Jaqueline Castillo es hermana de una de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, un crimen atroz cometido por el Ejército colombiano, que, según el Tribunal de Paz de Colombia, asesinó a más de 6.400 civiles que presentó como bajas en combates.
Description para ser presentadas como bajas en combate por la Fuerza Pública 6.402 personas, en su mayoría civiles, entre los años 2002 y 2008. Esa fue la revelación que presentó esta semana la Jurisdicción Especial de Paz, el tribunal creado a partir del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC.
Un delito que se conoció en Colombia como «falsos positivos» y por el cual muy pocos oficiales de la Fuerza Pública han respondido en la Justicia ordinaria.
Sputnik entrevistó a Jaqueline Castillo, hermana de uno de los jóvenes pobres víctimas de este delito y activista de la Fundación Madres de Falsos Positivos de Soacha (un municipio industrial y obrero al sur de la capital) y Bogotá (MAFAPO), una organización creada hace 13 años, cuando no había ningún reconocimiento institucional de este delito, que ha abanderado un admirable proceso en busca de la verdad, justicia y reparación de la muerte de sus hijos y familiares. —¿Cómo empezó en esta lucha?
—Mi nombre es Jacqueline Castillo, soy hermana de Jaime Castillo Peña. Él desapareció el 10 de agosto del año 2008 en Bogotá y apareció muerto el 12 de agosto del año 2008 en Ocaña, Norte de Santander. Un municipio ubicado a 600 kilómetros de donde él desapareció.
Lo mataron y lo hicieron pasar como guerrillero dado de baja en combate junto con otro joven que posteriormente supimos era un chico de 21 años también de Bogotá.
—¿Quién era su hermano Jaime Castillo?
—Era una persona del campo. Mis padres se trasladaron a Bogotá buscando oportunidades para que nosotros pudiéramos estudiar y salir adelante. Desafortunadamente, por su condición de vida ellos no pudieron darnos estudio. De los siete hermanos yo fui la única que pudo estudiar, por mis propios medios, pero mis hermanos no. Jaime nunca se casó, no tuvo hijos pero él vivía entre los hermanos. Nosotros perdimos a nuestros padres muy jóvenes y cuando Jaime desapareció trabajaba en los semáforos vendiendo dulces o limpiando los vidrios de los carros.
—¿Cómo fue su desaparición?
—En algún momento lo escuché decir que una gente en un carro rojo lo andaba visitando, que le habían ofrecido un trabajo para ir a cuidar una finca o a recoger café. Después supimos que él tal carro rojo fue utilizado por los reclutadores, pues uno de los que participó en eso ha dicho en sus versiones que ese era el carro en el que ellos se movían y que ese mismo carro se utilizó para reclutar a los jóvenes de Soacha.
La última vez que supimos de Jaime fue un domingo. Él llamó a la casa de una hermana y le dijo que le guardara el almuerzo que iba para allá y no llegó. Desde entonces nunca volvimos a saber nada de él.
—¿Qué pasó después?
—Yo empecé a buscarlo porque coincidió con que yo salía de vacaciones de mi trabajo y entonces aproveché que tenía tiempo. Puse el denuncio en Medicina Legal y por sugerencia de la investigadora del CTI [Cuerpo Técnico de Investigación, de la Fiscalía] busqué en los muertos reportados en Ocaña. De esa manera fue que encontré a Jaime.
—Pero hasta ahí solo había encontrado el cuerpo de su hermano, no la causa de su muerte…
—La cosa fue que en Medicina Legal pedí que si podía ver a los jóvenes que habían encontrado muertos en Ocaña. Me mostraron un listado y aparecían con un número y una edad aproximada. Jaime tenía 42 años y en ese listado solo figuraba uno que estaba entre 40 a 45 años.
Cuando me mostraron las fotos del levantamiento del cadáver la sorpresa fue grande porque era Jaime. Ahí me dijeron: «Pero él pertenecía a la guerrilla. Aquí figura como guerrillero muerto en combate». En ese momento supe que había sido lo mismo que había estado sucediendo con los jóvenes en Soacha.
Yo había visto esa noticia cuando andaba buscando a mi hermano, pero nunca me imaginé que él estuviera formando parte de esta práctica macabra que se vivía en Colombia porque Jaime tenía 42 años, los muchachos de Soacha eran en su mayoría de 30 años y había dos jóvenes menores de edad.
Nosotros no éramos de Soacha ni él tenía la misma edad de los muchachos de Soacha. El caso de Jaime demostraba que no se trataban de casos aislados, ni únicamente Soacha, como se habló en un momento, sino que también Bogotá y todas las regiones.
—¿Cómo fue el proceso de demostrar que él no era guerrillero?
—Yo tuve que viajar hasta Ocaña a trasladarlo a Bogotá y hacer el trámite correspondiente. Así que decidí ir a buscar a las madres de Soacha porque esto me pareció que lo que me había pasado era muy parecido.
Para mí el Ejército era lo más grande que había en nuestro país porque se supone que son las personas que están para cuidar la vida de los ciudadanos y ver que fueron ellos quienes cegaron la vida a miles de personas fue algo muy duro, que no se podía quedar en el olvido. Por eso decido buscar a las madres de Soacha.
Desde entonces vengo trabajando con ellas para visibilizar estos hechos y demostrar que fueron reales. Hoy son más de 6.400 casos documentados ante la JEP y sabemos que esta cifra va a ir en aumento.
—¿Ha tenido consecuencias personales denunciar que a su hermano lo asesinó el Ejército?
—Sí, claro, porque hay temor de salir a la calle. Ahora nosotras somos figuras públicas, nos conoce mucha gente, hemos contado lo que nos pasó en varias partes del mundo y seguimos dando visibilidad a estos hechos porque fue algo muy macabro.
Uno jamás se imagina que el Estado venga a matar a los civiles para poder demostrar que están ganando la guerra, y sacar pecho. Entonces sí hay temor. Algunas madres ya tienen medidas de seguridad; yo en este momento estoy en estudio también ante la JEP porque soy la persona que maneja las redes de la organización y ahí llegan mensajes amenazantes. Después de la marcha del 21 de noviembre del año pasado, cuando mataron al estudiante Dilan Cruz, llegó un panfleto amenazante.
He sentido que me hacen seguimientos. Cuando salgo a las 5 de la mañana a trabajar, encuentro a la salida de mi urbanización a unos militares, y uno se pregunta ¿pero por qué aquí a esta hora?
—¿Cómo recibe el pronunciamiento de la JEP?
— Pues nos da la razón, porque en un comienzo se habló solo de casos aislados en Soacha, y se fue demostrando que no era así sino que también ocurrieron en Bogotá, y luego encontramos casos en varias regiones del país. Eso se demostró con el pronunciamiento de la JEP.
Lo sorprendente es que el mismo expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) ahora dice que las organizaciones de derechos humanos han querido dañar su imagen, cuando nosotros venimos documentando casos y sabemos que son más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales.
Hoy la JEP tiene evidencia de 6.402 casos solo en el mandato de él. Y está demostrado que la mayoría de casos se presentaron bajo su política de seguridad democrática, en la cual había incentivos para que se presentaran resultados. Así que pienso que es increíble que Uribe siga pensando que es una persecución contra él.
(sputniknews.com)
