Al menos 15 puñaladas recibió la joven argentina de 18 años, Úrsula Bahillo, en su espalda, torso y cuello, propinadas por su expareja, el policía Matías Martínez de 25 años.
Así lo revelaron los resultados preliminares de la autopsia al cuerpo de la joven, cuyo asesinato ocurrió el pasado lunes 8 de febrero y ha conmocionado a Argentina.
El estudio confirmó que la herida en el cuello fue la que provocó su deceso. Tal y como ya lo había indicado el informe preliminar realizado por personal médico del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forense Norte, el cual señaló que la causa de muerte de Bahillo fue “secundaria a lesión por arma blanca de estructura vasculares de cuello, generando shock hipovolémico con escasa agonía, aunado a las lesiones punzocortantes observadas en región abdominal y dorsal”.
La justicia argentina imputó a Martínez por femicidio, más los agravantes de “alevosía” y “ensañamiento”. Esto significa que el asesino se aprovechó del estado de indefensión de la víctima y que buscó deliberadamente aumentar su sufrimiento. Según fuentes ligadas al caso, el ataque contra Úrsula comenzó por la espalda y cuando ella intentó escapar, el policía la volvió a sujetar para apuñalarla en el torso y en el cuello.
“Me mandé una cagada” fueron las palabras que le dijo Martínez a un tío, al hablarle por teléfono y contarle lo que había hecho.
Al confesar su crimen a su familiar también contó en el lugar que se encontraba. Al sitio llegó su tío con efectivos policiales. Lo hallaron dentro un Peugeot 307 de color gris, algo alterado y vestido de civil. En el vehículo estaba un cuchillo tipo carnicero, ensangrentado con el cual -se presume- cometió el crimen. Indicó a los efectivos dónde se encontraba el cuerpo sin vida de su exnovia, el cual estaba en un campo a unos pocos metros cubierto de sangre. El equipo de paramédicos comprobó que no tenía signos vitales.
Tras la denuncia interpuesta por la madre de Úrsula ante la Fiscalía General del Departamento Judicial de Junín en enero de este año contra Martínez por los delitos de amenaza y desobediencia, el juez del caso había ordenado la restricción de acercamiento a Úrsula con un radio de exclusión de 200 metros. También pidió “rondas periódicas y frecuentes de vigilancia por 15 días” y estableció que debía entregársele a la joven un botón antipánico. Ese dispositivo debía ser entregado a Úrsula en el Juzgado de Paz tras formalizarse una cita, de acuerdo al documento, hecho que no llegó a producirse.
El funcionario policial ya había sido apartado de su cargo en septiembre de 2020 con una carpeta psiquiátrica. Además, tenía una por violencia de género interpuesta en el 2017 por otra exnovia.
(LaIguana.TV)
