Habitantes de La Palmita y Bramón, parroquias ubicadas en el municipio Junín del estado Táchira, denunciaron al portal de periodismo de datos e investigación La Tabla que los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) ofrecen bombonas de gas en pesos colombianos, moneda que es usada regularmente para las transacciones dentro de la entidad. 

Para sustentar su acusación, compartieron una comunicación del CLAP «Líderes de Robert Serra» firmada por el «líder de la comunidad» Herlany Rivas Zambrano, en la que se justifica el «cobro del plan municipal [de distribución de gas] a las familias que estén interesadas en adquirir el referido servicio, el cual se hace de manera voluntaria y sin coacción (sic)». 

En la práctica, dadas las dificultades para acceder al gas doméstico que han de sortear los venezolanos, esta adhesión «voluntaria y sin coacción» al mecanismo que diseñó este CLAP, no es tal. 

En esta operación irregular también estarían implicadas las autoridades municipales, pues según se precisa en el texto, los pagos deben hacerse en la Oficina de Servicios Públicos de la Alcaldía de Junín, tras lo cual «la comunidad será integrada al despacho», si bien «no se tiene fecha cierta de la entrega del servicio». 

De acuerdo con el comunicado del CLAP «Líderes de Robert Serra», que opera en la parroquia Bramón del municipio Junín, la bombona de 10 kilos se transa en 10.000 pesos colombianos, la de 18 kilos en 15.000, la de 27 kilos en 20.000 y la de 43 kilos en 25.000. 

Adicionalmente, se indica que las familias interesadas deben cancelar 150.000 pesos «a la empresa que distribuye el gas» por concepto de «gastos operativos» y el pintado de las bombinas, «para evitar que los cilindros sean cambiados» por «la empresa», por «las familias», o por «los líderes de calle». 

En un testimonio recogido por La Tabla, un habitante del sector se preguntó por qué, en lugar de exigir los pagos con moneda colombiana, no se cancelaba el servicio a través del Carnet de la Patria y cuestionó acerca del destino de los fondos recabados. 

Los denunciantes explicaron al portal que el gas es transportado desde Guatire hasta la planta de llenado de Rubio por «una empresa privada», lo que deja en evidencia que estas personas desconocen que es una empresa pública –PDVSA Gas Comunal– la que se encarga de este proceso. 

En la comunicación en la que se «explica» el cobro de gas a través de «plan municipal», tampoco se aclara que «la empresa que distribuye el gas» y a la que hay que cancelarle 150.000 pesos colombianos por «gastos operativos» es PDVSA Gas Comunal.

Este jueves, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció la emisión de órdenes de captura en contra del presidente de la estatal gasífera, Jacob Grey, así como de tres gerentes, por negociar el llenado de cilindros de gas en una planta del Estado venezolano a cambio de un importe en dólares.  

(LaIguana.TV)

 

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