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Graciela tiene 52 años, es arquitecta, vive en el este de Caracas. Yarimzai acaba de cumplir 28, es editora en un canal de televisión, tiene su casa en La Pastora. Ambas decidieron interrumpir sus embarazos; una, hace treinta años; otra, hace cuatro. Aunque ellas dos continúan sus vidas, miles de mujeres han fallecido a causa de abortos mal realizados.

 

Al margen de los logros de las luchas por los derechos de las mujeres, aún millones enfrentan a un sistema capitalista y patriarcal que desconoce sus derechos, principalmente el de la soberanía de sus cuerpos. Femicidios, esclavitud sexual, violaciones y la ilegalización del aborto condenan a miles a la muerte, a la discriminación y a la tortura por el solo hecho de ser mujer.

 

En lo que a aborto se refiere, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó en el año 2008 que “cada año se realizan 22 millones de abortos en forma insegura, lo que produce la muerte de alrededor de 47 000 mujeres, y discapacidades en otras 5 millones de mujeres”.

 

Graciela hoy tiene tres hijos, posteriores al primer embarazo no deseado. Construyó su familia cuando le pareció más adecuado, cuando tenía los recursos económicos y emocionales más estables. No se arrepiente de aquel hecho, aunque comenta que no fue una decisión fácil.

 

Yarimzai abortó en otro país, en otro continente. Hacía poco tiempo que vivía ahí con su pareja, cuando quedó embarazada. “No quería ser mamá. Estaba a cinco meses de haber llegado a ese lugar, y mi visa era de un año y no la iba a cagar, no quería estar preñada, aparte con un chamo que estaba conociéndolo en su país. Pero creo que si me hubiese pasado acá, en Venezuela, hubiese buscado los métodos para hacerlo porque no quiero ser mamá. Por lo menos hasta ese momento, y hasta ahora estoy convencida de eso”, explica.

 

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), organización que hace vida en Argentina, asegura que la falta de acceso, en condiciones dignas y seguras, a la interrupción del embarazo constituye un acto discriminatorio, porque sólo las mujeres “viven las consecuencias físicas y emocionales de su privación”.

 

La ilegalización de esta práctica afecta especialmente al sector pobre, al no poder adquirir los métodos menos riesgosos y más eficaces. “En los países donde el aborto inducido legal está sumamente restringido o no está disponible, con frecuencia un aborto sin riesgos se ha vuelto el privilegio de los ricos, mientras que las mujeres de escasos recursos no tienen otra opción que acudir a proveedores inseguros, que provocan la muerte”, señala la OMS.

 

Por otra parte, debido a una cuestión de fertilidad, los embarazos no deseados suceden a menores de cuarenta años. Todo esto sumado muestra una triple discriminación: por ser mujer, por ser pobre y por ser joven.

 

Vale aclarar que los datos que se tienen —pocos, por la negación de los Estados a asumir el hecho— demuestran que es un prejuicio esta idea de que la mayoría son adolescentes que interrumpen gestaciones concebidas en noches de descontrol. Según las cifras de las organizaciones que trabajan el tema, por lo general, las mujeres que acceden a un aborto tienen más de veinticinco años.

Además, gran parte de las parejas o mujeres solas que deciden no continuar un embarazo tienen sus creencias religiosas definidas. Es decir, fuera de cualquier posicionamiento moral o religioso que las personas puedan tener, la penalización del aborto no desarraiga esta práctica que se realiza en todo el mundo.

 

Por todo esto, la prohibición legal del aborto induce a las mujeres “a recurrir a métodos de aborto inseguros y riesgosos para su vida y su salud, y aumenta la mortalidad y morbilidad […], las expone a ser víctimas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes y de violencia institucional, [además de que] valida un mercado millonario y clandestino que lucra con la autonomía de las mujeres”, explica el CELS en un reciente informe.

 

Qué sucede en Venezuela

Es innegable que la Revolución Bolivariana ha traído mejoras para todo el pueblo venezolano, especialmente para las mujeres. Las Misiones Sociales, la aprobación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley de Promoción y Protección de la Lactancia Materna, la creación de la Comisión Nacional de Justicia de Género, y el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género así lo indican.

 

El Comandante Hugo Chávez expresó: “Sin la verdadera liberación de la mujer, sería imposible la liberación plena de los pueblos; y soy un convencido de que un auténtico socialista debe ser también un auténtico feminista”. En tanto que el presidente Nicolás Maduro también se ha declarado feminista.

 

Las organizaciones que hacen vida en Venezuela a favor de la legalización del aborto también reconocen estos avances. “Las mujeres somos las protagonistas de la Revolución, las lideresas de todo el proceso organizativo y productivo. Somos las lideresas en la calle y en el barrio”, manifestaron en una ponencia las militantes de la Línea Aborto: Información Segura.

 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del año 1999, en su artículo 76, establece que “las parejas tienen derecho a decidir el número de hijos e hijas que desean concebir, y a disponer de la información y los medios que le aseguren este derecho”; sin embargo, el Código Penal prohíbe el aborto provocado a excepción de que se practique para salvar la vida de la mujer.

 

En ese sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), perteneciente a la Organización de Naciones Unidas (ONU), emitió un comunicado el 14 de noviembre de 2014 en el que enumera ciertos problemas que aún suceden en el país: la alta mortalidad materna, el elevado número de embarazos de adolescentes y la dificultad de acceso a anticonceptivos —incluidos los de emergencia—.

 

En consecuencia, el Comité recomendó al Estado que “modifique su legislación para despenalizar el aborto en casos de violación, incesto, riesgo para la salud de la madre y riesgo de graves malformaciones del feto, elimine las medidas punitivas para las mujeres que se sometan a esa práctica y garantice la disponibilidad de servicios de interrupción del embarazo”.

 

La Red de Información por el Aborto Seguro (RIAS) lleva adelante la Línea Aborto: Información Segura en Venezuela, además de asesorar sobre anticoncepción y educación sexual. Según sus estadísticas, el 7% de las mujeres que solicitan información decidieron interrumpir su embarazo por ser producto de una violación.

 

Esta organización brinda datos acerca del uso del medicamento Misoprostol, conocido en Venezuela como Cytotec; éste, según la OMS, es el método más seguro para interrumpir embarazos sin atención médica, en casa. La Línea, que funciona con el teléfono 0426-1169496, se ampara en el artículo 58 de la Constitución venezolana que se refiere al derecho a la información.

“No emitimos ningún tipo de juicio ético o moral sobre el aborto ni aconsejamos, sino que le damos la información correcta sobre el uso de la pastilla hasta la semana doce de embarazo”, comenta Taroa Zúñiga, integrante de la Línea.

 

La pastilla se consigue en un mercado clandestino. Cada píldora cuesta entre 300 y 800 bolívares, y se deben tomar doce en total. La caja entera vale —oficialmente— 200 bolívares, pero no hay manera de encontrarla en las farmacias.

 

“Como no teníamos muy claro por qué no se vendían hicimos un rally, se llamaba ‘El rally del Misoprostol’. Convocamos a un montón de gente, tenía que ir a varias farmacias y ganaba quien la conseguía primero. En el rally recuperamos mucha información interesante, como farmacéuticas que decían que no lo vendían porque habían asaltado la farmacia para robárselo”, explica Zúñiga.

 

Una cuestión de conciencia

Durante los dos últimos años, el colectivo RIAS realiza una campaña por la democratización del Misoprostol, medicamento clasificado por la OMS como esencial para resguardar la vida de las mujeres.

 

“Tenemos la conciencia de que todas las mujeres que nos llaman ya decidieron abortar. Todas van a abortar les demos la información o no, y si no se la damos se van a meter un alambre, que conlleva a un desangramiento o a una perforación del útero, que termina en una histerectomía. Preferimos un aborto a una mujer desangrada”, asegura Taroa.

 

Por otra parte, está el trato degradante que sufren quienes deben recurrir a una atención médica, tras un aborto mal realizado o con complicaciones. A menudo son torturadas psicológicamente, amenazadas y estigmatizadas.

 

“Si llegas a un hospital con un aborto en curso es horrible, es una tortura. Le dicen a las mujeres que se van a morir, te hacen los curetajes sin anestesia. Un maltrato muy fuerte”, denuncia esta feminista.

 

Por su parte, el relator especial de la ONU sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Juan E. Méndez, exhortó a “los Estados a que velen por que las mujeres tengan acceso a la atención médica de emergencia, incluidos los cuidados posteriores al aborto, sin temor a sanciones penales o represalias”, en su Informe durante el 22.o período de sesiones, el 1.o de febrero de 2013.

 

Pero el principal problema es de conciencia, de información, de conocimiento. Mientras no se reconozca que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo, que su papel no es sólo el de ser madre, y que están en este mundo para mucho más que eso, la discriminación hacia ellas seguirá siendo un hecho.

 

El CELS es claro en este sentido: “La inaccesibilidad al aborto legal, en particular, les impone a las mujeres el embarazo forzado. Ello, a su vez, viola la autonomía y dignidad de las mujeres y las reduce a su función reproductiva”. A pesar de los años, de los avances políticos, económicos y sociales, las mujeres siguen siendo vistas como objetos que sirven para saciar los gustos masculinos: para fines reproductivos o meramente sexuales.

 

El CEDAW, en sus recomendaciones al Estado venezolano, expresó que “sigue sumamente preocupado por la persistencia de las actitudes patriarcales y los estereotipos profundamente arraigados respecto de las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia, en la sociedad y en las prácticas institucionales, en particular la representación de la mujer como objeto sexual en los medios de comunicación”.

 

Para poder modificar estos estereotipos y esta perspectiva, se necesita apuntar a un cambio cultural que sitúe a la mujer como protagonista de su propia vida. Para que al menos pueda decidir sobre su maternidad, son necesarias políticas públicas que garanticen la educación sexual para decidir, los anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para no morir.

 

El pasado 8 de marzo, en el cierre del Congreso Venezolano de las Mujeres y al conmemorarse un nuevo Día Internacional de la Mujer, el presidente Nicolás Maduro aportó su granito de arena para comenzar a cuestionar estos problemas. “Los llamo en los temas polémicos, no tengamos miedo a ningún tema, todos deben ser debatidos. El matrimonio igualitario, el aborto, el embarazo precoz. Nadie debe esconder quién es”, expresó.

 

“La Revolución debe resguardar la vida de sus mujeres”, concluye Taroa Zúñiga, porque sin ellas —lo dijo Hugo Chávez— la Revolución es incompleta.

 

(laculturanuestra.com)