Ricardo Hausmann) y Carlos Vecchio, agentes designados por Guaidó, para garantizar los intereses de la burguesía comercial importadora y de las corporaciones globales de comercio como presuntos acreedores de la República.
El resultado de aquellas gestiones fue la «orden de protección de activos» con el equipo de Guaidó, que proponía establecer un tratamiento inclusivo de todas las reclamaciones cuyo origen sería de carácter comercial e igualitario, en el sentido de no establecer diferencias con los compromisos respaldados por títulos y bonos.
(LaIguana.TV)
