El Gobierno colombiano reaccionó de forma «lenta y deficiente» ante los más de 400 asesinatos de defensores de derechos humanos que han tenido lugar desde la firma de la paz, en noviembre de 2016, según denunció este miércoles Human Rights Watch (HRW) en un nuevo informe.

Los asesinatos de defensores de los derechos humanos aumentaron desde la desmovilización de las FARC en 2017, debido al hueco que llenaron otros grupos armados y disidencias que se disputan los territorios.

En ese panorama, según muestra el informe «Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia» publicado este miércoles, las autoridades no fueron capaces de ejercer un control efectivo y asegurar su presencia de una forma no militar para evitar la violencia.

«El Gobierno ha desplegado militares en muchas zonas del país, pero no ha logrado fortalecer el sistema de justicia, mejorar la protección de la población ni asegurar un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos», denunció la ONG.

Así, y según cifras de la ONU, los asesinatos de líderes sociales aumentaron de 41 en 2015 a 108 en 2019. Además, en 2020 documentó otros 53 casos y está verificando 70 más.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, esas cifras son mayores, pues entre 2016 y 2020 fueron registrados en Colombia al menos 710 asesinatos de defensores de derechos humanos.

(EFE)

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