La Justicia también rectificó en otros casos levantando condenas a personas que durante años habían vivido con una condena a prisión por haber enaltecido el terrorismo o humillado a las víctimas del terrorismo en redes sociales. Fue el caso de la tuitera Cassandra Vera, que vivió un proceso judicial de casi tres años. Durante 11 meses estuvo condenada por sus tuits y chistes en Twitter sobre Carrero Blanco. «Quiero seguir con mi vida y dejar todo esto atrás», declaraba Cassandra a Público nada más conocer la sentencia absolutoria.
Ahora, dos años y once meses después de aquel punto final, Cassandra explica a este periódico que el tiempo también les ha dado la razón en sus críticas hacia la falta de libertad de expresión en España. «Hay un rapero que está en la cárcel. Es una locura. No podemos normalizarlo», señala. Vera recuerda que cuando conoció su imputación no se lo podía creer. Era un momento «jodido». Tenía muy poco dinero, vivía con su hermana y apenas tenía recursos para pagar una defensa. Su objetivo era ser profesora, tras acabar la carrera de Historia, y la inhabilitación que establecía la condena lo impedía.
No obstante, uno de los peores recuerdos fue estar en el centro del «foco mediático». «Yo no soy artista ni cantante. Fue una experiencia bastante horrible. Desde entonces he intentado mantenerme alejada y tener cuidado con no levantar polémica con declaraciones. Estoy contenta de que poco a poco vuelvo a ser desconocida en la calle y la gente ya no me reconoce», explica.
Los casos de Cassandra Vera, César Strawberry o, incluso, el del exconcejal del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata terminaron en absolución. El problema es cómo recuperarte de un proceso tan duro, de volver a vivir como si nada hubiera pasado tres despertarte durante años pensando que el año próximo puedes estar en prisión.
Alfonso L. y Raúl G. fueron los protagonistas de uno de los casos más mediáticos por acusación de enaltecimiento. Son los creadores de aquella obra que incluía un diminuto cártel con las palabras Gora Alka Eta. El juez llegó a mandarlos a prisión provisional sin fianza por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo. Finalmente, tras un largo proceso, fueron absueltos de cualquier responsabilidad penal.
«A nivel personal afecta porque empiezas a recibir multitud de mensajes amenazantes y llamadas. Tuve que desinstalar Whatsapp o Telegram y dejar de contestar llamadas de desconocidos. Además pesa sobre ti la petición de cárcel que nunca desaparece ni se te quita de la cabeza en ningún momento. Esto provoca ansiedad, miedo, depresión… A nivel familiar y de relaciones personales también afecta. En un primer momento, nos tachaban de terroristas y nos vinculaban con ETA, y ese rechazo lo vives tú y tu familia más cercana por parte de amistades que pierdes, otros familiares con los que rompes relación o vecinos que rompen el trato. A nivel profesional, afecta porque tu cara ha salido en todas las televisiones y periódicos, yo trabajaba para compañías de teatro como técnico que dejan de llamarte», explica a Público Alfonso L.
El cocreador de la obra de títeres más famosa de los últimos años en España, junto a Raúl G, explica que no tiene dudas de que su detención fue «utilizada por medios y partidos políticos para sus propios intereses». «Eso es una de las cosas más ruines que tiene este mundo. No les importó destrozar la vida a dos personas si con eso podían sacar por fin a Carmena del Ayuntamiento de Madrid», explica. El titiritero también lamenta la entrada a prisión del rapero Hasél. «Que una persona vaya a prisión solamente por delitos de opinión es un hecho gravísimo, da igual las formas malsonantes o hirientes o si es en tono de sarna o burla, no se puede consentir que se juzgue lo que dice una persona». prosigue.
Desde el año 2011, cuando la organización terrorista ETA dejó de matar, hasta la actualidad cientos de personas han sido juzgadas en España por presuntos delitos de enaltecimiento de terrorismo. La tendencia era perfectamente visible en 2016 cuando Público advertía de que el número de juicios por este delito se estaba quintuplicando desde que ETA no mataba. Una reciente investigación de El Salto concluyó que el delito de enaltecimiento del terrorismo ha supuesto 122 condenas de cárcel desde 2004 hasta 2020 a las que había que sumar otras seis condenas por injurias a la Corona, a las instituciones del Estado y ofensas a los sentimientos religiosos.
Entre los condenados está Pablo Hasél, que ha ingresado esta semana en prisión, o Valtònyc, que ya ha cumplido más de mil días en Bélgica, donde, hasta la fecha, los tribunales han considerado que sus canciones se enmarcan dentro del derecho a la libertad de expresión. El rapero de Mallorca confesaba este viernes, en una entrevista con Público, el dolor que le había causado el largo proceso judicial y el «exilio» en Bruselas. Ni siquiera pudo despedirse en persona de su madre, fallecida recientemente.
El Gobierno anunció hace apenas unos días su voluntad de reformar el Código Penal para blindar la libertad de expresión y eliminar las penas de prisión. La propuesta anunciada por el Ministerio de Justicia, de la que no se conoce mucho, apunta a una revisión de los delitos relacionados con «excesos» en el ejercicio de la libertad de expresión con el objetivo de que solo se castiguen las conductas que supongan «claramente» la creación de un riesgo para el orden público o «la provocación de algún tipo de conducta violenta«, con penas disuasorias, como multas, y no con penas privativas de libertad, como hasta ahora podía ocurrir y ha ocurrido. La propuesta va en la línea de lo que abogados, juristas e incluso desde organismos europeos llevan años advirtiendo a España.
Para músicos que también han sufrido persecución en los tribunales, como el cantante y cada vez más polifacético Fermín Muguruza, la modificación de estas leyes debe ir acompañado de una derogación de las leyes mordaza y «una amnistía para Hásel y Valtònyc». En declaraciones a Público, Muguruza explica que estas medidas son necesarias para que «los trabajadores de la cultura» no estén condenados a convertirse «en súbditos de un régimen que castiga la libertad de expresión con años de cárcel».
«Un régimen que obliga a autocensurarte por el miedo a ser criminalizado, a eliminar todo atisbo de crítica que se salga de los cada vez más estrechos cánones establecidos. Esto es algo que debería indignar a toda la sociedad pues se corre el riesgo de que como ciudadanos nos convirtamos en meros consumidores de productos de entretenimiento homologados», denuncia Muguruza.
Sin embargo, aunque el Gobierno tome próximamente cartas en el asunto, la solución llegaría tarde para muchas de las personas que han sufrido procesos penales por una interpretación del enaltecimiento del terrorismo alejada de la línea marcada por Europa. Los doce raperos de La Insurgencia, por ejemplo, fueron condenados a dos años y un día de prisión por las letras de unas canciones que apenas superaban el millar de visualizaciones en YouTube. Posteriormente, la pena fue reducida a seis meses y un día, ocho años de inhabilitación y multa de 1.200 euros para cada uno. En su caso, llamó la atención que la Audiencia Nacional señaló que las letras suponían un «riesgo abstracto» y también el voto particular de la magistrada Ángela Murillo, que se desmarcó de la sentencia para señalar que los acusados solo buscaban «notoriedad».
Saúl Zaitsev (nombre artístico) es uno de los 12 afectados por la condena contra La Insurgencia. En conversación telefónica con Público, el rapero de ahora 23 años describe las noches de «ansiedad y estrés» pensando que en cualquier momento, en un futuro próximo, podía entrar en prisión. «Estaba en segundo año de carrera y la dejé. ¿Para qué iba a seguir estudiando si el año próximo iba a estar en prisión? Otros compañeros fueron despedidos de su trabajo o tuvieron problemas con su jefe», explica Saúl, que apunta que la sentencia actual les evita tener que entrar en prisión, pero que el proceso judicial que han vivido y la sentencia condenatoria «marca y mucho».
«Tengo antecedentes penales, ocho años de inhabilitación y una sentencia detrás por enaltecer el terrorismo. Eso no me ayuda a la hora de buscar trabajo y me imposibilita acceder a plazas de funcionario o alguna plaza en ONG que te piden los antecedentes. Estamos muy marcados y en estas condiciones es muy difícil encontrar curro», explica Saúl, cuyo delito fueron unas canciones subidas a un canal de YouTube cuando apenas tenía 18 años. En una entrevista previa con este diario, Saúl trataba de explicar que sus letras no eran enaltecimiento del terrorismo, que tan solo eran una vía de escape para transmitir la «rabia de una generación sin futuro».
Una situación similar narra su excompañero de colectivo Iván Leszno, también nombre artístico. Leszno explica que verse envuelto en un proceso judicial que podía depararle años de prisión paralizó su vida. De repente, todo giraba alrededor de la causa judicial, su pensamiento iba dirigido a tratar de denunciar la injusticia y su acción a organizar la defensa. No había nada más. Era un chico de poco mas de 20 años que tenía que defenderse de una acusación tan grave como enaltecer el terrorismo.
«Afortunadamente, por fin, se está hablando de este tema. Nosotros no hemos sido absueltos. Cargamos con una sentencia a nuestra espalda por nuestras canciones. Con el paso del tiempo y la perspectiva que da el tiempo tengo el convencimiento, todavía mayor, de que tenemos razón en lo que reivindicamos, que no podemos ir a prisión o sufrir represalias penales por hacer canciones», señala Iván.
Quien sí tuvo que entrar a la cárcel tras ser detenido en una de las operaciones Araña por su actividad en redes sociales fue Alfredo Remírez. Fue detenido el mismo día que Strawberry y fue el primero en ingresar en prisión de todos los detenidos en las operaciones araña. En su caso, el motivo fue dar la bienvenida en Twitter a presos de ETA que habían cumplido su condena en prisión. La nueva condena se sumaba a la que ya tuvo en 2009 por portar en 2005 un muñeco de cartón con la cara de Santos Berganza, condenado por colaboración con ETA, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Amurrio durante unos festejos pidiendo el acercamiento de los presos.
Remírez dejaba fuera un trabajo y una familia. Pasó un año en prisión y, sin embargo, lo trasladaron por tres cárceles diferentes. «Siento que me han robado un año de mi vida y sigo pensando que no cometí ningún delito. Yo no necesitaba reinserción. Mi familia y mis amigos me despidieron para ir a la cárcel y me estaban esperando a la salida. Lo único que han hecho ha sido sacarme de mi casa, robarme un año de mi vida y dejarme un currículum jodido para poder encontrar trabajo», sentencia este hombre de cerca de 40 años.
(Público.es)
