Este miércoles 27 de enero la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rechazó la tutela presentada por la defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, mediante la cual se solicitaba que se eliminara la calidad de imputado que se le otorgó el pasado 7 de noviembre de 2020.

En este sentido, según decisión tomada por el magistrado Rafael Enrique López, la tutela de Uribe es improcedente. De acuerdo a la Sala Penal, aunque el caso del exmandatario es de alta relevancia constitucional, debido a su carácter sui generis, no cumple con los requisitos para poder elevar una medida como esa.

“Se tienen que haber agotado todas las vías ordinarias y extraordinarias para poder alegar que el último recurso que quedaba era la tutela y acudir a ella”, indica el fallo.

El Tribunal Superior explica que la tutela de Uribe no es procedente pues “la actuación penal en su contra está en curso y, por lo tanto, la tutela no puede convertirse en un medio para crear procedimientos paralelos o alternativos a los fijados por el legislador, así que el problema jurídico aquí planteado corresponde resolverlo al juez penal”.

La Fiscalía, al Uribe quedar imputado, por ser la titular de la acción penal, es la que deberá decidir si presenta una solicitud de preclusión del caso, o si, por el contrario, radica el escrito de acusación en contra de Uribe, o si llega a un principio de oportunidad con él.

“Dependiendo de la salida procesal que se adopte, será el operador jurisdiccional ordinario y no el constitucional quien deba emitir decisiones de fondo respecto a la situación jurídica del accionante”, señala la decisión.

En el caso de que la Fiscalía decidiera acusar a Uribe ante un juez, tanto esta como la defensa del expresidente, y hasta la misma Procuraduría, podrían reclamar «la corrección del yerro invocado en esta acción de tutela». Solo así se podrían corregir posibles irregularidades en el caso.

Según la decisión, los magistrados no pueden aceptar la referida tutela pues eso “implicaría una interferencia injustificada en la órbita de competencia de la justicia ordinaria”.

El Tribunal Superior finalmente consideró que no existe un perjuicio que pueda afectar los derechos de Uribe. Destacó que el exjefe de Estado hoy día se encuentra libre y que, por este motivo, “no está en juego un riesgo inminente y grave sobre una garantía constitucional como es la libertad”.

La referida tutela, por cierto, fue solicitada el pasado 18 de enero por el abogado Jaime Granados, quien es el representante legal de Uribe. En la misma se alegaba que al exmandatario se le estaba vulnerando su derecho al debido proceso y a la defensa. La imputación, no obstante, sigue firme tras la decisión del Tribunal.

(LaIguana.TV)