En su programa Desde Donde Sea, el filósofo, comunicador y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela, a propósito del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, analizó las implicaciones de la llamada «Ley Mordaza», instrumento jurídico vigente en España desde 2015 con el que pretende restringirse a su mínima expresión las libertades de información y manifestación a partir de la instalación de un Estado Policial de facto, como ocurriera en los tiempos de la dictadura franquista, pues la aplicación de las sanciones –multas y privativas de libertad– recae en los cuerpos de seguridad y no en los órganos de administración de justicia.
El experto recordó que la ley, sancionada para contener las protestas contra los desahucios –desalojos forzados– y recortes presupuestarios, «contempla multas que van desde 100 a 600 euros para quienes se reúnan en espacios públicos, escalen edificios o cuelguen propaganda en ellos o repartan propaganda en las calles».
También se podrá sancionar con multas hasta de 30.000 euros aquella persona que «intente impedir un desahucio, proteste con el rostro tapado, se resista a la autoridad, no quiera identificarse o difunda imágenes de la policía en las redes sociales», agregó.
El mismo instrumento califica como «perturbaciones graves a la seguridad ciudadana» protestar frente al Congreso de los Diputados, el Senado o ante parlamentos regionales como el de Andalucía, al tiempo que protestar en infraestructuras de comunicación acarrea multas de entre 30.000 y 600.000 euros.
Además, se autoriza la condena de las personas que injurien «contra los símbolos del Estado» y se permite la expulsión sin juicio de los migrantes africanos que sean descubiertos ingresando irregularmente al territorio español, aunque ello contravenga lo estipulado por el Tribunal Europeo.
De acuerdo con las Naciones Unidas, refirió el también director de LaIguana.TV, «esta ley supone una violación grave de los derechos de expresión y de información, a través de fuertes multas impagables», al tiempo que delega las funciones judiciales a los agentes de la policía.
Otras sanciones estipuladas en la llamada «Ley Mordaza» vigente en España son las multas «menores» «por negarse a disolver una reunión o una manifestación cuando la Policía lo considere conveniente y por negarse a identificarse, aunque el policía no argumente su petición», así como la prohibición de reuniones de más de 20 personas, en lo que el comunicador estima que se trata de un anticipo «a cualquier reedición de las multitudinarias protestas del 15-M».
Del mismo modo, con ella se restringe el ejercicio del periodismo, toda vez que se prohíbe que se tomen imágenes sin autorización de la Policía, independientemente del contexto o situación presente y quienes violenten esta regla, se exponen a que las fuerzas públicas los sometan a «un intenso interrogatorio».
Así, en su opinión, «la ley limita la función educadora y comunicadora del periodismo en las calles», por lo que «toca meterse en un carril sobre lo que se puede o no documentar y si estás fuera de ese carril, la ley te cae encima».
De otra parte, Pérez Pirela recordó que no es la primera vez que la llamada democracia española apela a esta clase de leyes para restringir las libertades, puesto que «durante el gobierno de Felipe González se aprobó una ley que fue comúnmente llamada ‘Ley de la Patada en la Puerta’, dado que los policías podían derribar las entradas de los recintos a partir de meras sospechas de que en su interior hubieran conatos de conspiración o insurrección».
Asimismo, tomando como referencia lo señalado por el analista vasco Iñaki Gil-Sanvicente, precisó que «esto no es un problema que atañe solo a España (…). En Italia, Alemania, Grecia, Portugal, Irlanda –países de la Unión Europea– se edificaron desde 2015 legislaciones muy fuertes en cuanto a que ponen en tela de juicio incluso el ejercicio de la libertad de expresión».
En el caso de la Ley Mordaza, puntualizó que «anula y contradice 12 artículos de la Constitución negociada e impuesta en España en 1978 (…), es muy ambigua, deja muchos espacios a la libre interpretación y tiene 44 artículos que permiten a la Policía intervenir sin pasar por tribunales que juzguen si los actos son delictivos o no», transformando al reino de España en «una justicia neoabsolutista (…) anterior a las luchas por las democracias burguesas desde el siglo XVI en adelante».
(LaIguana.TV)
