Este miércoles, la venezolana Yacsy Álvarez Mirabal, sindicada junto al exgeneral Clíver Alcalá Cordones por las autoridades de Colombia de ser responsable del contrabando de un alijo de armas incautado por la policía de ese país el pasado 23 de marzo, denunció ante Noticias Caracol que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) estaba al tanto de la Operación Gedeón, acción sediciosa con la que se pretendió derrocar al presidente Nicolás Maduro el 3 de mayo de 2020.
Álvarez Mirabal dijo a Caracol desde la cárcel, que tanto ella como Alcalá Cordones estaban en comunicación y contacto permanente con un funcionario de la DNI de nombre Franklin Sánchez.
Según ella, tras la marcha del militar a los Estados Unidos bajo custodia de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), luego que el gobierno de Donald Trump pusiera precio a su cabeza por su presunta participación en delitos de narcotráfico, la relación se mantuvo.
Para refrendar esta denuncia, la defensa de Yacsy Álvarez mostró un documento firmado por el Director de Inteligencia y Contrainteligencia de la DNI, Jorge Miguel Padilla Ruiz, dirigido al fiscal a cargo del caso, Carlos Roberto Tribón, en el que se le solicita a su despacho la protección de la integridad física de la venezolana y la toma de previsiones para evitar su salida del país.
La comunicación comprueba que la administración de Iván Duque estaba al tanto de la existencia de la operación golpista, pese al empeño de las agencias de inteligencia en negarlo, pues le aseguraron a la cadena colombiana que desconocían que esa acción se estuviese fraguando en su territorio, puesto que Álvarez y otros capturados «no tenían armamento y manejaron siempre una fachada de albergues venezolanos».
El 03 de septiembre de 2020, Oscar Atehortúa, Director de la Policía Nacional de Colombia, anunció en una rueda de prensa que tras un trabajo de investigación de varios meses que contó con la participación de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), las fuerzas de seguridad habían capturado a Yacsy Álvarez Mirabal, Rayder Alexander Russo y a los hermanos Juvenal y José Sequea Torres por el contrabando de las armas incautadas en marzo y el entrenamiento de grupos paramilitares.
Entonces, Atehortúa aseguró que el grupo «planeaba usar el territorio colombiano para desestabilizar sus instituciones» y el mandatario de ese país, Iván Duque, dijo que la acción había sido financiada «por el régimen dictatorial de Maduro», pese a que todas las evidencias y testimonios muestran lo contrario.
Bogotá intentó desde el principio deslindarse de su responsabilidad en la Operación Gedeón, aún cuando el 1 de mayo la agencia The Associated Press (AP) publicó un extenso reportaje en el que se divulgaron los detalles de la incursión, incluyendo la existencia de un contrato firmado por Juan Guaidó con el exmarine estadounidense Jordan Groudeau, presidente de la contratista de guerra Silvercorp, que estaría a cargo tanto del entrenamiento de los mercenarios asentados en los campamentos de La Guajira, como de comandar la acción armada.
Pese a la gravedad de lo denunciado, la Casa de Nariño no ofreció explicación alguna y repitió lo que ya había hecho en marzo, cuando Alcalá Cordones admitió que estaba organizando una invasión irregular a Venezuela desde Colombia y que efectivos de la DNI estaban al tanto de sus movimientos: guardó silencio.
Venezuela logró desarticular la invasión paramilitar y capturó a los cabecillas Airan Berry, Luke Denman y Antonio Sequea Torres, quienes corroboraron todo lo publicado por AP y ofrecieron detalles adicionales a las autoridades venezolanas, cuya veracidad ha podido comprobarse en el tiempo.
Asimismo, después de anunciada la aprehensión de Álvarez, Russo y los hermanos Sequea Torres, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, declaró que Venezuela emplearía «todas las vías diplomáticas» para solicitar la extradición de los venezolanos, pues sobre ellos pesan órdenes de captura emitidas antes de que lo hiciera Colombia y por delitos aún más graves que los que en ese país se les imputan.
De otro lado, Noticias Caracol informó que la fiscalía colombiana pretende procesar a Russo Márquez y a los hermanos Sequea Torres «por su supuesta participación en el entrenamiento de grupos armados», si bien su abogado «avanza en un preacuerdo con la justicia colombiana», acaso con el propósito de evitar su extradición a Venezuela y que salgan a la luz más implicaciones del gobierno de Iván Duque con este intento de derrocamiento del presidente Nicolás Maduro.
(LaIguana.TV)
