El gobierno de Sebastián Piñera en Chile no sabe qué hacer para tratar de limpiar su imagen, luego que fuera duramente criticado por la comunidad internacional al militarizar las fronteras para impedir el paso de miles de migrantes y por imponer una política supremacista que tiene como prioridad capturar a estas personas para expulsarlas inmediatamente de su territorio en aviones de la fuerza armada chilena.
En medio de este escándalo y luego de que las autoridades de la administración de Piñera advirtieran a los migrantes y turistas que su país no iba a vacunar a extranjeros que no tuvieran residencia chilena, porque las vacunas que compró el gobierno son sólo para los chilenos, nacionalizados y/o residentes, el gobierno de ese país comenzó a deportar a centenares de migrantes que en medio de su desesperación por los embates multiformes causados por la pandemia, esperaban con ansias llegar al «sueño chileno» para tratar de mejorar sus vidas.
Estas deportaciones, junto a la política del régimen de Piñera de prohibir «el turismo de vacunas», han generado fuertes críticas contra su administración que ha sido calificada de xenófoba y carente de todo tipo de solidaridad con los pueblos hermanos de la región, sobre todo luego de deportar a más de 100 personas que estaban refugiadas en campamentos sanitarios, entre ellos más de 80 venezolanos y otras dos decenas de colombianos.
Tanta ha sido la presión internacional que este jueves -11 de febrero- los voceros del régimen del magnate multimillonario Sebastián Piñera, cambiaron el tono de sus declaraciones y aseguraron que supuestamente sí van a permitir vacunar a los migrantes que estén dentro del país en situación irregular, es decir, sin documentos de residencia.
Esta nueva declaración se contradice con lo que anunció el Gobierno chileno el miércoles que desató una ola de críticas por parte de diversas organizaciones promigrantes y de derechos humanos.
«Se van a poder vacunar todos los extranjeros en Chile, pero no vamos a propiciar el turismo de vacunas», aclaró en rueda de prensa el ministro de Salud de Piñera, Enrique Paris.
Por su parte, el canciller, Andrés Allamand, había afirmado horas antes que tanto los turistas como los migrantes irregulares que no hubieran iniciado el trámite para normalizar su situación en el país no serían incluidos en el plan de vacunación.
Ante la controversia y la duda generada por ambas declaraciones, el ministro Paris indicó que la vacuna es gratuita y voluntaria, y estará disponible para «toda persona que se encuentre en territorio nacional» a excepción de quienes hayan ingresado como turistas.
El jefe del Departamento de Extranjería, Álvaro Bellolio, también explicó a medios locales que «los migrantes que están de forma irregular en Chile son Fonasa A (un plan de cobertura médica básica y universal, destinado a los que tienen menos recursos económicos), por lo tanto ellos tienen acceso a la vacunación».
La decisión inicial del Gobierno de Piñera, que era no inmunizar a los turistas ni a los migrantes irregulares, dejaba sin vacuna a los miles de extranjeros que ingresaron en las últimas semanas por la frontera con Bolivia y que se encuentran varados en campamentos sanitarios haciendo cuarentena preventiva, así como a muchos de los 1,5 millones de migrantes que viven en el país.
«Hacemos un llamado a corregir y mantener la cultura histórica de la salud pública chilena brindando protección a la población migrante independientemente de su condición migratoria», publicó en Twitter el miércoles la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara, afirmó en la misma línea que «ni Chile ni ningún otro país saldrá rápida ni satisfactoriamente de esta crisis si no se prestan los servicios sanitarios a todas las personas sin discriminación».
Chile, que suma más de 760.000 contagios desde marzo y cerca de 20.000 decesos, ha vacunado con al menos una dosis a más de 1,3 millones de personas tras una semana de inmunización masiva, en su mayoría personal sanitario y adultos mayores.
El país, que ha aprobado las vacunas de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac, tiene comprometidas más de 35 millones de dosis de diferentes laboratorios. El objetivo del Gobierno es inocular a toda la población de riesgo -cinco millones de personas entre adultos mayores, enfermos crónicos, personal sanitario durante el primer trimestre de 2021 y el resto antes de junio.
(LaIguana.TV)
