Para el exdiputado Juan Guaidó, la inhabilitación por 15 años para el ejercicio de cargos públicos que le impuso la Contraloría General de la República a él y a otros 27 exparlamentarios de la pasada Asamblea Nacional por negarse a presentar su declaración jurada de bienes, es «ilegítima».

Según él, el Contralor General, Elvis Amoroso, no tiene «ningún tipo de cualidad constitucional», por lo que sus acciones serían el resultado de una «autoridad usurpada» y carecerían de legitimidad y de valor.

En contraste con Amoroso, que fue designado para su cargo por la vía que establece la Carta Magna, además de autoproclamarse presidente interino en enero de 2019, Guaidó y un grupo minoritario de los diputados que conformaron la legislatura de la Asamblea Nacional 2016-2021, extendieron inconstitucionalmente su mandato –que vencía el pasado 5 de enero–, en su pretensión de continuar usurpando funciones.

Su gobierno usurpador, como ha sido denunciado por medios internacionales no afectos al gobierno de Venezuela –The Washington Post o El País–, ha constituido un tinglado internacional que, a través de actos de corrupción y cooperación con gobiernos extranjeros, se han traducido en un latrocinio sin precedentes sobre las riquezas nacionales.

Además, su grupo ha aupado la imposición de una sucesión de medidas coercitivas unilaterales por parte de los gobiernos de Estados Unidos, el Reino Unido y algunos países de la Unión Europea, cuyo efecto innegable en el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos, así como sobre la capacidad del Gobierno Bolivariano para dar respuesta a los problemas de la población, ya ha sido establecido sin ambages por la Organización de las Naciones Unidas.

(LaIguana.TV)