La expresidenta transitoria de Bolivia, Jeanine Áñez, defendió su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un crédito de emergencia, que el actual Gobierno de Luis Arce devolvió por considerarlo ilegal y perjudicial.

«Bolivia por ser parte del FMI tiene derecho a un tipo de crédito blando y ventajoso. Lo pidió (327 millones de dólares) para atender la pandemia. Hoy el MAS lo devuelve por razones ideológicas. Ese dinero daba para vacunar con rapidez a todos los bolivianos», dijo Áñez en su cuenta de Twitter.

La declaración de la exgobernante (noviembre 2019-noviembre 2020) surgió dos días después de que el Banco Central (BCB) anunciara que pagó 351,1 millones de dólares al FMI, devolviendo íntegramente el crédito no utilizado y abonando además comisiones e intereses.

El tuit de Áñez fue respondido también por el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, quien dijo en la misma red que «el costo negociado por el Gobierno de @LuchoXBolivia (Arce) para garantizar vacunas para inocular al 100% de la población vacunable boliviana, no llega ni al 25% del ilegal préstamo» del FMI.

«El resto, ¿para el intermediario?», cuestionó el viceministro, uno de los responsables de las recientes negociaciones de Bolivia con productores de vacunas como el centro Gamaleya de Rusia, el instituto Serum de India y Sinopharm de China, para la provisión de más de 15 millones de dosis del fármaco.

El BCB explicó que la devolución hecha al FMI incluía 24,3 millones de dólares que correspondían al aumento del valor del crédito por un ajuste cambiario y los costos financieros en que incurrió Bolivia al recibir ese financiamiento.

El crédito del FMI había sido otorgado en Derechos Especiales de Giro, unidad de cuenta que se apreció en relación con el dólar después de que la operación fue concretada.

El BCB, dirigido ahora por autoridades designadas por el Gobierno de Arce en sustitución de las que había puesto Áñez, sostuvo que el crédito era ilegal, porque no fue autorizado por el parlamento, y estaba condicionado a medidas de política económica que consideraba una intromisión en política interna.

Los líderes oficialistas del parlamento, Andrónico Rodríguez (Senado) y Freddy Mamani (Diputados), dijeron el 18 de febrero que consideraban plantear un juicio de responsabilidades contra Áñez y sus colaboradores, por la gestión del polémico crédito y su «daño económico».

(Sputnik)

Comentarios Facebook