Guaidó está desesperado por avances en el diálogo y señales de revisión del bloqueo (+Pérez Pirela)

El acelerado suceder de declaraciones, reuniones y anuncios dentro de Venezuela son indicio, en opinión del filósofo, comunicador y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela, del diálogo entre el gobierno encabezado por el presidente Nicolás Maduro y la administración Biden, así como con sectores de la oposición extremista, en este caso con la intermediación del gobierno de Noruega. 

 

De otro lado, el experto comentó las primeras órdenes ejecutivas sancionadas por el mandatario estadounidense, con las cuales intentaría dar marcha atrás a cuatro años de políticas erráticas en áreas estratégicas como salud, medio ambiente y migración, a lo que añadió una reseña de su gabinete, presentado ante la opinión como «diferente», «inclusivo» y «progresista», pero del que forman parte personajes que han apoyado y organizado muchas de las más deleznables acciones imperialistas de los últimos años.

 

 

En primer término, el comunicador aludió a una «rueda de prensa» a la que convocara un solitario Juan Guaidó, en la que, pese a su evidente devaluación en el escenario internacional, pues el Consejo de Europa y los gobiernos de Alemania y República Dominicana dejaron de reconocerlo como «presidente interino», anunció que se reactivarán las protestas antigubernamentales a partir del venidero 12 de febrero. 

 

Según Guaidó, quien deja de lado los riesgos y limitaciones que impone la pandemia relativos a la concentración de personas, el llamado a la movilización interna se basa en la premisa de que no se gana nada «siendo mayoría desde nuestras casas». 

 

En su intervención, que contó con escasa participación de los medios locales y de otros actores políticos, el exdiputado prometió anunciar en los próximos días los detalles de la agenda e insistir en presionar hacia «una transición» que conduzca a la realización de «elecciones libres, justas y creíbles»

 

Para Pérez Pirela es evidente que la cara visible de la oposición extremista está cada vez más solo y sus llamados son escasamente atendidos, aun dentro de las filas de quienes se oponen al Gobierno Bolivariano, que en lugar de respaldar sus iniciativas, lo someten a feroces críticas e insultos a través de las redes sociales, derivadas de su incapacidad para hacer frente a la crisis en Venezuela y a los escándalos de corrupción que en los que se ha visto envuelto durante sus dos años de pretendido interinato. 

 

 

El analista considera que están dadas las condiciones para que se consoliden los procesos de negociación y diálogo entre el gobierno y los representantes de la oposición –entre los que se incluye el gobierno de los Estados Unidos– y se alcancen acuerdos nacionales sobre temas acuciantes.

 

En su opinión, en este momento el presidente Maduro no solamente mantiene el Poder Ejecutivo, sino que cuenta con el apoyo de la mayoría en la Asamblea Nacional y es respaldado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

 

En contraste, Guaidó es detestado por los sectores castrenses por su política de entreguismo y contraria a los intereses nacionales, amén de haber perdido buena parte del respaldo internacional y de actores políticos en Venezuela que logró acumular al inicio de su pseudogobierno de usurpación. 

 

Así, a su parecer, el diálogo «corre a pasos agigantados», las negociaciones se están dando, el gobierno de Joe Biden «envió un mensaje» al suavizar levemente las sanciones que pesaban sobre las operaciones aeroportuarias en el país, «Leopoldo López sigue chateando y tratando de mandar en Venezuela por WhatsApp» y mientras tanto, la vida política en el país continúa sin quienes dicen hacer parte de un «gobierno interino» desperdigado por el extranjero. 

 

En este complejo estado de las cosas, comentó, Juan Guaidó,  que se autoproclamó presidente y sigue usurpando funciones, participó en dos intentos de invasión, en un intento de magnicidio, protagonizó una asonada golpista en compañía de Leopoldo López y un puñado de militares y se apropió –o intentó apropiarse– de los activos de Venezuela en el extranjero, no tendría otra salida más que fungir de moneda de cambio en un proceso de negociación entre las autoridades venezolanas y actores internacionales, muy especialmente la recién estrenada administración demócrata de Joe Biden. 

 

 

Miguel Ángel Pérez Pirela refirió, asimismo, que durante su alocución más reciente, el exparlamentario dijo que está dispuesto a canalizar el pago de Venezuela con la Organización Panamericana de la Salud para que el país pueda contar con vacunas anti-COVID-19 provenientes del fondo COVAX. 

 

Empero, subrayó que este anuncio demagógico deja de lado que la deuda que el Estado venezolano mantiene con la instancia sanitaria es consecuencia de las sanciones y bloqueos financieros que él auspició, así como que la vacuna que estaría disponible por esa vía, la sintetizada por AstraZeneca, requiere unas condiciones de transporte y almacenamiento que dificultan su distribución a gran escala.

 

Adicionalmente, este inmunizador exhibe niveles de efectividad mucho menores que la Sputnik V, vacuna elaborada por el Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, con sede en Moscú (Rusia), como consta en los estudios científicos publicados por la prestigiosa revista médica The Lancet, subrayó el también director de LaIguana.TV. 

 

Venezuela tendrá acceso a este fármaco, gracias a la alianza estratégica de primer orden que existe entre los gobiernos de Vladimir Putin y Nicolás Maduro, explicó, y no debido a nada que Juan Guaidó, –»que es un delincuente con una espada de Damocles sobre su cabeza»–, haya hecho al respecto.

 

En el marco del convenio con Rusia, las autoridades venezolanas adquirieron de 10 millones de dosis de la Sputnik V para iniciar la campaña de vacunación y, paralelamente, impulsan negociaciones con China y Cuba –que también han sintetizado sus propias vacunas– para conseguir dosis adicionales, detalló al respecto. 

 

Además, el presidente venezolano es el promotor de la creación de un banco de vacunas para todos los países que forman parte de la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), con el propósito de garantizar un acceso equitativo a la inmunización en las naciones que forman parte de ese bloque de integración. 

 

Por si ello no bastara, apuntó que Venezuela es uno de los países con menor número de infectados y fallecidos de COVID-19, en proporción a su población, como puede verificarse en las estadísticas disponibles. 

 

En contraste, apuntó, durante la pandemia, pese a su propaganda desesperada, Guaidó lo único que ha hecho es coordinar una invasión con exboinas verdes y mercenarios, con las que, además de derrocar al presidente Nicolás Maduro y asesinar a miembros prominentes de su gobierno, se pretendía disolver el Estado-Nación e instalar un gobierno teledirigido por la Casa Blanca. 

 

 

Este 2 de febrero, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, anunció por medio de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), que se autorizaban un conjunto de transacciones necesarias para el tráfico aéreo y portuario en Venezuela, que están a cargo del Instituto Nacional de Espacios Aéreos y Acuáticos, INEA. 

 

Aludiendo a lo reportado por el portal de investigación La Tabla, la emisión de la licencia 30A de este martes, significa básicamente que se mantienen las condiciones de contratación con el INEA, sin que esencialmente se aprecien cambios con respecto de la licencia original, que data de agosto de 2019. 

 

Así, relató, lo que confirma la licencia 30A es la prohibición de exportación de diluyentes para la Faja Petrolífera del Orinoco, lo que implica que se mantiene la sanción que afecta a la industria petrolera, principal fuente de ingresos del país. 

 

Empero, a su parecer es importante no perder de vista que esta medida, que fue dictada apenas dos semanas después de que Biden asumiera el poder, dice mucho de las sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela, pues hace dos años, Trump impuso un bloqueo de facto sobre la industria petrolera, cuyas consecuencias son inocultables.

 

Por ello, si bien el secretario de Estado, Antony Blinken, llamó dictador a Maduro y dijo que se enfocará en presionar a su «régimen» para lograr «una transición», señaló que Estados Unidos apostaría por una aplicación más eficaz de las sanciones. 

 

Dicho de otro modo,  pese a la virulencia de las declaraciones anteriores, la licencia debe interpretarse como un signo a favor de las negociaciones entre Caracas y Washington, sin relaciones diplomáticas desde que la administración Trump aupara la autoproclamación de Guaidó y lo reconociera como «presidente interino» de Venezuela, un par de años atrás.

 

Para Mariano de Alba, experto en relaciones internacionales, «la licencia es una primera señal de que hay disposición por parte del nuevo gobierno estadounidense a revisar el ámbito de aplicación de las sanciones impuestas en los últimos años y aclarar su alcance, para que el comercio y transporte de personas por parte de compañías internacionales no sea visto por sus asesores legales como excesivamente riesgoso», citó el filósofo. 

 

 

Con base en un artículo publicado en LaIguana.TV intitulado: «¿Un llamado desesperado? Grupo de Contacto emitió comunicado con una perla para la oposición», Pérez Pirela hizo referencia a la solicitud que le hiciera ayer el exhorto Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela (GIC) a la oposición.

 

Concretamente, el GIC «solicitó que se reanuden lo más pronto posible las negociaciones políticas» en Venezuela, «para que se establezca con urgencia un ‘diálogo inclusivo’ y un ‘proceso de transición’ que conduzca a ‘elecciones creíbles, inclusivas y transparentes'». 

 

En el comunicado, el grupo de países insistió en que debe conformarse un nuevo Consejo Nacional Electoral «independiente y equilibrado», algo que, a juicio del experto venezolano, sucederá sin ninguna duda, pues se ha instalado una Asamblea Nacional que cumplirá con ese cometido.  

 

De allí que cuando en el comunicado difundido por el GIC se asevere que el diálogo «será uno de los pasos necesarios para eliminar todos los obstáculos a la participación política, para que se lleven a cabo procesos electorales significativos. No puede haber democracia sin el compromiso de todos los partidos de respetar las reglas electorales básicas y el papel imparcial del CNE», lo que se está queriendo decir es que la oposición debe acudir a las urnas sin más pretextos. 

 

«Los miembros del GIC exhortan a las fuerzas de la oposición democrática a unirse como parte de un esfuerzo más amplio y concertado para un mayor diálogo, que requerirá compromisos difíciles si Venezuela quiere llevar a cabo una transición exitosa a la democracia, la estabilidad y la prosperidad», continuó citando Pérez Pirela. 

 

Desde su punto de vista, no hay ningún azar en que en el documento se insista en repetir la palabra «transición», puesto que de esa agrupación forman parte Argentina, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay, y es promovida por la UE y su representante para la política exterior, Josep Borrell, cuya postura injerencista es suficientemente conocida. 

 

En síntesis, el mensaje de este grupo es claro: le dicen a la oposición que vayan al diálogo, porque apostaron todos sus cartuchos a la política de Donald Trump y perdieron.

 

Como dato no menor y muy probablemente vinculado con todo lo antes dicho, la agencia Reuters afirmó, con base en información del ministerio de Exteriores de Noruega, que una delegación de esa nación está en Venezuela para obtener una actualización de la situación política y social en el país. 

 

Recordó que Noruega sirvió como mediador en el último intento de diálogo entre el Gobierno Bolivariano y la oposición extremista encabezada por Juan Guaidó, en el que los representantes gubernamentales optaron por levantarse de la mesa, ante la negativa del sector opositor a abandonar los planes sediciosos y conspirativos. 

 

 

En otro orden, el analista político se refirió a la visita Alena Douhan, relatora de las Naciones Unidas, quien arribó al país el pasado 30 de enero para verificar los efectos de las sanciones impuestas por Estados Unidos y promovidas por Guaidó y sus colaboradores. 

 

Douhan, quien es especialista en Derechos Humanos y académica de la Universidad Estatal de Bielorrusia, es una experta independiente que presta sus servicios de manera voluntaria en la ONU, se reunirá con funcionarios, con diputados opositores en el parlamento, con dirigentes de la oposición, así como con miembros de la llamada «sociedad civil». 

 

De hecho, ya parlamentarios de la oposición sostuvieron un encuentro con ella y como dato novedoso, en el parecer de Pérez Pirela, sectores de oposición se unen al llamado del gobierno a poner fin a las sanciones. 

 

Sobre esta reunión, el diputado opositor Timoteo Zambrano dijo en Twitter que había «avances importantes» en el desescalamiento de las sanciones y bloqueos contra el país e indicó que era factible realizar unas megaelecciones para elegir gobernadores y alcaldes.

 

 

Por otra parte, para Pérez Pirela es claro que si bien los medios de comunicación y distintos voceros de la oposición insisten en presentar a Venezuela como un punto esencial dentro de la agenda del recién juramentado presidente estadounidense, Joe Biden, eso no es cierto, pues el mandatario ha destinado la mayor parte de su tiempo y esfuerzos a desarrollar acciones para desmontar el entramado que dejó su antecesor. 

 

Sobre este punto, puntualizó que en los últimos días, el inquilino de la Casa Blanca ha firmado más de una decena de órdenes ejecutivas en materia sanitaria, medio ambiente, migración y política exterior, con las que intenta dar marcha atrás de cuatro años de política de Donald Trump.

 

En materia sanitaria, decretó el uso obligatorio de la mascarilla en las instalaciones federales durante 100 días, suspendió la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y creó la figura de administrador de la pandemia, una responsabilidad que recayó en un exfuncionario de la administración Obama conocido por ser millonario. 

 

Sobre el medio ambiente, el cambio climático y políticas sociales, aprobó el reingreso de su país al Acuerdo Climático de París, suspendió la moratoria de alquileres y moratorias hasta el 31 de marzo y extendió plazo para pago de deudas por crédito estudiantil hasta el 30 de septiembre.

 

Desde el punto de vista migratorio, congeló la construcción del muro de Trump, levantó el «veto musulmán» que pesaba sobre ciudadanos de 11 países, propuso una revisión de las  acciones tomadas por el gobierno contra los indocumentados y ordenó sumarlos en el Censo de Población que se realiza cada diez años. 

 

Adicionalmente, firmó una Orden Ejecutiva orientada a prevenir la discriminación en los puestos de trabajo por razones de preferencia sexual o identidad de género.

 

Bajo el punto de vista de Pérez Pirela, estas medidas podrían parecer progresistas y podrían ser falsamente catalogadas como propias de un gobierno «distinto» en Washington, más inclusivo e interesado en resolver los múltiples problemas que han de sortear los estadounidenses diariamente, pero eso está lejos de ser cierto y un examen de la composición del gabinete de Biden aporta evidencias al respecto. 

 

Por ello, aunque los medios de comunicación que ahora denuncian sin rubor los excesos y desmanes de la era Trump y los contraponen a los primeros decretos del presidente de los Estados Unidos, así como a la aparente diversidad de los altos cargos de su gobierno, en el que figuran mujeres, latinos y miembros de la sexodiversidad, dejan de lado lo más importante: el historial de esos funcionarios, muchos de ellos ligados a las acciones más feroces y cuestionables del imperialismo estadounidense durante los últimos 20 años. 

 

Así, mencionó que el recién designado secretario de Estado, Antony Blinken, apoyó sin reservas la invasión a Irak, es abiertamente prosionista y además ha manifestado indubitables animadversiones hacia gobiernos contrahegemónicos, como los de Cuba o Venezuela. 

 

La titular de Defensa, Michéle Flournoy, de la que se destaca a los cuatro vientos que es mujer, como Blinken, mantiene «estrechos vínculos» con el régimen sionista israelí;  Avril Haines, quien dirige la Agencia Central de Inteligencia (CIA), fue asesora de la administración Obama para el uso de drones en asesinatos selectivos y Victoria Nuland, subsecretaria de Asuntos Políticos, organizó el golpe de Estado y la guerra en Ucrania de 2014, así como operaciones en Bengasi (Libia) en 2011. 

 

Por ello, concluyó el experto, es imprescindible hacer estas consideraciones, en lugar de dejarse obnubilar por el discurso mediático, que se empeña a toda costa en «vender» al gobierno de Biden como «alternativo», «distinto» y hasta de izquierda, destacando la aparente diversidad de sus miembros, cuando en realidad representan sin ambages la política imperialista.