La pseudojunta directiva de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) designada por Juan Guaidó, anunció que la filial de la estatal petrolera en los Estados Unidos, CITGO Petroleum, había emitido bonos por el orden de los 650 millones de dólares con los que se pretendería refinanciar las deudas de la compañía que vencen en 2022.
«Tomando en cuenta que la fecha de madurez de esta deuda es julio de 2022, CITGO busca encontrar mejores condiciones antes de julio de este año, con una emisión que vencería ahora en 2026 pero que mantiene la misma garantía en activos de la compañía que la del bono 2022», se explica en un comunicado que no figura en las redes sociales ni en el portal de la administración usurpadora, sino que fue divulgado en medios estadounidenses ligados con Guaidó.
En otro punto del documento se indica que la operación «en ningún caso significa un aumento de la deuda», sino que, por lo contrario, «le permite a la nueva administración de CITGO obtener mayor holgura para mejorar la eficiencia y el rendimiento de la empresa, lograr mantener la liquidez y mejorar su posición financiera».
Este anuncio se produce a pesar de la orden judicial que obliga a la compañía a rematar sus activos para cancelar una deuda de 1,4 billones de dólares con la desaparecida minera canadiense Crystallex, en razón de una presunta compensación por el daño patrimonial que le causara la cancelación de la autorización para la explotación de una mina de oro en Venezuela, en tiempos del presidente Hugo Chávez.
CITGO entró en esta difícil posición, en buena medida gracias a las acciones de José Ignacio Hernández, ex pseudoprocurador del «interinato», quien en lugar de defender los intereses de la República, defendió los Crystallex, empresa que antes representó como experto, en un juicio contra Venezuela.
Ahora, la supervivencia de la filial venezolana depende exclusivamente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, instancia a la cual el exdiputado Juan Guaidó, pseudofuncionarios mediando, otorgó el control financiero de la empresa.
Si no logra revertirse la decisión judicial, el remate de la compañía tendrá lugar cuando se deje sin efecto una licencia en la que se prohíbe transar sus activos para cancelar la deuda contraída con los tenedores de bonos que venció en 2020, así como a otros acreedores, entre ellos, Crystallex.
De otro lado, en atención a lo dicho en el comunicado, Barclays fue el banco que asesoró a los pseudirectivos de CITGO para «este refinanciamiento». Se asegura, asimismo, que la selección se hizo «mediante un proceso competitivo y bajo los mejores estándares de transparencia de la industria, en el que participaron reconocidas instituciones financieras como JP Morgan, Bank of America, y Citibank».
Empero, la transparencia en esta selección ha de ser puesta en tela de juicio, si se considera que antes de Horacio Medina, el último «presidente» de CITGO designado por Guaidó, pasó por el cargo Luisa Palacios Alzurú.
Se trata de una periodista sin experiencia en el sector de los hidrocarburos, pero «ligada desde hace dos décadas con el sector financiero global a través de la ‘banca de inversión’ Barclays Capital y desde 2008 con la firma de inteligencia Medley Global Advisors», según una pesquisa realizada por el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla, fechada el 16 de diciembre de 2020.
De acuerdo con esa fuente, en Barclay Capital, Alzuru conoció a su esposo, un economista llamado Michael Hood, «alto ejecutivo de JP Morgan, principal banca de inversión y calificadora de riesgo del mercado financiero mundial» y otra de las instituciones financieras que participó en el «proceso competitivo y transparente» para orquestar esta nueva jugada de obtención de fondos a costa de las riquezas del Estado venezolano.
(LaIguana.TV)
