Una nueva medida para embargar los activos de Petróleos de Venezuela SA (Pdvsa), actualmente congelados en los Estados Unidos, podría ejecutarse tomando como excusa los reclamos de indemnización de una de las víctimas del terrorismo por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Este hecho es denunciado por el profesor universitario José Ignacio Hernández, mediante su cuenta en la red social Twitter. El abogado refiere el caso específico del ciudadano Antonio Caballero, un acreedor de las Farc a quien la Corte del Distrito Oeste de Nueva York le habría concedido una petición de embargo contra los activos de Pdvsa, argumentando que la estatal es un instrumento del grupo guerrillero.

“Se abre una nueva vía de ejecución en contra de los activos de Pdvsa: los reclamos de indemnización de las víctimas de las Farc”, escribe Hernández mediante su cuenta en la red social Twitter.

“Antonio Caballero es acreedor judicial de las Farc. Basado en la Ley de Seguro sobre Riesgos de Terrorismo de 2002, intentó acciones para embargar activos de Pdvsa como instrumentalidad de las Farc. La Corte de Distrito concedió la petición el 18 de diciembre de 2020”, escribió en otro tuit.

Según el profesor, la Corte de Distrito habría sostenido que “Caballero ha demostrado suficientemente que Pdvsa, a través del lavado de dinero y el apoyo con armas, ha prestado servicios y apoyos a las Farc”.

Por este motivo, y tomando como excusa este tipo de argumentos, las propiedades bloqueadas de Pdvsa en Estados Unidos, bajo la Ley de Seguro sobre Riesgo de Terrorismo, pueden embargarse. “Se trata de una excepción al marco general de las sanciones, que previene los embargos de los acreedores”, señala Hernández.

“En resumen, la Corte de Distrito concedió la medida de ejecución de los activos bloqueados de Pdvsa (cuenta bancaria en poder de M&T Bank Corporation) pues Pdvsa fue declarada instrumentalidad de las Farc”, concluye el abogado.

De acuerdo a agencias internacionales, el monto que podría ser embargado a Pdvsa, tomando como base la denuncia de Caballero, asciende a 9.444.116,76 dólares. Este ciudadano también aspiraría a acceder a 12.661.259,98 dólares pertenecientes a la empresa rusa Rosneft Trading SA. Todo este dinero se encuentra actualmente bloqueado debido a las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac).

La intención de Caballero, quien reclama indemnización por daños y perjuicios tras haber sido víctima de las Farc, del ELN y del Cartel del Norte del Valle de Colombia, es hacer valer la Ley de Aclaración Antiterrorista promulgada por el expresidente Donald Trump. Esta normativa da luz verde para que todas aquellas víctimas del terrorismo reciban activos retenidos en el país del norte.

Ya en el año 2014 un tribunal de primera instancia de Florida había declarado que Caballero era víctima de los guerrilleros y narcotraficantes que secuestraron a su padre en el año 1999. El 20 de mayo de 2020 el Tribunal del Distrito Sur de Florida sentenció a favor del demandante y determinó que tenía derecho a recibir la indemnización por daños y perjuicios, por un monto total de 41.734.153,93 dólares.

José Ignacio Hernández, recordemos, fungió como «Procurador» designado por Juan Guaidó. De acuerdo con la vicepresidenta de la Republica, Delcy Rodríguez, las acciones del «procurador» del proyecto Guaidó se han traducido en la apropiación indebida de miles de millones de dólares en activos pertenecientes al Estado venezolano por parte del gobierno estadounidense y de la camarilla que secunda al parlamentario extremista, entre ellos su «representante» ante Washington, Carlos Vecchio. 

(LaIguana.TV)

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