¿Por qué Colombia y Venezuela no están en guerra? Pérez Pirela devela provocaciones neogranadinas

Distintas instancias del Estado venezolano se articularon para denunciar al unísono que Colombia se ha convertido en un gran campo de preparación de golpes de Estado, intentos de invasión con mercenarios, intentos de magnicidio, así como de violaciones a los derechos fundamentales de los migrantes venezolanos que hoy residen en ese país. 

 

A juicio del filósofo, comunicador y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela, este aluvión de declaraciones persiguió como propósito señalar al territorio colombiano como el lugar en el que se ensayan las desestabilizaciones contra Venezuela, con el pleno auspicio del gobierno uribista de Iván Duque, acciones estas que indubitablemente constituyen provocaciones belicistas. 

 

De otra parte, resaltó que el Estado venezolano articuló todos sus poderes en torno a un discurso único, puesto que todas las alocuciones tuvieron como centro la defensa de la soberanía del país, al tiempo que pretendió ofrecerse una imagen fortalecida del Estado, alimentada por las recientes reuniones con sectores de la oposición que se han sucedido en los últimos días, así como de la visita de la relatora especial de las Naciones Unidas para evaluar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas sobre el país, Alena Douhan.  

 

Antes de iniciar el desarrollo de estos temas, el experto hizo referencia al inicio del plan de vacunación contra la COVID-19, que en una primera fase contempla la administración de 100.000 dosis de la vacuna Sputnik V. 

 

Según informó la vicepresidenta Delcy Rodríguez, en principio serán inmunizadas las personas que están en la primera línea de lucha contra la enfermedad o que forman parte de los grupos con mayor riesgo de contagios. 

 

Asimismo, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que la meta es vacunar al 70% de los venezolanos antes de que termine el año 2021, pues el objetivo es generar la inmunidad de rebaño.

 

 

En una rueda de prensa con medios internacionales, el presidente Nicolás Maduro fue enfático al señalar al gobierno colombiano de ser coautor de las intentonas desestabilizadoras contra Venezuela y acusó al presidente Iván Duque de ser responsable de las desgracias que padecen los venezolanos residentes en Colombia. 

 

En su intervención, el presidente venezolano recordó que Bogotá se queja mucho de los connacionales que viven en Colombia, pero en Venezuela residen seis millones de colombianos que gozan de todos los derechos, sin discriminación alguna.

 

El mandatario denunció asimismo que el uribismo usa el fenómeno migratorio para lavar la cara de Duque, cuya imagen pública resultó afectada tras declarar que no vacunaría a los migrantes venezolanos que no residieran regularmente en ese país y luego que salieran a la luz los vínculos de su gobierno con la fallida Operación Gedeón, con la que se pretendía derrocar a su gobierno con un ejército mercenario e imponer un régimen tutelado por Washington..

 

Concretamente, el Jefe de Estado dijo que «hay seis millones de colombianos migrantes y nunca han necesitado un Tratado Provisional de Protección» y sobre este punto, Pérez Pirela mencionó que Venezuela nunca promulgó semejantes leyes, ni tampoco solicitó financiamiento internacional para atenderles. 

 

Frente a estas declaraciones, el gobierno colombiano salió al paso desviando la atención de las acusaciones formuladas por el presidente de Venezuela, a quien responsabilizó de actuar con «indiferencia» ante la grave crisis que atraviesa el país, y justificó el Estatuto de Protección Provisional al Migrante, indicando que con este se pretende respaldar «la construcción de los proyectos de vida de los venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país».

 

Sobre este punto, el analista opinó que la verdadera crisis humanitaria la vive el vecino país, que pese a no estar bloqueado ni sancionado, ha sido duramente golpeado por la pandemia y los asesinatos por razones políticas están a la orden del día.  

 

A lo anterior, precisó, hay que sumar las declaraciones de Yacsy Álvarez, venezolana acusada de ayudar a organizar la Operación Gedeón desde Colombia con la anunencia de los servicios de inteligencia de ese país y, hasta el momento, la única persona encarcelada por estos hechos. 

 

Álvarez, quien hacía de traductora para los mercenarios, afirmó que la pretenden usar como chivo expiatorio y aseguró que las autoridades colombianas no hicieron nada por detener las acciones con las que se pretendía derrocar al gobierno venezolano. 

 

Adicionalmente, aseguró que el exgeneral venezolano Clíver Alcalá Cordones, hoy bajo la protección del gobierno estadounidense, estuvo en contacto con los servicios de inteligencia de Colombia desde su arribo a ese país.

 

Pérez Pirela refirió que los fiscales colombianos la acusan de contrabandear armas para los campos de entrenamiento de los mercenarios en territorio, si bien ella sostiene que no posee formación militar ni de manejo de armas. 

 

«Agarraron a la más pendeja para pagar los platos rotos de los demás», declaró. En ese orden de ideas, su abogado pidió incluir a Juan Guaidó en la lista de imputados por este caso, pues los acusados están protegiéndolo, pese a que las pruebas de su participación en la intentona sediciosa son cada vez más grandes.

 

 

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, se dirigió al país este miércoles para hacer un recuento de las numerosas afrentas a la soberanía de Venezuela que ha cometido el gobierno colombiano.

 

En sus declaraciones, el general venezolano le habló directamente al presidente de Colombia, Iván Duque, a quien le recordó, entre otras cosas, las numerosas batallas en las que los venezolanos ofrendaron su vida por la libertad de la Nueva Granada del yugo español y el que su libertador, Simón Bolívar, fue un venezolano. 

 

De otra parte, Padrino López denunció que Venezuela ha sido víctima de una sistemática violación de los derechos humanos que han socavado el estado de bienestar construido durante la Revolución Bolivariana y acusó a Duque de perpetrar crímenes contra Venezuela que pueden ser considerados como actos de guerra. 

 

Sobre la conformación de equipos antinarcóticos, sostuvo que salta a la vista que Duque intenta mitigar el regaño del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien increpó al mandatario colombiano por los pobres resultados que exhibe el país en la lucha antidrogas, a pesar de los cuantiosos desembolsos de las agencias estadounidenses.

 

Adicionalmente, denunció que la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia, en coordinación con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA) y la oficina para la Administración de Control de Drogas (DEA), han tratado de captar con sobornos y amenazas a militares venezolanos, con el propósito de  obtener información sobre el apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), así como el desmantelamiento y sustracción de armas estratégicas, equipos y repuestos.

 

De acuerdo con el titular de Defensa venezolano, casi 600 militares de la FANB han sido contactados por el gobierno de Iván Duque con esos fines, lo que supone un claro causal de guerra.  

 

En el criterio de Miguel Ángel Pérez Pirela, las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, pretendieron mostrar exactamente lo mismo, pues en un comunicado suscrito por la directiva del Poder Legislativo, se rechazan las «intenciones agresivas» de Colombia en contra de Venezuela. 

 

En el comunicado elevado por la AN, se exige el cese inmediato de las acciones guerreristas del gobierno encabezado por Iván Duque en contra de Venezuela, precisó el comunicador.  

 

En su intervención, Rodriguez aseguró que «el señor Iván Duque ha convertido a Colombia en un gran campamento paramilitar, guarida de terroristas desde donde se planifican los más horrendos crímenes hacia Venezuela».

 

El también director de LaIguana.TV coincidió con estos los señalamientos, añadiendo que, efectivamente, Colombia es gran campamento paramilitar donde las primeras víctimas son los propios ciudadanos colombianos, al punto tal que es el país con mayor número de desplazados internos en todo el mundo, una clara consecuencia de la cruenta guerra civil que sacude al país desde hace siete décadas. 

 

Desde su punto de vista, a lo anterior se suma que en Colombia hay un silencio comunicacional brutal sobre estos graves delitos, puesto que los medios de comunicación son controlados por un oligopolio, de manera tal que, salvo algunas excepciones, no se ejerce la libertad de expresión.

 

Por otra parte, el presidente de la Asamblea Nacional también alertó que diversos actores de la oposición venezolana se reunirán en los próximos días en Colombia, a petición de James Story, el «embajador» estadounidense para los asuntos de Venezuela que opera desde Colombia. 

 

A este encuentro, que según el parlamentario tendrá lugar en Bogotá en los próximos días, acudirán Leopoldo López, Julio Borges, Carlos Vecchio, William Dávila y Manuel Rosales, todos ligados al pseudogobierno de Juan Guaidó. 

 

 

Haciendo referencia a las declaraciones del Fiscal General de la República, Tarek William Saab, Pérez Pirela comentó que el Estado solicitó la emisión de una alerta roja en Interpol para Rafael Ramírez, expresidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y exministro del Petróleo durante más de una década, además de exembajador ante la Organización de las Naciones Unidas.

 

A su parecer, resulta altamente sospechoso que Ramírez, que hoy vive cual miembro de la realeza en un castillo en el norte de Italia, no haya sido perseguido por los gobiernos de la Unión Europea y los Estados Unidos, aunque esas instancias insistan en que PDVSA es el foco mayor de la corrupción en Venezuela y él controló la empresa por diez años. 

 

Así, destacó que Ramírez, cuyo sueldo de funcionario no le permitiría en ningún caso sostener un estilo de vida tan lujoso como el que lleva, ni cancelar multas millonarias ante la justicia estadounidense, está virtualmente protegido por esos gobiernos, que permanentemente acusan de corrupción a otros funcionarios venezolanos.

 

De otra parte, el analista refirió que el exministro había contactado a periodistas de LaIguana.TV para que le realizaran una entrevista. A este respecto, aseguró que el medio no lo entrevistará, a menos que él regrese a Venezuela a padecer los efectos de las sanciones, bloqueos y actos de corrupción que debe sortear la población, en lugar de pedir espacio desde su acomodada vida europea.   

 

Regresando a las declaraciones del Fiscal, Pérez Pirela refirió que denunció una nueva trama de sobornos que involucra a Rafael Ramírez Carreño, a su primo Diego Salazar Carreño y a la empresa española fabricante de generadores Ingelec, que habría depositado 2,7 millones de euros en coimas para el tinglado de Diego Salazar Carreño, socio y primo del cuestionado exmimistro.

 

El Fiscal recordó que sobre Ramírez Carreño pesan siete investigaciones penales por actos de corrupción, así como una solicitud de extradición y otra de alerta roja de Interpol, pues durante sus diez años al frente de la principal compañía venezolana, él «y toda la gerencia que lo rodeó», sembraron «la corrupción en la industria estratégica más importante del país». 

 

En un recuento de los presuntos delitos en los que habría participado el exministro, Saab relató que está involucrado en la adquisición del buque petrosaudí Saturn, por el que el Estado pagó una suma millonaria con el pretexto de que sería utilizado para la explotación petrolera aguas afuera, si bien, al ser chatarra, estuvo la mayor parte del tiempo en puerto. 

 

Además se le acusa de haber malversado más 300 millones de dólares entre 2010-2015, de haber cometido irregularidades en el otorgamiento de préstamos a través de Corpozulia, así como de manejos irregulares del fondo de pensiones de jubilados de la industria, que fue abierto en agosto de 2018 gracias a las denuncias de los jubilados y pensionados del estado Monagas. 

 

En la misma alocución, se refirió los venezolanos relacionados con esta trama de corrupción que han sido encarcelados en el extranjero, entre los que figuran el empresario Javier Alvarado Ochoa, quien fuera capturado en España y extraditado a los Estados Unidos, un destino que también corrió el exministro de Energía Nervis Villalobos. 

 

Tras estas nuevas revelaciones y la solicitud de alerta roja a Interpol emitida por las autoridades venezolanas, Saab aseguró que espera que Italia entregue a Ramírez para que responda ante la justicia. 

 

Para cerrar, Pérez Pirela reflexionó en el rol que han jugado exfuncionarios como Clíver Alcalá, Rafael Ramírez Carreño, Eulogio del Pino, Nervis Villalobos o Diego Salazar Carreño en la debacle económica del país, pues aunque es innegable que las medidas coercitivas unilaterales y los bloqueos financieros han afectado seriamente la economía nacional, el dinero público sustraído a través de la corrupción es tan cuantioso, que hoy podría servir para atender necesidades urgentes de la población.

 

Así, de este modo, estas personas son tan responsables de lo que sucede en Venezuela como Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges o Carlos Vecchio, abiertos promotores de las sanciones y los bloqueos, pero con el agravante que los primeros se decían chavistas y revolucionarios. 

 

Además, tampoco debe ignorarse que estos exfuncionarios están protegidos por los gobiernos de Estados Unidos, España y Colombia, tras haber acusado al gobierno del presidente Nicolás Maduro de ser una dictadura, para intentar tapar sus corruptelas y el saqueo de las arcas de la Nación, apoyando a la oposición y conspirando para derrocar al Gobierno Bolivariano, en un intento por librarse de la cárcel. 

 

Por ello, concluyó, es tiempo entonces que el país empiece a aplicar una justicia ejemplar contra estos desmanes, de los que ha resultado perjudicado el pueblo venezolano.