“¡A comprar alpargatas que lo que viene es joropo electoral!” Con esta exclamación, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, cerró su intervención el pasado jueves, cuando la plenaria aprobó, en primera discusión, la derogatoria de la Ley de Regularización de Períodos Constitucionales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales que impide la realización conjunta de comicios regionales y locales.

La frase sola pudo sonar exagerada. Pero elección es pasión. Más, si los pasos del Poder Legislativo, para crear condiciones al proceso electoral que debe darse este año, son el producto de negociaciones que buscan darle estabilidad política al país y en las que están participando “todas las oposiciones”, bajo la mirada y seguimiento internacional.

Y la pasión es la que empieza a intensificarse estos días, cuando desde diversos sectores del país se activan las expectativas electorales, tras las pautas que marca la Asamblea Nacional.

Para ver lo que ha sucedido, sirven las claves ofrecidas por Rodríguez en su discurso. Según el presidente de la AN, las acciones adelantadas por los diputados en materia electoral son el resultado del diálogo con las oposiciones, con el fin de que pueda decírsele al país que “no hay ningún tipo de obstáculos para que se realice la elección del año 2021 en los términos en que han solicitado hacerlo los sectores de la oposición venezolana”.

Los términos planteados en las negociaciones solo se han conocido en la medida en que la AN ha actuado. Hasta ahora, estas actuaciones están centradas en la designación de nuevas autoridades electorales por la vía del Poder Legislativo y la derogatoria de la ley que impide la realización conjunta de los comicios regionales y municipales, planteados como una “megaelección”.

Las nuevas autoridades electorales

Tal como recordó Rodríguez en su discurso del jueves pasado, de llegar a buen término el proceso de selección que actualmente adelanta el Comité de Postulaciones Electorales de la AN, ésta sería la primera vez en los últimos 15 años en que las rectoras y los rectores del CNE serían designados por el Poder Legislativo. En ese período, tres veces hubo de intervenir el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para resolver la omisión legislativa provocada por el conflicto político.

La última de esas veces sucedió el año pasado, luego de que los factores extremistas que estaban en la Asamblea Nacional impidieran concretar un acuerdo de la Mesa de Diálogo Nacional. En esa oportunidad, el TSJ designó una directiva provisional que llevara adelante las elecciones legislativas de diciembre pasado.

Y fueron precisamente los diputados electos en ese proceso comicial, los que aprobaron la constitución del Comité de Postulaciones Electorales que actualmente está en pleno trabajo.

El viernes pasado, su presidente, Giusseppe Alessandrello, informó que el Comité había recibido 144 postulaciones, incluidas las presentadas por las organizaciones sociales, las universidades nacionales y el Poder Moral. Esta cifra representa, en promedio, casi 10 candidatos por cada uno de los 15 cargos que deben asignarse, si se toma en cuenta que serán cinco rectores o rectoras principales y 10 suplentes los que integrarán la directiva.

El sábado, esta instancia inició la evaluación de las postulaciones, luego de lo cual se iniciará la más delicada de sus tareas, la elaboración de las listas de elegibles que serán presentadas a la consideración de la plenaria de la AN y que deben contener 45 candidatos, de entre los cuales, los diputados y las diputadas designarán a quienes finalmente conformen la directiva. Una decisión que, se prevé, sea tomada a finales de marzo o principios de abril.

Las leyes

El instrumento derogatorio de la Ley de Regularización de Períodos Constitucionales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales fue aprobado el jueves en primera discusión. Ahora deberá ser llevado nuevamente a la plenaria para su segunda discusión y sanción.

Aunque este tema no fue mencionado por Rodríguez, quedaría por ver si las fuerzas políticas estiman la conveniencia de reformar, además, los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) para incorporar los cambios al sistema electoral que ya se aplicaron a las elecciones de la Asamblea Nacionales y que incluyeron el aumento del número de legisladores escogidos por lista. La posibilidad de este cambio fue mencionado por el diputado opositor Timoteo Zambrano en enero pasado.

Una probable reforma a la Lopre, la derogación de la ley de regularización y hasta la designación de las autoridades electorales serían determinantes para las fechas de realización de las elecciones.

Ello es así porque la Constitución establece en su artículo 298 que la “ley que regule los procesos electorales no podrá modificarse en forma alguna en el lapso comprendido entre el día de la elección y los seis meses inmediatamente anteriores a la misma”.

En su sentido estricto, esto indica que las elecciones podrían realizarse seis meses después de se reforme la Lopre. En caso de que no se toque esta ley orgánica, entonces el período se iniciaría una vez que se sancione la derogatoria.

En un sentido más amplio, hay juristas que consideran que la designación de las autoridades electorales también implica una modificación a las leyes que regulan los procesos electorales, razón por cual, el lapso de seis meses podría iniciarse solo a partir de que se haga efectiva la escogencia.

En tal caso, sea como sea que se le considere, las actuales acciones del Poder Legislativo ya indican que para cumplir con el lapso constitucional las elecciones podrán realizarse hacia el último trimestre del año. 

La mega elección

En sus palabras, Jorge Rodríguez también planteó un nuevo escenario de realización de los comicios de este año. A la posibilidad de realizar conjuntamente las elecciones de gobernadores, gobernadoras, alcaldesas y alcaldes, referida por el Presidente de la República hace 15 días, el diputado sumó también la eventual inclusión, previo análisis técnico, de los comicios de legisladores, legisladoras, concejales y concejalas.

De allí el término de “mega elección” a la que hizo referencia, en alusión a palabras del propio Timoteo Zambrano, pues se estaría hablando de la escogencia de alrededor de 3.044 cargos. Esta cifra incluye 23 gobernadores o gobernadoras; 335 alcaldes o alcaldesas; 251 legisladores o legisladoras y 2.435 concejales o concejalas, si se toma en cuenta el número de cargos que se eligió en los dos últimos procesos de Consejos Legislativos y Concejos Municipales.

Pero esta mega elección ya tuvo una objeción. A mediados de febrero, el dirigente de Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, advirtió que realizar este año las elecciones de legisladores, legisladoras, concejales y concejalas significaría recortar su mandato de cuatro años pues los primeros fueron elegidos en mayo del 2018 y los segundos en diciembre de ese mismo año.

¿Y las oposiciones?

Mientras la oposición democrática discute alianzas y prepara su maquinaria electoral, el extremismo muestra algunas diferencias.

El pasado miércoles, se realizó una rueda de prensa en la que participaron Freddy Guevara (Voluntad Popular de Juan Guaidó), Biagio Pilieri (Francción 16J de María Corina Machado y Antonio Ledezma), Delsa Solórzano (con su propio partido Encuentro Ciudadano) y Andrés Velásquez (La Causa R), entre otros. Las diferencias entre estos dos últimos fueron notables.

Velásquez anunció que este lunes 01 de marzo realizarían una discusión sobre la participación o no en las elecciones regionales. “En lo personal, espero que tengamos una decisión definitoria lo más pronto posible”, dijo quien aspira a volver ser el gobernador de Bolívar.

Pero Solórzano no pareció estar de acuerdo. “Eso es buchipluma”… “Es secundario, lo principal es el hambre”… “La realidad es que mientras no haya acondiciones, no habrá ningún demócrata que participe”.

Esta dirigente, que ha transitado por casi todos los partidos de este sector extremista, recordó sus condiciones para participar en unas elecciones “libres”: que haya un cronograma electoral; que se nombre un CNE independiente; que se “devuelvan” los partidos que fueron objeto de sentencias por diferencias internas; y que haya observación electoral.

El dirigente de Primero Justicia y aspirante a candidato a gobernador por Miranda, Carlos Ocariz, también tiene sus condiciones, según publicó en su cuenta Twitter: que se elija un nuevo CNE; revisión del Registro Electoral; “legalización” de  los partidos políticos; no migración de centros de votación; observación internacional; eliminación de puntos rojos; y prohibir la “manipulación” con el carnet de la patria.

Las condiciones de Ocariz y Solórzano se parecen a las presentadas el año pasado por la oposición extremista para justificar su no participación en los comicios legislativos. Ellas, además, fueron respondidas en su oportunidad.

La designación de nuevas autoridades electorales se encuentra en pleno desarrollo, un proceso en el que podrían haber intervenido directamente de haber participado en las elecciones legislativas. Es probable, incluso, que la dirigencia extremista tenga alguna injerencia indirecta, por vía de las negociaciones políticas.

Las sentencias del TSJ sobre las directivas de algunos partidos pueden quedar sin efecto, si las partes en conflicto llegasen a acuerdos internos.

Los partidos tienen control sobre los movimientos que se realizan en el Registro Electoral, incluyendo los cambios de centros de votación. Pero solo pueden ejercerlo si participan electoralmente, lo cual les da derecho a actuar en las auditorías a todas las fases del proceso, incluyendo las que se realizan al padrón de votantes.

En todos los procesos electorales hay presencia internacional. Si en las elecciones legislativas no estuvo la Unión Europea fue por propia decisión de este organismo y no por falta de invitación.

Los puntos rojos fueron expresamente prohibidos en las normas de campaña de las elecciones legislativas y, con ello, la posibilidad de una eventual manipulación de los electores y las electoras.

¿Irán a elecciones? Velásquez y Ocariz seguro que tienen ganas.

(Taynem Hernández / LaIguana.TV)