La licencia 30A emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos representa, en opinión del filósofo y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela, una señal de que la recién instalada administración Biden estaría dispuesta a relajar las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela que impusiera su antecesor.
Según el portal de investigación La Tabla, consultado por Pérez Pirela para esta edición de su programa Desde Donde Sea, «la emisión de la licencia 30A por parte de la OFAC –Oficina para el Control de Activos Extranjeros– significa básicamente que se mantienen las condiciones de facilidades para la contratación de servicios portuarios» con el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA).
«En esencia, no hay un cambio con respecto a la licencia original, identificada con el número 30», que fuera emitida en agosto de 2019 para «establecer excepciones a las actividades portuarias y aeroportuarias que, en líneas generales, estaban prohibidas por la orden ejecutiva de agosto de 2018», añade el portal.
Sin embargo, el también director de LaIguana.TV destacó que este «mensaje» de Biden al gobierno del presidente Nicolás Maduro contenido en la licencia 30A, sí deja clara «la prohibición de exportación o importación de diluyentes pesados para la Faja Petrolífera del Orinoco».
Con esto, explicó, se «ratifica la existencia de un bloqueo a la actividad petrolera«, pues al ser el sostén de la economía venezolana es usado por Washington como mecanismo de chantaje para derrocar al gobierno actual e imponer uno afín a sus intereses, como pretendió el gobierno del expresidente Donald Trump.
A su parecer, esta señal, que se envió apenas dos semanas después del ascenso de Biden al poder, además supone una relativización de la política de Trump hacia Venezuela, toda vez que las sanciones se intensificaron a partir de enero de 2019, cuando el presidente Nicolás Maduro juró para un segundo mandato y la Casa Blanca decidió respaldar a Juan Guaidó e implican, entre otras cosas, «un embargo de facto al crudo venezolano».
De otra parte están las declaraciones del recién designado secretario de Estado, Antony Blinken, quien durante su audiencia de confirmación en el Senado, al ser interpelado sobre Venezuela, calificó al presidente Maduro como «brutal dictador» y aseguró que apoyaba la presión contra «su régimen», si bien apuntó que el gobierno demócrata apuntará hacia «un enfoque más ‘efectivo’ en la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales».
La aparente contradicción, apuntó el analista, se debe a que la política exterior de los Estados Unidos responde a una lógica imperialista, situación de la que está al tanto Caracas, que no aspira a que las sanciones se levanten de un momento a otro y ni siquiera que disminuya la presión de los lobbies petroleros o militares, sin que ello signifique que el Gobierno Bolivariano esté en espera paciente, pese a que rompió relaciones con Washington hace un par de años, tras la autoproclamación de Guaidó.
A ese respecto, indicó que personeros gubernamentales buscan restablecer «canales de diálogo ‘decentes'» con la administración Biden, para lo que han activado mecanismos como el Grupo de Boston o la mediación del gobierno de Noruega.
Así las cosas, Pérez Pirela puntualizó que la licencia 30A es, cuando menos, un mensaje enviado por Washington que da cuenta de una discusión, de una negociación interna en pleno desarrollo.
Para concluir sus alegatos, trajo colación declaraciones de Mariano de Alba, especialista en relaciones internacionales y derecho internacional, que sintetiza lo previamente expuesto.
De Alba interpreta la licencia 30A como «una primera señal de que hay disposición por parte del nuevo gobierno estadounidense a revisar el ámbito de aplicación de las sanciones impuestas en los últimos años y aclarar su alcance, para que el comercio y transporte de personas por parte de compañías internacionales, no sea visto por sus asesores legales como excesivamente riesgoso».
(LaIguana.TV)
