La nueva cepa del COVID-19 no solo ha puesto en alerta al mundo, especialmente con el tema de la confiabilidad de las vacunas para hacer frente a la pandemia, sino también por las decisiones que involucran la inmunización de rebaño, el turismo de vacunas y hasta el endurecimiento de las políticas de biocontrol que han provocado el cierre de fronteras, lo que representa un problema para los migrantes, dado que ante el temor de la expansión de los focos de contagio, algunas administraciones gubernamentales reeditan prácticas y discursos xenofóbicos que fomentan controles más estrictos, deportaciones inhumanas y repatriaciones exprés.
Un ejemplo de cómo la discriminación está a la orden del día, podemos palparlo en la gestión del presidente colombiano, Iván Duque, quien excluirá del proceso de vacunación masiva con las vacunas de Pfizer y AstraZeneca a migrantes irregulares de Venezuela. Esta afrenta ha sido recurrente: en 2020, en plena emergencia sanitaria, el gobierno colombiano se atrevió a llenar de venezolanos autobuses infectados con COVID-19 para “facilitar” el retorno a Venezuela.
En 2021, la situación se replica en las fronteras de Ecuador y Perú. El Gobierno peruano adoptó medidas de cierre y represión mediante blindados y camiones patrulleros para impedir el paso de venezolanos a su territorio.
En el caso de EEUU, la política migratoria de Joe Biden será puesta a prueba con la reactivación de las caravanas de migrantes desde Honduras, Guatemala, El Salvador y México hacia territorio estadounidense, quienes sin importar ser repelidos, se mantienen en movimiento.
Europa también ofrece un escenario con luces y sombras, por ejemplo: Reino Unido, extendió por un año todas las visas de médicos y enfermeras migrantes que vencían antes del 1 de octubre de 2020, mientras que por otra parte, el hecho de que los fundadores de la compañía Biontech que ha trabajado con Pfizer en la vacuna contra la COVID-19 sean hijos de la inmigración turca a Alemania será uno de los casos que los defensores de una política migratoria más flexible podrían poner sobre la mesa.
Este drama parece no tener fin, o al menos no desde intenciones firmes de aplicar políticas más eficientes y humanitarias. La Organización Internacional de Migraciones (OIM) estima que hay casi 272 millones de migrantes internacionales, además de 80 millones de desplazados por la fuerza, más de dos tercios de los cuales están desplazados dentro de las fronteras de sus países debido a conflictos o desastres naturales.
¿Quién puede exigirles confinamiento?, ¿quién responde por ellos mientras nosotros seguimos sus recorridos e infortunios a través de nuestros celulares?, ¿algún gobierno tendrá la voluntad política de vacunarlos de manera gratuita?
(LaIguana.TV)
