Según la agencia estadounidense Bloomberg, las empresas Agropatria y Lácteos Los Andes, que pasaron a ser propiedad del Estado venezolano como parte de un proceso de nacionalización de compañías pertenecientes a sectores estratégicos de la economía durante el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, habrían pasado a ser administradas por empresas privadas.
En un reportaje firmado por las periodistas Fabiola Zerpa y Nicolle Yapur aparecido este viernes en el portal de Bloomberg, se asegura que «Agropatria, una empresa de suministro agrícola del tamaño de un monopolio nacionalizada en 2010» ahora estaría «a cargo de Agrollano 2910, una empresa agrícola local que invierte casi 150 millones de dólares en reabastecimiento», según «cuatro personas» familiarizadas con el tema a las que habría tenido acceso la agencia.
El pasado 26 de noviembre, el portal de periodismo de investigación y datos abiertos La Tabla, tomando como fuente un comunicado remitido a los trabajadores de las tiendas Agropatria, informó que su «nuevo patrono es una compañía llamada Grupo Agrollano 2910, C.A.». En el documento se señalaba que la sustitución patronal entraría en vigor a partir del 1 de noviembre.
«La comunicación explica que la medida le da cumplimiento a la cláusula segunda de la Alianza Estratégica entre Agropatria y Agrollano firmada el 14 de abril de 2020 y cuyo objetivo es consolidar la producción de agroquímicos y herramientas. La alianza tiene una duración de 20 años», detalló entonces La Tabla.
Respecto de Lácteos Los Andes, Zerpa y Yapur apuntan que la compañía, considerada «un gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el gobierno en 2008, ahora es administrado por una empresa privada venezolana, aunque no se han realizado cambios oficiales en la junta».
El medio de investigación venezolano también se refirió a este caso en un hilo publicado el 28 de octubre de 2020, en el que se menciona a «un conjunto de compañías propiedad del Estado sometidas a procesos de transferencia al sector privado», con base en lo establecido en la Ley de Nuevas Formas Asociativas sancionada en 2012, que contempla la posibilidad de establecer una «alianza estratégica» entre el Estado y empresas privadas.
Además de Agropatria y Lácteos Los Andes –administrada, aparentemente, por un consorcio iraní–, también se habrían transferido a manos de terceros el Central Azucarero Pío Tamayo (Consorcio VEINCA), Central Azucarero Río Guanare (Aliceole) y el Teleférico Waraira Repano a la Operadora 1956, a cargo de la administración del Hotel Humboldt.
La Tabla enfatizó que los procesos se iniciaron «varios meses antes» de la aprobación de la Ley Antibloqueo ante la Asamblea Nacional Constituyente, el 8 de octubre de 2020, por lo que es improbable que estas operaciones se amparen en dicho instrumento jurídico.
De su parte, Bloomberg detalla que «decenas de plantas químicas, procesadoras de café, silos de granos y hoteles confiscados en las últimas dos décadas han sido transferidos –pero no vendidos– a operadores privados en las llamadas alianzas estratégicas», de acuerdo con el testimonio de «nueve personas» con conocimientos sobre el tema, aunque atribuyen falsamente todas estas transferencias a la Ley Antibloqueo, con la que el gobierno de Venezuela intenta sortear las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea y levantar la golpeada economía local.
Entre lo transferido a la administración privada estarían también «dos plantas de procesamiento de granos del gobierno, así como «las plantas de leche y café construidas durante el boom petrolero de Venezuela y bajo acuerdos bilaterales con aliados regionales como Cuba, Bolivia, Brasil y Argentina», si bien no se ofrecen nombres concretos.
Según las fuentes de Bloomberg, los gerentes estarían obligados a cubrir la nómina y a invertir en la compañía, a cambio de entregar «productos y un porcentaje de sus ingresos al gobierno», que estaría enfocándose en las empresas relacionadas principalmente con la actividad agrícola, pero no solo.
«En la industria petrolera se han establecido condiciones de asociación similares. PDVSA otorgó a las firmas locales un mayor control sobre los activos estatales, como campos petroleros y plantas de compresión de gas, para operar y aumentar la producción. Y en algunos casos, PDVSA otorgó a los socios más capital en sus empresas conjuntas», se asevera en el trabajo periodístico.
En contraste con los casos de Agropatria y Lácteos Los Andes, no se precisa cuáles serían esas compañías que habrían hecho alianzas estratégicas con el gobierno para incorporarse al negocio petrolero ni tampoco las condiciones particulares que rigen esas alianzas, que de ser como dice Bloomberg, contravendrían lo consagrado en la Constitución vigente, que reserva el control de todas las fases de la actividad petrolera al Estado.
Además, al tiempo que afirman que «las alianzas estratégicas comenzaron a formarse silenciosamente en 2017», excusan la ausencia de datos contrastables con la previsión de no divulgación de los detalles de los acuerdos contemplada en la Ley Antibloqueo para proteger a las compañías de las medidas coercitivas unilaterales de Washington.
En otro orden, también se menciona que, de acuerdo con lo relatado por «algunas de las personas» entrevistadas para el reportaje, «en algunos casos, el gobierno y los gerentes de las empresas conjuntas están discutiendo una escala salarial mensual estandarizada de 60 a 80 dólares para trabajadores y técnicos».
Otra de las acciones adelantadas por la Administración de Maduro para producir ingresos y hacer frente a la crisis, sería el autorizar asociaciones entre gobiernos y empresas locales. Así, recuerdan que «en diciembre, el gobernador del estado agropecuario de Portuguesa, Rafael Calles, dijo a medios públicos que las alianzas con el sector privado en la administración de 24 empresas estatales recaudaron 60.000 dólares mensuales para su oficina».
(LaIguana.TV)
